Tucumán sigue en rojo por la falta de respuesta a varios reclamos de las mujeres

03 Mar 2019
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RECLAMO. En Tucumán, como en todas las provincias del país, se multiplicaron las marchas en reclamo de políticas públicas contra la violencia machista.

En el balance de la respuesta del Estado a los reclamos de igualdad de las mujeres, Tucumán está en rojo. En las vísperas del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, LA GACETA evaluó una decena de reclamos del movimiento feminista a nivel nacional y provincial: si bien se registraron avances, continúa la lucha por la igualdad y contra el machismo.

El primero de los pedidos es por los crímenes. En 2018 se registraron 259 femicidios en Argentina según los datos consignados en el registro nacional de femicidios del observatorio de la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá). De esa cifra, 17 casos ocurrieron en Tucumán. Según Mumalá, enero de este año fue particularmente brutal: relevaron 24 crímenes en 31 días. De esos 24 casos, 20 fueron femicidios con víctimas mujeres, hubo un femicidio vinculado a una niña, uno de un niño, un travesticidio y otras seis muertes en investigación (a la espera de resultados de autopsia y peritajes).

“Principalmente nos preocupa y nos alarma la cantidad de femicidios que suceden por mes y por año en Argentina. Venimos de tener un enero realmente cruel y grave. Desde nuestro observatorio realizamos un análisis de todo lo que sucedió durante el mes, que nos predispone a pensar cómo encarar este 8 de marzo de una manera distinta, desde propuestas concretas para erradicar a nivel nacional las diferentes formas de violencia, no sólo la física”, consideró Yanina Muñoz, referente tucumana de la organización. Por ello, Mumalá reclama la declaración por ley de la Emergencia Nacional para Abordar las Violencias Machistas, con el fin de aplicar políticas públicas urgentes. Tucumán lleva dos años de vigencia de la ley de Emergencia en Violencia contra la Mujer. La declaración se extendió el año pasado.

De acuerdo al corte del relevamiento, en enero y febrero de este año se registraron 45 femicidios en 59 días (siempre según Mumalá): 40 casos tuvieron como víctimas a mujeres, hubo dos travesticidios y dos femicidios vinculados a niños. Otras 12 muertes continúan en investigación judicial. El 44% de los crímenes de este año ocurrieron en la vivienda de las víctimas. El 35,5% de los femicidios fueron provocados con armas de fuego, el 20% con arma blanca y el 11,1% quemadas. En cuanto al vínculo de la víctima con el femicida, en el 35,5% de los casos el victimario fue una pareja y el el 24,5% una ex pareja. En la mitad de los 45 femicidios, la víctima fue violada o abusada antes de ser asesinada. El 25% de las víctimas estuvo desaparecida antes de que se pudiera hallar su cuerpo. El 30% de los femicidas se suicidaron. En estos dos meses del año, 11 niñas, niños y adolescentes se quedaron sin madre.

Más que sólo no morir

Las mujeres no sólo quieren dejar de ser víctimas de femicidios y de ataques sexuales en las calles, sus hogares o sus trabajos. Reclaman también por la aplicación efectiva de los contenidos de Educación Sexual Integral en las escuelas, porque constituye una herramienta fundamental para alertar y reconocer casos de abuso, evitar el contagio de enfermedades venéreas y embarazos no deseados.

También reclaman la implementación de la paridad de género en las listas electorales, la reducción de la brecha salarial, la extensión de la licencia por maternidad y paternidad, que se garanticen derechos adquiridos y se proteja a las niñas y niños huérfanos por femicidios.

Las referentes de organizaciones consultadas (ver puntos de vista) aclararon que el proceso para vencer a los machismos más sutiles requieren de un cambio cultural, no sólo basta con leyes. Sin embargo, reconocieron, hubo avances: hace 15 años en un programa de televisión se hacía una “cámara oculta” con una vedette llorando porque todos los colegas masculinos del set estaban desnudos. En ese momento era para risas. Hoy el caso se denunciaría por abuso.

- 45 femicidios se relevaron en enero y febrero de 2019. Una mujer murió cada 31 horas. 

- 11 niñas, niños y adolescentes quedaron huérfanos este año, a causa de femicidios.

