Por Irene Benito
24 Febrero 2019
PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE TUCUMÁN Y DE LA JUNTA ELECTORAL. Daniel Posse en la sala de acuerdos del alto tribunal. la gaceta
Está parado sobre un volcán en erupción: consciente de ello, Daniel Posse mide cada palabra que pronuncia y se preocupa por precisar que expresa opiniones propias. Las llamas de las elecciones arden con intensidad creciente. El anuncio de que la votación será el 9 de junio obliga a acelerar la actividad de la maquinaria encargada de organizar los comicios. La Junta Electoral tendrá dos meses menos para todo. En esas condiciones de “sobreexigencia”, como define Posse, debutará la nueva versión del organismo que integran aquel en su calidad de presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, y los ministros públicos Edmundo Jiménez y Washington Navarro Dávila. Ese cambio institucional y el adelantamiento de los comicios agregan presión a un turno estresado por la división del oficialismo y el antecedente de 2015. En esa coyuntura, el titular de la Junta dice que se aferrará a la publicidad y a la transparencia. “Vamos a abrir toda la información”, promete.
El Gobierno de Juan Manzur puso fecha a la contienda general de este año al día siguiente de que la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo extendiese -por medio de una resolución aclaratoria- la anulación de la obligación de votar en agosto prevista en la Constitución. Al respecto, Posse se manifiesta con cautela. “Hubiese sido mejor que el Poder Ejecutivo llame a votar después de que el fallo quede firme (no sea pasible de recurso alguno), al menos desde el punto de vista procesal. En cuanto a lo administrativo, no tenemos otra opción que avanzar (con los preparativos)”, expresa. El juicio que liberó al oficialismo del corsé constitucional de agosto fue iniciado por el Frente Renovador Auténtico. Los jueces Juan Ricardo Acosta y Horacio Castellanos emitieron dos sentencias favorables a los demandantes, pero no se pronunciaron sobre el pedido de la Unión Cívica Radical para intervenir en el pleito trabado entre los massistas y el Gobierno.
“La fecha de junio supone un grado de complicación porque íbamos trabajando con la idea de agosto, si bien es cierto que evaluábamos otras posibilidades. Se habló de abril y de mayo, y fuimos viendo cómo se compaginaba el calendario. Tendremos complicaciones, como siempre, porque estaremos sobreexigidos. Pero no lo veo irrealizable”, pronostica durante una conversación telefónica en la que varias veces recuerda que habla por sí mismo y no por sus compañeros de la Junta.
-¿Cómo funcionará la institución que organiza los comicios?
-En principio venimos reuniéndonos todos los días. Hemos resuelto encontrarnos en forma fija los miércoles a las 18. Pero mañana entre las 10.30 y las 11 trabajaremos en la Corte. Ya hemos acordado que publicitaremos todas las decisiones de la Junta. En cuanto a esta semana, el miércoles ya podríamos tener un calendario del trabajo previo y posterior a la votación. En este momento debemos repasar con cuidado las fechas y los plazos para no cometer errores.
-Usted ha dicho varias veces que quiere convocar veedores electorales nacionales y extranjeros para fortalecer el trabajo de la Junta. ¿Ya activó ese llamado?
-Presenté formalmente una nota para pedir el tratamiento del tema. Pienso que hay consenso o por lo menos no me consta que existan objeciones.
-En 2015, al integrar la Corte del caso “Acuerdo para el Bicentenario”, usted exhortó a los poderes del Estado a combatir el clientelismo. Ante la ausencia de una política concreta en ese sentido, ¿qué hará la Junta?
-Estamos evaluando convocar a los partidos y seguramente lo haremos. La idea es que todos se comprometan a evitar las prebendas.
-La última vez fue imposible constituir del todo la Junta Electoral por las excusaciones y la recusaciones (el día antes de la elección, el entonces presidente Antonio Gandur sumó a la fiscala civil Ana María Rosa Paz). ¿Cómo ve la situación este año?
-Las tres autoridades podemos ser cuestionadas y con seguridad ello sucederá. Habrá que ver si las impugnaciones son válidas o no. En caso positivo, será necesario dar un paso al costado.
-Algunos dicen que Tucumán está transitando el mismo camino de los últimos comicios, donde hubo desde urnas quemadas hasta represión y un resultado judicializado. ¿Qué opina usted?
-La Justicia constató finalmente que en 2015 hubo episodios aislados que no modificaron el resultado de la elección. Los conflictos están vinculados con el régimen electoral y las disputas territoriales. Nosotros pretendemos hacer una tarea de docencia y de concientización, y de seguimiento y de prevención de hechos delictivos, además de un pacto con los partidos políticos. Entiendo que no estamos frente al mismo escenario de 2015.
-¿Cuánto costarán estos comicios de 2019?
-Hay una estimación de $ 150 millones. Con esos fondos pagaremos desde la custodia de las urnas hasta a las autoridades de mesas y a los empleados temporarios de la Junta.
-¿Llamarán a licitación pública para contratar los servicios de logística y de escrutinio provisorio?
-No creo que nos den los tiempos. Tendremos que hacer contrataciones directas. Igualmente tampoco íbamos a contar con margen para agosto.
-¿Quiere aprovechar este espacio para dar algún mensaje?
-Sí. Quiero decir a la ciudadanía que trataremos de abrir absolutamente la información de la Junta. La democracia será garantizada de la manera más genuina y transparente posible. No importa quién gane sino que la voluntad de los tucumanos sea respetada. Estoy comprometido con esa tarea y haré todo lo posible para que así sea.
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