El laberinto de la soledad de las víctimas

“Hacé lo que quieras”, le contestó un policía de la seccional 5ª al empresario de transporte Luis García cuando este dijo que los iba a denunciar ante la Justicia por no recibirle la denuncia de que le estaban desmantelando en la misma comisaría un ómnibus secuestrado. Ese mismo día se había publicado la información de que el fiscal Diego López Ávila había advertido a los comisarios de que debían recibir las denuncias, y que el Ministerio de Seguridad había enviado a dos altos funcionarios (el subsegretario de Seguridad, José Ardiles, y el subsecretario de Coordinación Insterjurisdiccional, Esteban Saracho) a revisar los libros de actas de las comisarías para ver las actuaciones. O el agente de la 5ª no se enteró de estos procedimientos, o no le importa. O bien se trata de otra razón más profunda, y que tiene que ver con las formas que adopta el trabajo policial, hecho de burocracia, carencias, mañas y decisiones discrecionales surgidas de problemas cotidianos invisibles para los funcionarios, pero que la sociedad sufre a diario.

Oficial ausente

Este caso se hizo público en medio del escándalo ocurrido en la comisaría de Yerba Buena, donde se negaron a recibirle la denuncia de robo de cosas del auto a la hija de la fiscala Adriana Giannoni. La excusa era la misma: no estaba el oficial de turno, que es el único que puede actuar en esos casos. Eso tiene que ver con el sistema casi feudal que impera en esta policía, que mientras declama que su tarea es servir a la comunidad rechaza las presentaciones de la gente o le pone trabas enormes. Hay que ir a hacer una denuncia a una comisaría para entender esto. Gente amontonada esperando la atención del oficial y este, cuando está, se encuentra lleno de trabajo. Esto fue advertido durante las reuniones de la Comisión legislativa de emergencia en seguridad e incluso se planteó que los policías salieran a las calles a prevenir o responder ante el delito y que de las presentaciones de la ciudadanía en sede policial se ocupasen empleados civiles de la planta del Estado.

El proyecto no prosperó.La autoridad pensó que con el funcionamiento del sistema 911 la cuestión se iba a agilizar, pero la verdad es que los patrulleros del 911 acuden a emergencias, pero las víctimas igual tienen que ir a las seccionales a hacer denuncias. Y como se sacaron agentes de las comisarías para fortalecer el 911, pues hay menos personal en las seccionales.

Varias razones

¿Por qué se mantiene este sistema? 1) Habrá comisarios que no querrán que se reciban muchas presentaciones en su área porque a más violencia y más delito más se les mueve el puesto. 2) Es un sistema obsoleto de castas donde se sigue creyendo que sólo un oficial puede recibir denuncias porque la tropa es poco instruida. Y ya hace años que esto no es así. Pero se sigue trabajando con métodos infantiles que más se parecen al Oficial Gordillo (el personaje del humorista Miguel Martín) que a la moderna instrucción policial. 3) Los policías saben que muchos problemas no se van a resolver, sobre todo el pequeño delito callejero; allí los ciudadanos no van a encontrar respuestas, salvo excepciones. No es una cuestión sólo policial sino del sistema y también hay responsabilidades en la Justicia. En el informe sobre rendimiento judicial que hicieron en 2017 los jueces de la sala III, Dante Ibáñez, Rafael Macoritto y Carlos Caramuti, se determinó que de casi 100.000 causas sólo 265 llegaron a juicio oral con sentencia definitiva (0,2%) y que 8 de cada 10 causas eran archivadas en la primera etapa del proceso.

Cifra negra y desconfianza

A todo esto hay que añadir el desconocimiento de lo que está pasando en todo el país, donde no se denuncia el 66,3% de los delitos, de acuerdo a los datos de la encuesta nacional de victimización que hizo el Indec en 2017. Según ese estudio, Tucumán está en peores condiciones que muchas provincias. No se denuncia el 96,2% de los casos de soborno pasivo; el 65,9% de hurto personal; el 77,5% de estafas; el 81,2% de ofensas sexuales y el 69,1% de robo con violencia (¿contemplará esto casos de motoarrebato?). La razón principal que emitió la población interrogada como motivo de no denuncia fue la desconfianza en las autoridades. Más de un tercio de las personas entrevistadas expresó esta respuesta.

