18 Enero 2019
COBRO EFECTIVO. El Estado presupuestó el pago de cientos de causas.
Alrededor de $ 200 millones destinará este año el Gobierno provincial para cumplir con el pago a los acreedores inscriptos en el Registro de Sentencias. Se trata de 260 expedientes que involucran a 273 beneficiarios, de acuerdo con los datos proporcionados a LA GACETA por la Fiscalía de Estado.
El año pasado se habían efectuado pagos por 267 expedientes ingresados hasta el 31 de julio de 2017 mediante depósitos judiciales. La Dirección de Administración y Despacho de la Fiscalía de Estado se encargó de la ejecución de los pagos concretados. Los beneficiarios alcanzados fueron 285, entre ellos 69 jubilados.
Para hacer efectivas sus acreencias, los ejecutantes deben estar inscriptos en el Registro de Sentencias Condenatorias de acuerdo a la ley reglamentaria n° 8.551. Ley que, desde su promulgación a comienzos de la gestión del gobernador Juan Manzur, suscitó desconfianza y poca credibilidad en cuanto a su efectiva implementación y al efectivo pago de la totalidad de los inscriptos en el registro.
“Hoy podemos decir, con la fuerza de hechos, que garantizamos al ejecutante el cobro efectivo de su crédito no sujeto a eventualidades, discrecionalidades ni obstáculos”, aseguró Daniel Leiva, Fiscal de Estado.
Al antecedente de cumplimiento en 2018 se suma la cancelación de 123 expedientes durante 2017.
“Hoy, esa permanente emergencia y crónico incumplimiento de gestiones anteriores con muchos más recursos económicos, mutó en dos años consecutivos de puntilloso cumplimiento con los compromisos asumidos con los tucumanos acreedores del estado, muchos de ellos jubilados”, agregó el fiscal.
En vistas a cumplir por tercer año consecutivo con el abono de las sentencias, se aprobó un presupuesto de $ 198,6 millones.
Leiva remarcó el esfuerzo que significó para el Estado provincial el pago a la totalidad de los inscriptos “a pesar de la preocupante situación económica que se vive en todo el país”.
Endeudamiento público
La ley 8.551 fue sancionada por la Legislatura el 22 de marzo de 2016. Entre otros alcances, la normativa promovió la inembargabilidad de los fondos presupuestarios y su adhesión al régimen federal en la materia. También creó el Registro de Sentencias Condenatorias, con planilla firme.
El pago de estas sentencias forman parte del endeudamiento público de la provincia que, hasta noviembre pasado (último dato disponible de la Contaduría General), ascendía a $ 15.194 millones, de los cuales, alrededor de $ 5.800 millones son exigibles a un año de vencimiento.
La mayor parte del pasivo tucumano tiene como acreedor al Gobierno nacional: el 96% de los compromisos asumidos por la provincia.
El último endeudamiento incorporado al pasivo provincial corresponde al pago por la rescisión del contrato con Aguas del Aconquija. Tucumán fue condenada a pagar una obligación cercana a los $ 4.606 millones en el juicio tramitado en el Centro de Arreglo de Diferendos Relativo a Inversiones (Ciadi), un tribunal arbitral que depende del Banco Mundial.
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