20 Febrero 2019
ÚLTIMO RECURSO. La privación de la libertad será una medida excepcional. la gaceta / foto de franco vera
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, encabezó ayer la presentación del anteproyecto del nuevo Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil, que prevé bajar la edad de imputabilidad de 16 a 15 años en los casos de delitos penados con más de 15 años de prisión, y establece medidas de abordaje integral e interdisciplinario para una futura inserción social del joven.
Garavano dijo que el anteproyecto viene “a saldar una asignatura pendiente”, ya que la actual legislación “es un decreto de la dictadura, de 1980, y luego de la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño por la ONU, en 1990, estamos incumpliendo la normativa internacional”.
Garavano, en el acto que se realizó en la sede de su cartera, estuvo acompañado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el titular de Justicia 2020, Ricardo Gil Lavedra; senadores y diputados nacionales, jueces, juristas y los miembros de la comisión que redactó la propuesta.
El ministro anfitrión describió que la elaboración de la iniciativa demandó tres años, “para redactar el texto, sobre una base empírica. La clave no es sólo la ley, sino su implementación. Se estima que demandará unos siete años para que se aplique en todo el país, aunque casi todas las provincias tienen ya normativa sobre este tema”.
Explicó que la edad de imputabilidad “es de término medio, similar a las muchos otros países, en los que inclusive es más baja”. Se determinó el límite de 15 años, agregó, “porque es cuando se produce el click para participar en hechos de envergadura, como violaciones, homicidios, hechos con armas de fuego y otros”.
El ministro rechazó las críticas que desde distintos sectores se hacen a la baja de la edad de imputabilidad. “O hay intencionalidad política o hay desconocimiento por no haber leído el proyecto, que está publicado hace tiempo para que se opine sobre él. O hay ambas cosas”, manifestó.
Bullrich afirmó que la iniciativa tiene el objetivo de que “haya menos delincuentes y no más presos. Hay un sistema de contención para que los chicos no tengan como fin hacer una carrera delictiva. A través del Estado se va a dar respuesta a los grupos de jóvenes de 18 a 25 años: es la franja en que se cometen los delitos más graves”.
Gil Lavedra sostuvo que se trata de “un proyecto serio” para “recuperar a los jóvenes” sin que la cárcel sea la primera instancia, gracias al trabajo de equipos interdisciplinarios. En cuanto a su implementación, dijo que se dará “sobre la base de la infraestructura que ya está en el sistema. Demandará unos $ 600 millones prorrateados durante los siete años que se prevé para su implementación”.
Responsabilidad
La iniciativa, con más de 100 artículos, tiene como ejes contar con una Justicia especializada, abordar los problemas desde una perspectiva multidisciplinaria y restaurativa; fomentar en el niño o el adolescente el sentido de la responsabilidad por sus actos; procurar la integración social de los jóvenes e involucrar a las víctimas, con métodos no tradicionales de resolución de conflictos.
Uno de los puntos centrales del anteproyecto es la edad de imputabilidad, que se establece de acuerdo con el monto de las penas fijadas por las leyes a partir de los 15 años, en el caso de que el menor cometiera algún delito reprimido con pena máxima de 15 años de prisión o más en el Código Penal.
Será imputable el adolescente mayor de 16 años y menor de 18 que cometiera un delito de acción pública previsto en el Código Penal y en leyes especiales, con excepción de aquellos penados con un máximo de tres años o sancionados con multa o inhabilitación como pena principal.
El anteproyecto fija con carácter excepcional la pena privativa de la libertad, “que sólo podrá imponerse cuando las medidas o sanciones socioeducativas y disciplinarias no resultaren adecuadas para los fines de esta ley o fracasen con anterioridad por razones imputables al adolescente”. (Télam)
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