La prima de Trimarco también se abstuvo de declarar

Alicia Trimarco, tesorera de la Fundación María de los Ángeles, repitió la estrategia de su prima, la presidenta y coimputada Susana Trimarco, y se presentó en el Juzgado Federal N°1 de Tucumán, pero se abstuvo de dar su versión sobre los $ 5,6 millones (U$S 418.000 de finales de 2015) que reclama el Poder Ejecutivo de la Nación. Esta audiencia sustanciada el viernes cerró la ronda de declaraciones indagatorias que ordenó el juez Daniel Bejas por pedido del fiscal federal N°1, Carlos Brito. Previamente habían comparecido Gastón Robles, ex secretario de la ONG, y la propia madre de la víctima María de los Ángeles “Marita” Verón, quien fue llevada el jueves pasado a los Tribunales con auxilio de la fuerza pública.

Al igual que su prima, Alicia Trimarco anunció que solicitará una nueva audiencia luego de estudiar las pruebas que sustentan la sospecha de que ella y los demás imputados habrían perpetrado una supuesta defraudación en perjuicio del Estado nacional. Betina Laguna, abogada de la organización no gubernamental con proyección internacional, defiende a las directivas Trimarco, mientras que Ricardo Santoro asiste a Robles. A su turno, el ex secretario se desvinculó del manejo de los fondos de la Fundación que brinda protección a las mujeres captadas por la trata. Su declaración dio lugar a un pedido de detalle de los movimientos bancarios de la ONG.

El origen del expediente se remonta a un control que la administración de Mauricio Macri practicó respecto del dinero que la organización de Trimarco había recibido para hacer obras edilicias. En un acuerdo firmado en noviembre de 2015, días antes del balotaje de aquel año, el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se comprometió a transferir $ 22,5 millones (U$S 1,7 millón) a la entidad antitrata para que esta hiciera mejoras en el predio del ex Hospital Militar de San Miguel de Tucumán y remodelara un jardín de infantes. El 4 de diciembre de 2015, días antes de que asumiera Macri, la Casa Rosada envió un anticipo del 25% del monto total ($ 5,6 millones) a Trimarco. Brito manifestó que intervinieron en esa transferencia el ex ministro Julio De Vido y el ex secretario José López -ambos están presos por causas de corrupción-. Según el fiscal, las construcciones no existen ni el dinero fue reintegrado, pese a las intimaciones dirigidas con ese fin a la Fundación María de los Ángeles.