Organismos estatales que siguen sin normalizarse

Examinar y censurar las cuentas con autoridad suficiente para ello; dirigir, limitar o suspender el libre ejercicio de actividades o funciones, son definiciones de intervenir, un verbo que ha hecho historia en nuestro país, especialmente en los regímenes dictatoriales y su futuro sigue siendo promisorio a juzgar por la realidad. El sueño del pibe es alcanzar la mayoría de edad para “sacarse de encima” la tutela de los padres y comenzar a hacerse cargo de su destino. Sin embargo, esto no sucede con los organismos estatales, por lo menos, en Tucumán.

El Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (IPSS), más conocido como Subsidio de Salud, el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), el Instituto Provincial de Lucha contra El Alcoholismo (IPLA), la Caja Popular de Ahorros (CPA) y el Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym) son organismos del Estado que desde hace años permanecen intervenidos.

El Subsidio, creado en 1969, es el mayorcito; en 1990, perdió la autonomía gracias al decreto 1.217 que establecía que en seis meses se debía integrarse el nuevo directorio a través de comicios, para elegir a los representantes de los empleados y de los jubilados, pero estos nunca se llevaron a cabo. El 16 de marzo de 1973, el entonces gobernador Oscar Sarrulle mediante la ley N° 3910 transformó la Dirección Provincial de Cooperativas en Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual, organismo que permanece intervenido desde 1998. El Ipvdu nació como ente autárquico en diciembre de 1969 mediante la ley N° 3619; su estatuto señala que debe ser conducido por un presidente designado por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Poder Legislativo, y su duración en el cargo es de cuatro años; desde 1991 desfilan los interventores. Vio la luz en 1994; la ley N° 7243 lo volvió a crear en 2002, tal vez para que el IPLA viviera intervenido. La Caja Popular, fundada por el gobernador Ernesto Padilla el 13 de julio de 1915, celebró sus primeros cien años sin sus autoridades naturales. En 2003, a pocos días de iniciar su gestión, José Alperovich la intervino. La Legislatura sancionó en 2007 una ley que establecía la normalización de las entidades estatales intervenidas, pero el gobernador la vetó.

En 2012, un legislador presentó un proyecto de ley solicitando la regularización de los cinco entes autárquicos intervenidos. Como la iniciativa no fue considerada, el legislador recurrió en 2015 a la Cámara en lo Contencioso Administrativo. El abogado de la Fiscalía de Estado dijo en su descargo que el Poder Ejecutivo no había realizado un uso “excesivo e irracional” de la figura de la intervención, a pesar de que el Ipvdu y el Subsidio llevaban 25 años, bajo esa modalidad de administración. Juan Manzur dijo en su discurso al asumir la gobernación en 2015: “Estamos en condiciones de avanzar con decisiones que tienen que ver con el normal funcionamiento de todos los organismos dependientes del Poder Ejecutivo. Impulsaremos la designación de las autoridades acordes a las cartas orgánicas vigentes”, afirmaba.

Intervenir un ente estatal o una provincia es algo parecido a desplazar a los padres de una familia para imponer a un vecino que se ocupe de la tarea de dirigir el hogar. Es lamentable que a 36 años del retorno de la democracia, estos resabios de la dictadura militar persistan todavía en Tucumán.