02 Marzo 2019
Por no haber cumplido las condiciones del polémico beneficio que había recibido, Teresita del Milagro “Tere” Raso, la única acusada de haber tenido algún grado de participación en el crimen de la adolescente monteriza Gisell Barrionuevo, fue detenida y enviada nuevamente a la cárcel.
La adolescente de 17 años salió de su casa el 9 de marzo de 2018, después del mediodía. Le había dicho a su madre que saldría a andar en bicicleta. Cinco días más tarde, su cuerpo fue encontrado en un cañaveral cercano a la localidad de Soldado Maldonado.
La autopsia reveló que la habrían ahorcado manualmente, pero que antes de matarla, le habrían propinado una feroz golpiza.
Los familiares de Gisell señalaron a un supuesto transa y a su entorno. El fiscal Jorge Carrasco imputó a “Tere” y a su pareja, Luis Cristian “Pony” Danún.
Ellos admitieron de alguna manera conocer a Gisell, pero desmintieron haber estado con ella los días en los que supuestamente se produjo el crimen. Otros dos acusados fueron absueltos.
“Pony” adjudicó la responsabilidad a los otros acusados, y fue el único que señaló abiertamente que consumía drogas. “Cuando consumo me siento súper bien, se me abre la mente... yo consumo cuando tengo ganas”, declaró.
Los demás también negaron formar una red de narcomenudeo que operaba en el barrio San Carlos de Monteros, a pesar de que con el correr de la investigación se habrían sumado indicios de que sí se habrían dedicado a ese negocio.
A principios de septiembre, Carrasco pidió la elevación a juicio del caso. Sin embargo, las defensas de los acusados apelaron el fallo.
Semanas atrás, la Cámara de Apelaciones, al entender que no había peligro procesal, les dio la libertad a los dos imputados.
“Tere”, según confirmaron fuentes judiciales, para salir en libertad, había asegurado que residiría en un domicilio de El Cadillal y que se presentaría periódicamente ante la Justicia. Al no cumplir con el segundo de los requisitos, se ordenó a la Policía que la buscara. Fue ordenada su detención cuando los agentes tampoco lograron ubicarla en el domicilio donde había dicho que iba a vivir.
Personal de la Brigada Oeste logró detenerla en Concepción. Fue trasladada hasta el Centro Judicial Monteros, donde se informó que se le había revocado el beneficio.
La situación de “Pony” no fue resuelta. El fiscal de cámara, Alejandro Noguera, llegó hasta casación porque había quedado en libertad. Su planteo no fue resuelto y, según confirmaron fuentes judiciales, la Cámara de Apelaciones está a punto de confirmar la elevación a juicio de la causa.
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