El PJ reformará leyes a pedido de la Justicia

A tres años de la aprobación del nuevo Código Procesal Penal de Tucumán (CPPT), la aplicación de la normativa que regulará el sistema de investigación y de juzgamiento de los delitos de competencia provincial sigue generando debates en la Legislatura.

La comisión de Asuntos Constitucionales, que preside Marcelo Caponio (PJ-Tucumán Crece), habilitó el tratamiento de una batería de ocho proyectos relativos a la puesta en vigencia de ese régimen; así, está todo dado para que el oficialismo y sus aliados impongan su número y le den fuerza de ley a esas propuestas mañana, en la sesión citada a las 8.30.

Caponio destacó la inclusión de dos iniciativas en el temario.

La primera -con un dictamen favorable y otro en contra- apunta a delimitar las funciones de los fiscales auxiliares en lo penal, una figura que genera controversias por su designación discrecional y por las facultades otorgadas al representante “suplente” del Ministerio Público Fiscal.

El segundo proyecto, que será tratado sobre tablas, tiene por objeto mantener la vigencia del nuevo CPPT a partir del 6 de mayo, como se resolvió el año pasado, pero sólo en los tribunales de Concepción; de este modo, se prorrogará la aplicación de ese régimen en los Centros Judiciales de la Capital y de Monteros.

Al respecto, Caponio señaló que la comisión ya había finalizado la reunión cuando llegó una nota de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) solicitando que el nuevo texto procesal penal sea instrumentado, en primera instancia, en la “Perla del sur”. “O sea, habría un avance por parte del máximo tribunal provincial, que es la autoridad en la implementación de este Código (de Procedimiento)”, explicó Caponio. LA GACETA le consultó luego si esta aplicación parcial, dentro de un único Poder Judicial, podría derivar en posibles objeciones de parte de abogados. “Esto es lo que ha solicitado la propia Corte Suprema. Como decisión política, la Legislatura había fijado el 6 de mayo para toda la provincia. La CSJT, conforme a la situación edilicia y la capacitación del personal, requirió que comience en Concepción. Se respeta el planteo”, aseveró Caponio.

En cuanto a los fiscales auxiliares, el peronista remarcó que esta “importante figura” estuvo “en debate”, pero consideró que su actuación es viable. “Si bien se discutía sobre sus funciones, hubo una acordada de la CSJT, y una reunión entre el alto tribunal y el Ministerio Público Fiscal (a cargo de Edmundo Jiménez)”, detalló. Agregó que, siguiendo esos lineamientos, se delimitarán las facultades de los fiscales auxiliares. “Ni podrán ejercer las principales funciones, como el pedido de sobreseimiento o el cambio de imputación, entre otras”, expresó Caponio. Sostuvo luego que, pese a las críticas, en otras provincias se encuentra operativo ese actor, cuyo nombramiento no prevé concursos. “Lo vemos en Santa Fe, Río Negro y Salta. Es una facultad que tiene el Ministerio Público Fiscal de designar estos auxiliares. Creemos que es de necesidad a la tarea del fiscal constitucional”, añadió el legislador.

“¿A qué le tiene miedo?”

El radical José María Canelada firmó un dictamen rechazando la puesta en vigencia de los fiscales auxiliares. “El oficialismo está empecinado en darle cada vez más poderes al ministro fiscal Jiménez. ¿A qué le tiene miedo (el gobernador Juan) Manzur? No es casualidad que busque hacerle un favor a un miembro de la Junta Electoral a menos de tres meses de las elecciones, convalidando sus designaciones a discreción”, indicó. Y agregó: “se le está dando más poder al garante de la impunidad para el poder en Tucumán, a quien maneja el Ministerio Público Fiscal con tal secretismo que aún estamos litigando para saber a quiénes nombró estos años, en qué funciones y cómo los eligió”.