Por Irene Benito
21 Junio 2019
JUDICIAL Y POLÍTICO. El “pro” y jefe comunal electo López.
Roberto López, prosecretario de la Defensoría Oficial Civil N°1 de Concepción, se postuló a comisionado comunal de La Trinidad por el Partido Proyecto Popular y ganó: los casi 1.000 votos que recolectó beneficiaron, por la vía del acople, a la fórmula oficialista Juan Manzur-Osvaldo Jaldo, respectivos gobernador y vicegobernador reelectos.
Nadie habría reparado que la Constitución de Tucumán y la Ley Orgánica del Poder Judicial prohíben a los funcionarios tribunalicios el desarrollo de actividades políticas en aras de defender la división de poderes y la imparcialidad de la Justicia (ver “Las fuentes jurídicas...”). Consultado al respecto, López explicó que había usado sus días de vacaciones (licencia compensatoria) durante la campaña y dijo que su plan “A” era pedir un permiso sin goce de sueldo por cuatro años para ser comisionado. “Mi situación no está muy clara, pero, si es necesario, renunciaré al cargo judicial”, adelantó.
La situación de López podría ser considerada una rareza. En el pasado, otros postulantes procedentes de la Justicia tuvieron que dejar esa institución para participar en las elecciones, como el ex fiscal Esteban Jerez o el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Alfredo Dato. Al igual que López, ellos dos también salieron victoriosos: a diferencia del prosecretario-comisionado comunal electo, si los ex diputados Dato y Jerez hubiesen perdido, no habrían tenido un cargo en los Tribunales al cual regresar.
Dos veces “no”
El tercer ejemplo reciente aplicable al caso de López es el de la jueza de Paz de Yerba Buena, Josefina Penna. En 2011, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán le negó en dos oportunidades la licencia sin percepción de haberes que aquella reclamaba para presentarse como aspirante a concejala. En tales actos administrativos (las acordadas 552 y 771), los integrantes del alto tribunal dijeron que el rechazo a la licencia de Penna encontraba “sólido respaldo” en las prohibiciones contenidas en el artículo 123 de la Constitución y 107 de la Ley Orgánica. “Hacer propaganda pública, por cualquier medio que fuere y postularse como candidata a concejala de una Municipalidad supone necesariamente afiliación y militancia activa en algún partido político en sus ‘asaces variadas nominaciones’”, dijeron los vocales Antonio Estofán, Claudia Sbdar y René Goane. Si quería seguir adelante con su postulación, Penna debía dejar el Juzgado de Paz, alternativa que no tomó (ver “Tres casos”).
El juicio de Parajón
Que se sepa, sólo el difunto Gumersindo Parajón logró combinar su ocupación permanente de oficial notificador de los Tribunales con candidaturas periódicas y el ejercicio de cargos electivos. Pero, a diferencia de López, Parajón tuvo que hacer un juicio en la Cámara en lo Contencioso Administrativo para dilucidar si sus pretensiones eran incompatibles.
El 5 de octubre del año 2000, los camaristas Carlos Giovanniello y Horacio Castellanos (se jubiló este año) autorizaron a Parajón para candidatearse, y ejercer funciones en los otros poderes y dimensiones del Estado con el argumento de que su condición de oficial notificador no estaba reñida con una disposición jurídica que, al prohibir la actividad política, buscaba preservar la independencia judicial. Ese fallo analizó la situación del entonces legislador y sólo valía para el supuesto concreto del líder de Pueblo Unido: si el “pro” López quisiese obtener el mismo aval, debería invocar la jurisprudencia en un proceso propio y nuevo.
¿El funcionario judicial y jefe comunal electo de La Trinidad podría conservar ambos cargos, como Parajón, por medio de un pleito o con una mera resolución administrativa; tendría que optar por uno, como Dato, Jerez y Penna, o su condición de “pro” invalidaría su victoria en las urnas? La tercera opción implicaría un triunfo inesperado para el postulante suplente Raúl Ernesto Lobo, que acompañó al prosecretario en la boleta del partido de la peronista Stella Maris Córdoba.
Sin decisión
En la Junta Electoral se abstuvieron de proyectar una solución. El vocero Carlos Amaya dijo ayer que no había comenzado aún el escrutinio definitivo de las mesas del Oeste, sección que incluye a La Trinidad. Otras fuentes sugirieron que el desenlace dependería de la posición que asuman los rivales políticos del funcionario judicial. Si su plan “A” prospera y logra ser comisionado sin dejar el puesto en el Ministerio Público de la Defensa, habrá abierto un nuevo camino de encuentro entre la Justicia y la política, relación que debería ser siempre tensa y distante, según la concepción republicana.
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