25 Febrero 2019
La burocracia y la discrecionalidad en la Policía agregan una severa complicación a los problemas de seguridad que padece la provincia. La información de que una persona que fue víctima de un robo a metros de la comisaría de Yerba Buena, a la cual no le quisieron recibir la denuncia, es representativa de esta situación. La explicación fue que no se encontraba en la sede policial el oficial que debía recibir la denuncia, y por ello le sugerían a la denunciante que se dirigiera a la comisaría del barrio Marti Coll, distante a más de 20 cuadras de la plaza de Marcos Paz, donde ocurrió el hecho. La denunciante no fue y lo que no se dijo es que, de haberlo hecho, en la otra comisaría podría haber ocurrido que tampoco estuviera presente el oficial a cargo y la intención de hacer una denuncia se hubiera convertido en una odisea sin resultado.
Se trata de una compleja burocracia policial que dificulta enormemente la posibilidad de hacer denuncias en cualquier sede policial, puesto que la reglamentación exige que sean sólo los oficiales quienes pueden atender a los ciudadanos. Es de imaginar la frustración de las víctimas de delitos menores y mayores cuando concurren a las comisarías y, además de haber sufrido las consecuencias de la violencia, tienen que padecer largas esperas porque los oficiales a cargo no se encuentran o bien están atendiendo los casos más graves. En el actual sistema, la simple recepción de una denuncia insume no menos de 20 minutos y cuando el delito tiene complejidades la toma de declaración de la víctima puede llevar horas. Una simple recorrida por las comisarías de zonas complejas o que tienen que atender a mucha gente cotidianamente –como, por ejemplo, la seccional 1ª- puede dar una idea de los padecimientos de la gente ante una oficina escasa de personal y a la que acuden ciudadanos por los trámites más diversos, como un simple cambio de domicilio, sin relación con la inseguridad.
La reacción de las autoridades ha sido anunciar controles, tanto de parte de la Justicia –un fiscal citó a comisarios para recordarles que deben hacer cumplir los protocolos de atención a los ciudadanos- como del mismo Ministerio de Seguridad. Dos funcionarios anunciaron que revisarán en las comisarías los libros de actas para comprobar cómo se han recibido las denuncias, y prometieron sanciones para quienes no cumplan. El mismo día que se hicieron estos anuncios se supo que en la comisaría 5ª un agente se había negado a recibir la denuncia de un empresario que había advertido que había personas que desvalijaban un colectivo secuestrado en esa seccional. Según se sabe, la Justicia hizo una inspección en esa seccional, para comprobar la denuncia del empresario
Cabe reflexionar que no alcanza con anunciar que se harán controles, sino que se debe estudiar lo que sucede en las seccionales, de modo que se pueda lograr mejoras en la atención a la comunidad. Si se trata de falta de personal, se debería analizar las propuestas que se expusieron en las reuniones de la Comisión de Emergencia en Seguridad, precisamente para agilizar la atención al público en las comisarías. Y en caso de que se tratara solamente de conductas equivocadas por agentes u oficiales, además de la sanción habría que agilizar los medios de control de modo que el sistema funcione. La tarea policial es un servicio básico a la comunidad y estos actos, además de negarles acceso a la justicia a las víctimas de delitos, erosiona la confianza de la sociedad en la fuerza de seguridad y en las instituciones todas.
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