El dedo en la llaga

“Domingo 13 de enero; estamos pasando por (el boliche) Country (de Lules) a las 4 y media. El jefe de Regional está mandando personal de guardia... Vamos a ver móviles (y agentes) policiales acá y cuando los vecinos solicitan policías nunca hay”. (Extracto del video difundido por el agente Darío Mauricio Sandoval hace una semana)

No se sabe si el agente Darío Sandoval es héroe o villano. Podría ser héroe por arriesgar su carrera con la denuncia pública sobre presuntas ”fichas” (servicio adicional policial irregular) en Lules. Podría ser villano por poner en tela de juicio la tarea policial, enviando un video a las redes sociales sin que se pueda sopesar si está bien o está mal lo que hacen los policías en Lules. La filmación, en sí, ya induce a concluir que hay una irregularidad, porque se estaría enviando a cubrir una custodia privada pagada a agentes que tendrían que estar vigilando las calles. De poco parecen servir las aclaraciones posteriores de los funcionarios, incluso del ministro de Seguridad, Claudio Maley. Con esto, Sandoval ha puesto el dedo en la llaga sobre los adicionales de la Policía, justo en el momento en que el Gobierno está anunciando la inminente aplicación de la nueva ley sobre este servicio, aprobada en diciembre por la Legislatura.

Lo de Lules venía de lejos. Hace exactamente un año, el violento incidente del 13 de enero de 2018 una pelea en la rotonda de Lules dejó un saldo de un joven herido de bala, dos internados por golpes, dos policías detenidos y destrozos en la estación de servicios- estuvo en la luz pública el boliche “Country”, que funciona en el camino a la Quebrada desde hace nueve años. Matías Luca, uno de los dueños del local, negó entonces que los problemas de esa madrugada hayan comenzado allí, pero reveló que cada sábado, como iban unas 1.500 personas de toda la provincia a bailar allí, se concentraban unas 70 personas de seguridad, entre personal del boliche y policías contratados. Y también, motoristas de la Policía recorriendo el predio que está cercado, a lo que se sumaban los puestos fijos de control sobre la ruta.

Un año después, la denuncia de Sandoval revela una concentración semejante de policías (da cuenta de al menos 30 agentes, con camionetas y motos de la fuerza de seguridad) y lo único que se añade es la sospecha de que se está cobrando de modo irregular por los servicios. Hace un año nadie investigó este tema. En primer lugar, porque hubo heridos en un incidente en la rotonda y la pesquisa se fue hacia ese problema. En segundo término, porque no estaba bajo cuestionamiento público el servicio adicional.

Pero las explicaciones del empresario Luca bien podrían haber servido para iniciar un estudio sobre el esquema seguridad pública / pagos de servicios de custodia privada. Ese esquema recién fue puesto bajo la lupa en septiembre, después del asesinato del adolescente Valentín Villegas, cuando se denunció que en la policía de Yerba Buena no había suficientes agentes para responder a los llamados de la comunidad pero sí se ofrecían servicios de vigilancia adicional. Esa presentación, junto a otra de hace tres años sobre irregularidades en este servicio, está siendo investigada por la fiscala Adriana Giannoni.

Esta funcionaria judicial también tiene bajo estudio otra denuncia de octubre pasado del mismo agente Darío Sandoval, quien dijo –públicamente, encadenado frente a Casa de Gobierno- que lo habían sancionado con 25 días de arresto por negarse a prestar servicios adicionales irregulares en 2013 y que en la comisaría de Lules se disponían, en septiembre pasado, cinco patrullas para cuidar el boliche “Country” mientras en la comunidad no se hacían recorridos. En esta semana que pasó, el mismo ministro Maley dijo que Sandoval es un empleado que no se atiene a los protocolos y el agente le replicó que la prueba de que se está dando servicios irregulares al boliche en Lules es que no se están haciendo controles de alcoholemia en las inmediaciones. Buen tema para investigar. El secretario de Seguridad, Luis Ibáñez, aseguró que la concentración de policías en los alrededores del boliche es un pedido de los vecinos a raíz de la afluencia de gente y dijo que hay una investigación administrativa sobre las denuncias de Sandoval.

¿Se llegará a alguna conclusión? Ya pasó un año desde el incidente de la rotonda, que estaba siendo investigado por el fiscal de feria en enero 2018, Diego López Ávila, quien también estuvo de turno en la primera quincena de este año y recibió la actual denuncia de Sandoval. Pero este fiscal acaba de salir de vacaciones. ¿Se hará cargo del tema Giannoni, que ya investiga las anteriores denuncias de adicionales? Complicado, ya que esta funcionaria tiene a su cargo las pesquisas sobre homicidios, que son muchas y muy pesadas en una provincia que sufre, al menos, 10 asesinatos por mes. No habrá conclusiones judiciales en lo inmediato sobre las fichas policiales, un tema sensiblemente menor judicialmente.

Lules y Sandoval son un caso testigo del dilema seguridad pública/seguridad privada, contradicción que está en la esencia misma del servicio adicional. La nueva ley -cuyos alcances se desconocen, porque el Gobierno la está reglamentando sin haber dado demasiadas precisiones- promete transparencia en un servicio que genera muchísimo dinero sin control. Servicio que no es cuestionado (¿quién podría oponerse a que haya policías de vigilancia?) mientras no se ven sus aristas conflictivas, como ocurrió en Yerba Buena, donde un crimen puso de relieve que los agentes, en vez de estar en las calles donde está el peligro habrían estado haciendo custodias pagadas. Habría que develar si en Lules ocurre esto, con lo cual Sandoval sería un héroe; o bien convendría aclarar todo y saber si Sandoval es un villano, denunciador serial, como parecen sugerir las autoridades. Hasta ahora lo único que está claro es que el actual esquema de seguridad favorece los negociados sin control. El Gobierno tiene que probar que lo que viene cambiará las cosas.