- 44% de los crímenes ocurrieron en las casas de las víctimas. El 16% ocurrió en la vía pública.

- 259 femicidios ocurrieron en 2018, según Mumalá. De esa cifra, 17 casos ocurrieron en Tucumán.

- 30% de los femicidas se suicidaron. Es decir que al menos 3 de cada 10 casos quedan impunes.

-50% de las víctimas de femicidios fueron violadas o abusadas antes de ser asesinadas.

Contenidos ESI
Su aplicación varía de escuela a escuela

La aplicación de los contenidos del programa de Educación Sexual Integral (ESI) no requiere la adhesión provincial expresa a ninguna norma, porque la Ley de Educación Provincial (8.391, de 2010) contempla la incorporación de los contenidos de ESI en la currícula en su artículo 9, inciso 13. Aunque el gobernador Juan Manzur manifestó la semana pasada que la Educación Sexual Integral “se hace”, fuentes del Ministerio de Educación explicaron que la efectiva incorporación de los contenidos (disponibles en internet), varían dependiendo de cada escuela. En algunas escuelas donde estaban diseñados proyectos institucionales de ESI, se suspendieron por temor a presiones de grupos de la campaña “Con mis hijos no te metas”.

Protocolo ILE
Tucumán se rige por el protocolo nacional
De acuerdo con el artículo 86 del Código Penal y la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “F.A.L.”, de 2012, las personas tienen derecho a la interrupción legal del embarazo: 1- si el embarazo representa un peligro para la vida de la mujer; 2- si el embarazo representa un peligro para la salud del sujeto gestante; 3- si el embarazo proviene de una violación. No se requiere la autorización de ningún magistrado. En 2015, el Ministerio de Salud de la Nación publicó el Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (Protocolo de ILE) con el fin de estandarizar las prácticas y garantizar el acceso a este derecho. Tucumán no tiene un protocolo propio, pero se rige por el nacional.

Ley Brisa
La ayuda para huérfanos depende de Anses

La Ley Brisa (N° 27.452, a la que adhirió la Legislatura en 2018), establece que todo infante y adolescente que haya quedado huérfano por un femicidio recibirá hasta cumplir 21 años un monto equivalente a la jubilación mínima ($ 10.400 desde marzo). Se trata de una reparación del Estado para niñas, niños y adolescentes para ayudar con su crianza, por no haber podido proteger a sus madres de los femicidas. La normativa se conoce como Ley Brisa por el nombre de la hija más chica de Daiana Barrionuevo, quien fue asesinada a golpes por su marido, Iván Rodríguez, el 20 de diciembre de 2014. Los tres chicos comenzaron a vivir con su tía Cintia, madre de tres hijos. Anses todavía no paga el beneficio porque se trabaja en la operatividad del trámite.

Salud Sexual
Única provincia del país que no adhirió a la ley

La ley de Salud Sexual y Procreación Responsable, sancionada en 2002, creó el programa que lleva el mismo nombre para reducir la morbimortalidad materno-infantil, promover la participación femenina en la toma de decisiones relativas a su salud sexual y procreación responsable, entre otros objetivos. Prevé también medidas de capacitación y políticas de salud pública de prevención (como la entrega de preservativos y anticonceptivos en los centros asistenciales). Tucumán es la única provincia del país que no adhirió a la normativa. En 2016, la legisladora Stella Maris Córdoba presentó un proyecto que tuvo dictamen de comisión, pero perdió estado parlamentario. Córdoba volvió a presentarlo el año pasado.

Cupo trans
Algunas provincias tienen la ley pero no se aplica

Como la población de mujeres y varones trans es expulsada de las escuelas, discriminada y privada de fuentes de trabajo a causa de prejuicios, en distintas provincias se aprobaron leyes para incorporar un cupo de trabajadoras y trabajadores trans en las reparticiones públicas. Se trata de una política pública para intentar revertir el reducido promedio de expectativa de vida del colectivo en Latinoamérica: 40 años. En 2017 un proyecto de ley que establecía el cupo laboral trans del 1% en el Estado se incorporó al orden del día de una sesión de la Legislatura. Sin embargo, en plena sesión -por pedido del vicegobernador Osvaldo Jaldo-, el radical Raúl Albarracín planteó la vuelta a comisión, que fue apoyada por los legisladores del oficialismo.

