Por Luis María Ruiz
17 Agosto 2019
DESDE LA PRESIDENCIA. El vicegobernador Osvaldo Jaldo preside la sesión, que comenzó con 42 de los 49 legisladores en el recinto de la Cámara. prensa legislatura
El “lunes negro” posterior a los comicios nacionales y sus preocupantes consecuencias para la economía nacional fueron ejes clave en el debate por el incremento del Presupuesto General de la Provincia para 2019, que pasó de unos $96.500 millones a más de $120.000 millones.
En la sesión extraordinaria de ayer, 41 de los 43 legisladores presentes dieron su voto para reforzar las arcas públicas en casi un 26%, como había pedido el gobernador, Juan Manzur, a través de un proyecto de ley.
El oficialismo obtuvo el apoyo de buena parte de la oposición al argumentar que los $25.000 millones incorporados al Presupuesto vigente permitirán al Estado provincial afrontar los costos de la “cláusula gatillo” firmada con los gremios. Este mecanismo posibilita reajustes periódicos en los haberes estatales, siempre y cuando la inflación calculada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) supere lo acordado durante las paritarias, algo que ya ocurrió en el ejercicio en curso.
Legisladores de distintos partidos coincidieron en expresar su aflicción por la posibilidad de que los recursos provinciales no alcancen para cerrar el año. Sobre todo por las medidas adoptadas por el Gobierno nacional tras la suba del dólar, como la eliminación del IVA para los productos de la canasta básica y la puesta en vigencia de planes de pago para morosos ante AFIP, decisiones que tendrán impacto en la recaudación nacional y, por ello, en lo que se gira a las provincias.
El presidente de la comisión de Hacienda y Presupuesto, Juan Antonio Ruiz Olivares, explicó que este escenario justificaba modificaciones en la habilitación al Poder Ejecutivo a tomar deuda a corto plazo por un monto equivalente al 7,4% del total de los recursos anuales. El texto original de la norma obligaba al Estado a devolver esos dineros, de ser tomados, antes del cierre del ejercicio en curso. Ayer se eliminó ese plazo, con lo que el Gobierno tendrá más “oxigeno” en caso de recurrir a créditos.
Falta de información
El vicepresidente de la comisión de Hacienda, Silvio Bellomio (Consenso Tucumán), consideró que faltaba información fundamental para tratar la ampliación del Presupuesto. “Me encantaría conocer el destino que tendrán estos $25.000 millones, si se trata de sueldos y otros gastos corrientes o definitivamente van a propender a dinamizar la economía”, indicó Bellomio, quien junto a Luis Brodersen (PRO) votó en contra del proyecto de la Casa de Gobierno.
Otros opositores, como los radicales Rubén Chebaia, Luis González, José Canelada, Eudoro Aráoz y Ariel García, apoyaron la propuesta al entender que esos recursos garantizarán “la paz social”. En ese sentido, Claudio Viña (Nueva Fuerza) consideró “razonable” la suba cercana al 26%. “Y es un número incluso inferior a las previsiones que se tienen sobre la inflación anual”, sostuvo. “Destaco la madurez de estos opositores. Hay que llevar tranquilidad al pueblo”, indicó el jefe del bloque oficialista, Ramón Santiago Cano.
Ruiz Olivares, antes de la votación, remarcó que “el país vive una situación crítica”. “No sabemos si este Presupuesto va a alcanzar en sus recursos; hay medidas económicas que la Nación va a aplicar, y que van a influir en su recaudación y en la de las provincias”, aseveró. Y fundamentó en esta falta de certezas la posibilidad de que el PE tome deuda a saldar más allá de 2019.
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