Y en cuanto a quienes sí hicieron denuncias, hay alta insatisfacción con respecto a la respuesta de las autoridades: en Tucumán, el 75,9%, en lo que hace a delitos contra las personas. El motivo más frecuente de insatisfacción con la denuncia tiene que ver con la falta de interés mostrada por las autoridades o su inacción frente al hecho delictivo.

Entonces, ¿recién hoy descubrimos el descalabro en las comisarías? Las estrategias frente a la inseguridad están compartimentadas -cada área hace lo que quiere- y de hecho, en el Ministerio Público Fiscal se ha encarado una campaña de dirigir la política de Seguridad con una arremetida contra lo que hacen los comisarios, en competencia con el Ministerio de Seguridad. De allí la orden de que los fiscales “salgan a la calle”, las convocatorias a jefes policiales a tareas aparentemente coordinadas en las distintas fiscalías -que ahora están ocupadas en delitos específicos- y la apertura de mesas de denuncias en la Justicia, a las cuales la población, en teoría, puede acudir cuando no recibe respuesta policial.

Pero sobrevienen preguntas: ¿significa esto que el sistema le facilita las cosas a la gente? En ninguna parte se ha previsto la recepción inmediata de denuncias, sino que todo se relaciona con horarios específicos, obligación de las víctimas de trasladarse a los sitios de denuncias (ya sea comisarías o mesa de entradas de Tribunales) y pérdidas horrorosas de tiempo, lo cual lleva al desánimo y a la cifra negra: los delitos menores no se denuncian y quedan impunes.

Karma urbano

Pero los padecimientos cotidianos de la gente están hechos de esos delitos menores; y es el motoarrebato el más notorio. La agresión salvaje para un robo de un celular o una cartera se ha convertido en el karma de la vida ciudadana. La agresión sufrida por la docente Amira Juri el domingo pasado en 25 de Mayo al 400 -acaso una de las cuadras más custodiadas por la Policía- pone todo el sistema bajo cuestionamiento. Y eso es lo que nunca se ha debatido: con la ley de prisión preventiva a motochorros no disminuyeron los delitos sino que se llenaron las comisarías y la cárcel; no sirven los programas de prevención del delito -mientras fiscales y policías dicen que están trabajando- y no se analiza que el problema no es de sanción a policías que no reciben denuncias sino de reflexionar sobre lo que se hace. Por eso resultó llamativo, aunque no se analizó, que el sancionado comisario Alfredo Pineda, a quien están por echar de la fuerza, acusado de agresiones y robos, fuera aplaudido por vecinos por imponer orden al estilo del “Malevo” Ferreyra, dando soluciones “informales” precisamente en esos pequeños delitos que la gente no denuncia o por los cuales no encuentra respuestas en el sistema. ¿Es Pineda una excepción o una muestra?

¿Por dónde van a comenzar a sancionar a quienes no reciben denuncias el fiscal López Ávila, por su lado, y los funcionarios Ardiles y Saracho, por otro? ¿Servirá su advertencia de que no les va a temblar el pulso? ¿O les contestarán“hacé lo que quieras”?

Cuando se hicieron las audiencias para la reforma del Código Procesal Penal, en 2014, el penalista de Santa Fe Daniel Erbetta dijo que es muy difícil explicar el problema de la violencia en la Argentina “porque, lamentablemente, la política, la educación, la universidad, se han acordado un poco tarde de hacer algo que debíamos haber hecho hace mucho tiempo, que es generar investigación empírica sobre la violencia. Es muy difícil de explicar lo que pasa cuando no lo conocemos, cuando sólo lo percibimos por la impresión que nos lleva alguna nota periodística, por el comentario o por la vivencia personal. No es serio hablar de la violencia en estos términos”.

Concretamente, el problema de la no recepción de denuncias nos muestra un sistema que se resiste a los cambios. Aun cuando se llegara a aplicar el nuevo Código Procesal Penal -que en teoría agilizaría el sistema judicial- ahí está toda la estructura obsoleta que somete a la ciudadanía -las víctimas- a la insatisfacción o al padecimiento kafkiano.