Ley Micaela
Capacitación en perspectiva de género

El año pasado, legisladores peronistas (Graciela Medina y Sandra Mendoza) y radicales (Adela Estofán y Fernando Valdez) elaboraron un proyecto de ley pidiendo la adhesión de la provincia a la “Ley Micaela”. A nivel nacional, la normativa fue sancionada a partir del asesinato en Gualeguay de Micaela García, una joven de 21 años militante de los derechos de las mujeres. En el texto original se prevé la formación y capacitación en perspectiva de género a todos los funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Los legisladores locales determinaron que la autoridad de aplicación debería ser la Secretaría de Estado de la Mujer, que depende del Ministerio de Desarrollo Social. No obstante, la adhesión todavía no fue aprobada.

Brecha
Todavía no hay solución al problema salarial

La titular de la Secretaría de la Mujer, María del Carmen Carrillo, afirmó que no existen estadísticas exactas sobre la desproporción salarial entre hombres y mujeres en 2018 en Tucumán. “Las únicas cifras disponibles son de 2017, donde se indica que la disparidad llegó a un 21%, un 5% menos que en 2014”, afirmó. Carrillo remarcó que hay techos y paredes de cristal para que las mujeres accedan a posiciones estratégicas aun cuando se encuentran igualmente cualificadas. “Es un tema pendiente. La brecha salarial existe porque no se tiene en cuenta el trabajo reproductivo que realizan las mujeres en sus hogares, también son horas extras pero no remuneradas”, dijo. La funcionaria señaló que hay mayor proporción de mujeres desempleadas.

Paridad
Las mujeres no alcanzan ni un 25% en los poderes

La representación femenina en la Provincia sigue sin alcanzar siquiera el 25% en los diferentes poderes. En la Legislatura hay sólo 11 bancas ocupadas por mujeres (22%). En las principales carteras del Ejecutivo sólo hay cuatro (22%) y en la Corte, de cinco vocales, solo una es mujer (20%). A partir de este año, regirá a nivel nacional la “ley de paridad de género” para elegir diputados y senadores: las listas deberán tener, intercaladamente, un 50% de mujeres y un 50% de hombres. En Tucumán existe un cupo del 30% para el Poder Legislativo local (una mujer cada dos candidatos masculinos). A pesar de esto, hay fotos del gobernador, Juan Manzur, y del vicegobernador, Osvaldo Jaldo, apoyando la iniciativa de algunos legisladores de lograr la paridad local.

Emergencia
Prorrogada, ya que no alcanzó sus objetivos

El 21 de diciembre de 2016 se sancionó la ley 8.981 que declara a la provincia en “estado de emergencia en violencia contra la mujer”. En su articulado se creaba una mesa institucional conformada por 12 integrantes de todos los poderes del Estado, orientada a arribar a soluciones y presentar dos informes anuales sobre el seguimiento del problema. La emergencia tuvo que esperar, ya que la primera reunión de los profesionales pudo concretarse recién ocho meses después de ser aprobada la normativa. Como el texto tenía una vigencia de dos años, en 2018 diferentes legisladores decidieron prorrogarlo hasta 2020, al considerar que todavía registra deudas, como por ejemplo los refugios para quienes denuncian a sus agresores.

Licencias
180 días para las madres y 15 días para los padres

Una nueva normativa, puesta en vigencia por el gobernador Juan Manzur en diciembre del año pasado, amplió la licencia por maternidad de 120 a 180 días corridos para las empleadas estatales. Modificando el artículo 27 del Estatuto del Empleado Público, la distribución será de 30 días antes del parto y 150 días posteriores. Sin embargo, aún queda pendiente la licencia por paternidad para los trabajadores del Estado. Actualmente, sólo disponen de 15 días corridos desde la modificación de una ley en 2015. Según la secretaria de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse, los gremios se encuentran trabajando para impulsar esta iniciativa. También hay proyectos en la Legislatura que buscan duplicar ese lapso.

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