Las fallas de seguridad son fallas de institucionalidad

Detrás de hecho de inseguridad tan frecuente en Tucumán, como un arrebato o asalto en la vía pública, existe un entramado complejo de causas de orden general y particular que lo explican. En el delito inciden cuestiones estructurales de salud, educación y trabajo, pero la pobreza no siempre ha sido ni puede ser equiparada a violencia y a criminalidad. Los sucesos ilícitos penetran en todas las capas sociales con manifestaciones descarnadas -un homicidio, por ejemplo- y sutiles -como sería un soborno- dejando siempre, junto a daños y víctimas, la misma estela de indignación e impotencia. El avance de la delincuencia lleva a pensar en un mal imparable. Pero, en realidad, el aumento del delito no puede ser desconectado del “estado del Estado”. Numerosos indicios conectan las fallas de seguridad con fallas de institucionalidad.

Dos verbos definen la tarea estatal frente a los hechos ilícitos: prevenir (evitar que sucedan) y sancionar (castigar la transgresión). La primera acción está en manos del Poder Ejecutivo La responsabilidad de la sanción recae sobre el Poder Judicial. La Legislatura coadyuva en este esquema a partir la aprobación de las leyes y el control de los funcionarios políticos y magistrados.

Pues bien, cada hecho delictivo y, sobre todo, la repetición de casos en una trayectoria ascendente espeluznante tienen una explicación en el funcionamiento defectuoso del esquema de obligaciones y responsabilidades. ¿Puede el Poder Ejecutivo rendir cuentas con datos objetivos sobre el cumplimiento de la labor preventiva que desarrolla por medio de la Policía? Más aún, ¿con qué transparencia actúa esa fuerza? ¿Con qué criterios ingresan los agentes? ¿Cómo es controlado el desempeño policial? ¿Qué capacitación recibe el policía? ¿Cuál es el trabajo de inteligencia que permite impedir la consumación del delito? ¿Cuál es el código de ética de la Policía y qué sucede en caso de corrupción? La realidad es que estas preguntas han recibido en los últimos años respuestas vagas. La Policía todavía es una institución cerrada.

Por el lado de la Justicia se observa hace décadas un fenómeno de impunidad establecido, con el que a diario se convive con escaso cuestionamiento interno. La estadística es contundente, lo mismo que el colapso de la infraestructura. Jueces, fiscales y defensores, y las otras patas del aparato judicial se han acostumbrado a la morosidad. Esta resignación a la ineficacia se combina con un sistema que luce desequilibrado, y que no aplica el Código Penal con la misma rigurosidad a pobres y a adictos que a quienes disponen de medios para defenderse, por ejemplo, las mafias. Esa injusticia debería ser moderada por el Código Procesal Penal sancionado en 2016, pero, lamentablemente, la implementación de este régimen ha sido postergado tres veces.

La Legislatura tampoco ha usado los resortes de que dispone para democratizar y transparentar la Policía, y destituir y enjuiciar a los funcionarios y magistrados que no están a la altura de las circunstancias. Por último, cabe preguntarse si la preocupación por la inseguridad ha sido reflejada adecuadamente en el presupuesto de 2019. La respuesta es negativa. A esto hay que sumar el estado calamitoso de los lugares de detención y las dificultades halladas en el proceso de hábeas corpus que procura revertirlas. Frente a este panorama institucional, no parece casual que Tucumán padezca una crisis de inseguridad.