El defensor de los reos denunciantes dice que los están limitando

El defensor de los detenidos que denunciaron públicamente haber sido torturados por negarse a vender las drogas que les entregaban los guardiacárceles, denunció que las autoridades del Servicio Penitenciario le restringieron el tiempo de entrevista con los reos.

“El incidente se produjo el viernes. Me avisaron que sólo tenía cinco minutos para hablar con ellos. Esa es una clara violación a todas las normas vigentes. Ya presenté un hábeas corpus a favor de mis defendidos. También pediremos que judicialmente se oficie al Ministerio de Seguridad para que informe sobre quién dio la orden para que se cometa este atropello”, señaló el abogado Gustavo Morales. Dijo que el viernes se presentó el penal. Pidió hablar con G.G., A.L, y otros dos reclusos para que le aportaran más datos sobre el tráfico de drogas. Relató que el guardia que los escoltó le advirtió que, por órdenes de sus superiores, tenían apenas cinco minutos para charlar con cada uno de ellos.

“Ante ese panorama pedimos hablar con una autoridad. En el lugar se presentó Karina Asad, que es la nueva autoridad del Servicio Penitenciario, quien nos ratificó la decisión que se había tomado. También la denuncié a ella y solicité, una vez más, que se tomen todos los recaudos necesarios para que mis defendidos no tengan ningún tipo de problema”, indicó. En el área de Seguridad dijeron que no estaban al tanto de la situación y que iniciarían una investigación.

Con las denuncias de estos presos, ya son tres las investigaciones que se abrieron en la Justicia Federal y provincial sobre la existencia de una presunta red de narcotráfico que estaría funcionando dentro del penal, y sobre el crimen de Fernando Medina, que murió apuñalado en noviembre de 2017.

Los reos dijeron que los guardiacárceles les entregaban marihuana y pastillas para que las comercializaran entre sus compañeros y que, como se negaron a hacerlo, comenzaron a ser perseguidos y hasta torturados.

Medina habría sido asesinado por ese motivo. El joven, después de realizar la denuncia, fue alojado en la comisaría 7ª por seguridad. Sin embargo, fue llevado ilegalmente al penal de Villa Urquiza. Tres días después fue asesinado en el patio de la cárcel. Por este hecho, fueron imputados Guillermo Snaider (ex director del Servicio Penitenciario), Jorge Cisterna, Walter Patto y Claudio González, bajo sospecha de maniobras para facilitar el crimen que fue cometido por otro interno.

Los reos rompieron el silencio también denunciaron que hubo otros dos presos que se negaron a vender drogas y que terminaron muriendo en extrañas circunstancias. Uno de ellos fue Sebastián “El Pelao” Acevedo, que se habría ahorcado con un cinto, a pesar de que se encontraba alojado en el sector de máxima seguridad y donde los internos no pueden tener ese tipo de elementos en su poder. El otro fue Raúl Carrizo, que, supuestamente se prendió fuego en su celda, a pesar de que los detenidos no deberían tener material inflamable en su poder.

En las tres denuncias que realizaron los presos se repiten los nombres de los guardiacárceles. Juan Carlos Argañaraz asumió como subdirector del Servicio Penitenciario en enero de 2018, pese a haber estado imputado en la causa por drogas que se inició con la denuncia de Medina, el reo que fue asesinado. El funcionario renunció horas antes de que G.G. y A.L lo identificaran como uno de los líderes de la supuesta organización narco que le había pedido que vendiera drogas en el penal.

Morales, por su intervención en el caso, se había transformado en la persona que recibía la información por parte de los reclusos para que las denunciara en la Justicia Federal. Por ese motivo el viernes se presentó en la cárcel para hablar con G.G y con A.L quienes le presentarían otros presos que estaban decididos a aportar más datos. “Habíamos llegado a este acuerdo como un sistema más de protección. Tengo muchos datos para brindárselo al fiscal federal Pablo Camuña. Por ese motivo también le explicaré a él lo que está ocurriendo en la cárcel. Y que de continuar esta política será imposible realizar esa tarea”, agregó.

En la Justicia Federal se confirmó que el abogado prestaría declaración como testigo para aportar pruebas. En principio, Morales debió haberse presentado el viernes. Aún lo esperan.