Los defensores públicos pondrán el dedo para marcar la asistencia

Esta medida inédita equipara a los titulares de las defensorías con el resto del personal.

16 Ago 2019 Por Irene Benito
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LECTOR DE LA HUELLA. El aparato incrementa los controles de asistencia.

El lunes 12 de agosto comenzó a regir una disposición singular en el ámbito judicial tucumano: el control de asistencia de los defensores públicos mediante la huella dactilar. La medida equipara a los titulares de las defensorías con el control de presentismo vigente para los empleados y funcionarios del Ministerio Público de la Defensa. A diferencia de aquellos, que cumplen turnos de seis horas, los defensores oficiales y de Menores están obligados a concurrir a sus despachos, como mínimo, de 8 a 13, es decir, gozan del mismo régimen de horario que los jueces provinciales.

La aplicación del lector de la huella dactilar surge de la Resolución 441/2019 que Washington Navarro Dávila, ministro público de la Defensa, firmó el 6 de agosto de 2019. Este instrumento invoca “razones de servicio (incluidas las exigencias de la aseguradora de riesgos de trabajo)” para extender el uso del aparato a las autoridades de las casi 45 defensorías fijas e itinerantes existentes en la provincia. Aquellas fueron notificadas del cambio mediante una circular despachada el mismo día. La noticia circuló por las redes sociales puesto que Navarro Dávila no publicita sus decisiones administrativas y de superintendencia.

La Resolución 441 recuerda que el Ministerio Público de la Defensa adhirió a la Acordada 234/1991 de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, que regula las asistencias, licencias y franquicias de magistrados, funcionarios y empleados. Navarro Dávila expresó que dicho reglamento garantiza el correcto funcionamiento interno del servicio de justicia, y precisó que el inciso “b” del artículo 3 fija “el horario mínimo de concurrencia” de 8 a 13 para los vocales de las cámaras; los jueces de primera instancia; los miembros del Ministerio Público Fiscal, y los defensores oficiales y de menores. Sólo quedan afuera de ese esquema los integrantes de la Corte Suprema y los jefes de los ministerios públicos, quienes en los hechos gozan de libertad para manejar sus tiempos de trabajo (la Acordada en cuestión prescribe tres días de reuniones de acuerdo a la semana para los miembros del alto tribunal, pero la agenda de encuentros varía en función de la coyuntura).

Navarro Dávila precisó que tenía atribuciones legales para ejercer la superintendencia en su institución y que, por ello, consideraba conveniente unificar los controles de asistencia mediante la lectura de la huella digital. Hasta el 12 de agosto, la fiscalización era laxa y variable, y en la práctica corría por cuenta de cada defensor público, sobre todo en lo atinente a la comunicación de las inasistencias.

Recomendación previa

“A partir del 12 de agosto del corriente todos los empleados, incluidos los defensores oficiales, y defensores de Niñez, Adolescencia y Capacidad Restringida, deberán registrar su ingreso y egreso a su lugar de trabajo mediante la lectura de la huella dactilar”, ordenó Navarro Dávila. A continuación, estableció que los defensores itinerantes queden exceptuados de poner el dedo durante los días que trabajen en otras localidades. “Disponer que la Oficina de Sistemas, Tecnología y Procesos, (organismo) que depende de la Secretaría Institucional, colabore en la implementación de esta medida”, añadió

El Ministerio Público de la Defensa endureció y generalizó el control de la asistencia días después de que trascendiera la planilla salarial actualizada al 1 de julio del sistema judicial provincial. Esta grilla indica que los defensores públicos perciben el mismo sueldo básico de un juez y de un fiscal de primera instancia: $ 158.000. Con el adicional del 50% por título, la retribución llega a $ 237.000 -a esa cifra hay que añadir la antigüedad-. Sólo pagan el impuesto a las ganancias los magistrados que ingresaron a sus cargos a partir de enero de 2017.

Antes de la iniciativa inédita de Navarro Dávila, la Corte había tomado otra decisión fuera de lo común cuestión y había expuesto al juez de Ejecución en lo Penal de esta ciudad, Roberto Guyot, por “abandonar” su oficina a las 9 de la mañana. Los vocales Daniel Posse (presidente), Antonio Daniel Estofán y Daniel Leiva recomendaron a Guyot que ajustara estrictamente su proceder al régimen de asistencias, licencias y franquicias vigente en la Justicia. La Acordada 688 del 6 de junio pasado consigna que el juez se ausentó el 24 de mayo sin consignar el horario de regreso, ni comunicar que se retiraba, ni solicitar una licencia. Seis días después, Guyot explicó que se había ido por razones de salud y que había permanecido en contacto telefónico con su equipo. Los vocales rechazaron esa justificación y afirmaron que el pronto despacho de las labores del juzgado hace necesaria la presencia del juez en los horarios de atención al público.

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