Activan un caso de supuesta corrupción parado desde 2017

La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán reactivó la investigación relativa al destino de aproximadamente $ 245 millones (U$S 28,5 millones, según la cotización de la época) del programa de obras públicas “Más Cerca”. Marina Cossio, vocal de ese tribunal, resolvió el lunes que el proceso abierto en 2013 continúe en la órbita del juez federal N°1, Daniel Bejas. La decisión permite reanudar la pesquisa, que llevaba un año y cuatro meses frenada como consecuencia de un conflicto de competencia. En paralelo y al respecto, la jueza dispuso la remisión de copias a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que establezca de manera definitiva si la causa pertenece a la esfera provincial o a la federal.

A diferencia de Bejas, Cossio interpretó que los fondos del programa “Más Cerca” no ingresaban al erario provincial sino que el control de su uso permanecía en poder de la Nación. Es la misma tesitura del fiscal federal N°1, Carlos Brito, quien había impugnado la decisión de Bejas que mandaba el caso a la Justicia provincial, en consonancia con la postura de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción de esa institución.

Luego de analizar los términos del acuerdo suscrito entre el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa) y el Gobierno provincial de José Alperovich, Cossio descartó el criterio del juez federal N°1. Según su análisis, el esquema de rendición de cuentas y la naturaleza reintegrable de los fondos habilitan la intervención de la Justicia Federal de Tucumán, como antes lo había establecido la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal a propósito de otra denuncia sobre el plan “Más Cerca” de la senadora Silvia Elías de Pérez (Cambiemos). Esa opositora había solicitado a los Tribunales de Comodoro Py la apertura de una investigación en contra del ex ministro de Planificación Federal, Julio de Vido; del ex secretario de Obras Públicas, José López, y del propio senador kirchnerista Alperovich. Tras ejecutar algunas medidas, el juez federal porteño Luis Rodríguez se inhibió y resolvió que la causa era de competencia provincial, tal y como había dictaminado previamente el entonces fiscal local Washington Navarro Dávila por pedido de una de las imputadas, Norma Elvira Belloni.

En medio de las idas y vueltas respecto de quién debía hacerse cargo de las denuncias de corrupción, el fiscal solicitó las indagatorias de funcionarios de segunda línea del Gobierno de Alperovich, y de los organismos reguladores involucrados en la ejecución de las obras públicas de suministro de agua potable y de desagües cloacales. Según el dictamen de Brito, deben prestar declaración como acusados Belloni, Ramón Vicente Nicastro, Sergio Gustavo Sánchez, Adrián Cúneo Vergés, José Rolando Erazu, Lucio Tamburo y Ana Cecilia Araujo. Bejas tiene pendiente resolver si cita o no a estos funcionarios. Además, la Oficina Anticorrupción de la Nación solicitó el acceso a la causa para evaluar la posibilidad de convertirse en querellante.

El fiscal detectó anomalías en el 16% de las obras comprendidas en el programa “Más Cerca”. De la investigación surgen irregularidades en 23 proyectos de la capital y del interior cuestionados por la senadora Elías de Pérez. En octubre de 2017, el fiscal mencionó que el “Más Cerca”, programa emblemático del kirchnerismo, financió 144 trabajos en Tucumán por $ 245 millones y que 111 de ellos estaban inconclusos pese al vencimiento de los plazos para terminarlos: estos datos provienen del informe que el jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, brindó en junio de 2016, a instancias de Elías de Pérez. Las anomalías detectadas por la Justicia Federal abarcan desde la inexistencia de las construcciones hasta inconsistencias en los registros de los pagos, y modificaciones unilaterales de las obras de infraestructura.