“Parricidio” procesal penal

Tres años duró la ilusión. Golpes sucesivos fueron desmontando la fantasía de una persecución del delito transparente. El tiro de gracia llegó el viernes. Lo disparó la misma Legislatura que en 2016 había celebrado la sanción de un Código Procesal Penal novedoso al “ascender” al auxiliar de fiscal, asistente que pasó a ser fiscal sustituto con contadas restricciones. Desolado, un príncipe del foro certificó que las viejas mañas que fundieron el modelo en vigor ya están adheridas a la legislación que anunciaba el “cambio”. El “parricidio” ocurrió antes de que ese sistema innovador comenzara a ser aplicado. El gurú Alberto Binder había diagnosticado la existencia de una Justicia al servicio del poder, que para salvar a algunos condenaba a todos a la impunidad. La pesadilla prosigue gracias a los mismos legisladores que habían colocado las bases para interrumpirla: réquiem por el sueño de igualdad ante la ley.

El “parricidio legislativo” ha sido ejecutado a instancias de Marcelo Caponio, el peronista que parecía más encantado con la reforma. La cabra siempre tira al monte, aunque se entusiasme con las praderas. Aquel factótum de cambios tribunalicios de republicanismo dudoso puso en marcha el engranaje para blindar la potestad de nombrar acusadores a dedo asignada a su ex jefe del Ministerio de Gobierno y Justicia de la gestión de José Alperovich, el hoy ministro público fiscal Edmundo Jiménez. En la última sesión, el oficialismo hasta borró el requisito de que el auxiliar de fiscal sea abogado con dos años de ejercicio profesional o de antigüedad en la Justicia, como observó el opositor José María Canelada. Chau al régimen de los concursos públicos del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM). Chau a la Constitución. “Trucumán” se adentra más y más en el oscurantismo. Campo orégano para quienes manejan el Poder Judicial, institución que pierde su razón de ser si pierde su independencia.

El nombramiento discrecional de auxiliares que sólo respondan a su superior, y que, por ende, este puede llevar, traer, poner y quitar como le plazca, ha pasado a ser el caballo de batalla del declamado cambio procesal penal. Jiménez mismo advirtió en LA GACETA Play que estar en contra de esa figura implicaba estar en contra de una transformación esperanzadora. “Hay que ser imaginativo”, reclamó. Otra pirueta del jefe de los fiscales, que se opuso a la remodelación de la persecución del delito mientras esta lucía como una amenaza al secretismo imperante en la investigación.

La introducción de un acusador sin estabilidad en el cargo ni en la remuneración coincide con la decadencia de la selección de fiscales titulares con los atributos y por el procedimiento de la Constitución. La prueba de ello es la decisión sin precedentes del Poder Ejecutivo de devolver dos ternas para fiscalías que, previa calificación de los antecedentes y de la oposición en una convocatoria abierta, el CAM le había remitido… ¡en junio de 2017! Más allá del dinero y del tiempo arrojados a la basura, llama la atención que el Ministerio “Secreto” Fiscal no haya cuestionado públicamente esta anomalía. Idéntico desgano afecta al fiscal regional. Este mes, el presidente del CAM, Antonio Estofán, admitió que no había habido peticiones para cubrir ese cargo que, entre otras tareas, debe instruir las denuncias de corrupción. En esa entrevista picante, Estofán definió que el tema “en boga” eran los auxiliares surgidos del nepotismo, no los fiscales propiamente dichos y los fiscales regionales escogidos por concurso. Pareciera que para Jiménez ser “imaginativo” es volver a 2003-2007, período en el que, como ministro de Alperovich y sin controles, creó una Justicia a su imagen y semejanza.

Más allá de los riesgos de abuso que entraña entregar la atribución para acusar o para prescindir de la acusación a un funcionario precario y endeble, los retoques legislativos del “nuevo-viejo” Código aprobado en 2016 han deteriorado, si no roto por completo, la paridad que debía existir entre fiscales y defensores. Esa “igualdad de armas” ha sido sacrificada en el altar de los sacrosantos intercambios políticos. Así como primero la Legislatura, siempre con Caponio a la cabeza, sostuvo que se imponía dividir los ministerios públicos y los separó, a continuación avaló el otorgamiento de la defensa oficial a Washington Navarro Dávila, un fiscal allegadísimo a Jiménez. En el mismo acto, el bloque afín al gobernador Juan Manzur y al vicegobernador Osvaldo Jaldo profundizó la desnaturalización de la función de control de la acusación al convertir al jefe de los defensores del Estado en… ¡vocal de la Junta Electoral Provincial!

La reconfiguración del órgano a cargo de organizar los comicios llevada adelante por esta gestión es ilustrativa del escenario judicial. Navarro Dávila y Jiménez tienen la mayoría en la Junta: el presidente de la Corte de Tucumán, Daniel Posse, queda “pintado”. Lo mismo sucede en la escala pequeña de un proceso penal. Basta con que el fiscal y el defensor oficial se pongan de acuerdo para marginar al juez, el árbitro que debe controlar que las partes ejerzan sus atribuciones con arreglo a los principios constitucionales. Ese esquema tiene sin dormir a más de un magistrado, y está generando una ola de reacciones internas porque acorrala a aquel que pretenda salirse del molde y poner límites. El mensaje vale para la propia Corte, que debía fallar sobre la validez del auxiliar. Frente a la percepción de que se avecinaba un pronunciamiento adverso a los intereses oficialistas, la Legislatura arremetió contra su creación de 2016, algunos creen que aterrorizada por las incertidumbres electorales y las especulaciones sobre lo que podría pasar si los que hoy mandan se quedan afuera del Gobierno. La encrucijada de la Justicia tucumana está a la vista: mientras el oficialismo intensifica su penetración, la sociedad le demanda autonomía e imparcialidad. Carlos Rosenkrantz, presidente de la Corte de la Nación, este martes describió esa coyuntura como una crisis de legitimidad y de confianza inspirada en la sospecha de la ciudadanía de que los jueces sirven a intereses diferentes al derecho. La evaluación de Rosenkrantz implica que la Justicia incurriría en autodestrucción si eligiese continuar al servicio del poder.