En medio de la tormenta electoral

Duele el bolsillo. El agotamiento financiero de las familias argentinas es tal que, según datos de consultoras privadas, el promedio de endeudamiento crediticio ronda los $ 130.000 per cápita. Marzo se va con todo el peso de los incrementos y deja un signo de interrogantes para lo que se avecina. Tomando en cuenta los indicadores socioeconómicos, la recesión le ha pasado factura a la sociedad: el sostenimiento de una inflación al 50% ha significado un escenario en el que tres de cada 10 argentinos que residen en la zona urbana nacional son pobres.

El umbral de ingresos para no caer en la escala social es demasiado elevado: $ 26.442 mensuales para el caso de una familia tipo tucumana. Con un único ingreso en el hogar, es probable que la pobreza esté a la vuelta de la esquina. Los reportes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) corroboran esa necesidad de escaparle a aquel fantasma socioeconómico para que una familia siga sosteniéndose en la sufrida clase media. La tasa de demandantes de empleo sigue en ascenso: en el principal aglomerado provincial ha llegado al 72,6%. Con un sueldo no alcanza.

La tradicional clase media argentina está compuesta por un 17% de la sociedad, que tiene un ingreso mensual por encima de los $ 80.000, al decir de Guillermo Oliveto, uno de los especialistas en consumo más respetados del país. El 28% de la población representa lo que se denomina la clase media baja, es decir, aquella porción de la sociedad que cuenta con unos $ 40.000 al mes para cubrir sus necesidades. Aún más, Oliveto ha mencionado que la clase baja superior está compuesta por aquellas familias que reúnen unos $ 23.000. Esa franja social ha sido la más expuesta a los fuertes incrementos en rubros como alimentos y tarifas.

La pobreza volvió a crecer en el último tramo de 2018. De acuerdo con las proyecciones privadas, rozaría el 30% sólo tomando el cálculo a través de los ingresos del grupo familiar. En el caso tucumano, esperan que la tasa no supere el 27%. De ser así, el Gran Tucumán-Tafí Viejo tendrá unos 300.000 ciudadanos en situación de pobreza, esto es un crecimiento estimado en 27.000 personas en la comparación interanual. Para el primer semestre de este año, las noticias no son alentadoras: sólo en el primer bimestre la canasta básica total (incluye alimentos y algunos servicios esenciales para la familia) se ha incrementado en torno de un 10%. Más caro, más pobreza; menos posibilidades de ascenso social en el corto plazo.

La desesperación de la población se observa no sólo a la hora de ir al supermercado (al ver los precios y también la cupificación de ciertos alimentos, como la leche), sino también en los servicios públicos privatizados. Las facturas de la electricidad han puesto los pelos de punta a más de un usuario que, ante el agobio financiero, explica que no puede pagarla. Al igual que el esquema de las tarjetas de crédito, pagar el mínimo sólo acumula endeudamiento. Sin tarifa social, un cúmulo de usuarios (uno de cada cinco de un servicio que cuenta con casi 540.000 clientes) no puede afrontarla. La política tiene la llave para paliar esta situación. Nación y provincia desataron una tormenta electoral que no le conviene a ninguna de esas posiciones; menos a la sociedad. La factura del servicio tiene un componente de definición nacional, pero también una dosis de responsabilidad provincial. La pelea es por la quita de subsidios. Los funcionarios se deshacen en explicaciones acerca de cuestiones técnicas sobre decisiones y compensaciones federales, pero -hasta ahora- no hay una respuesta de alto impacto social. La Nación insiste en que les mandó los recursos a las provincias, vía compensación. La provincia, a su vez, dice que no tiene los recursos para atender la tarifa social que, en el caso tucumano, oscila los $ 60 millones mensuales para 100.000 hipotéticos beneficiarios. Mientras tanto, la inflación carcome los ingresos. Sólo el mes pasado, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) provincial ha crecido 5,7%, un nivel más alto que la inflación anual de todos los países limítrofes juntos. Frente a este contexto económico social, no caben los discursos en caliente ni las especulaciones electorales. Es necesario parar la pelota y mirar el panorama con un mayor sentido social.