Una olla de caos y violencia

31 Dic 2018 Por Roberto Delgado
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EL GOBIERNO PROMETE AUMENTAR LA CANTIDAD DE POLICÍAS, NUEVAS ARMAS Y CAPACITACIÓN. FALTA ESTRATEGIA.

Ha sido el año en que vivimos en peligro. Los 14 asesinatos sufridos en lo que va de diciembre muestran la violencia que ha sacudido a Tucumán en este 2018 que acumula al menos 125 homicidios. Las autoridades anuncian una batería de medidas “históricas” (al decir del gobernador Juan Manzur), cuyo efecto tiene que ser comprobado: van a capacitar a vigías municipales, comprarán armas y chalecos antibalas, e impondrán un nuevo protocolo de comportamiento policial. Pero por ahora la realidad de violencia es indomable: el secretario de Seguridad, Luis Ibáñez, había reconocido en septiembre que “la sociedad está mucho más violenta” y ahora el vicegobernador Osvaldo Jaldo reconoció que “la seguridad es un tema pendiente”.

Dos tragedias han marcado, sobre todo, a los tucumanos: la muerte de Facundo Ferreira, de 12 años, en El Bajo, en marzo, a manos de dos policías que dijeron que se había tratado de un tiroteo (el niño recibió un balazo en la nuca) y el asesinato del adolescente Valentín Villegas, en octubre, en la calle San Martín de Yerba Buena, a manos de un motoarrebatador.

El caso “Facundo” puso bajo la lupa la conducta y la preparación de los agentes que deben ir a la calle, así como mostró cómo los prejuicios sobre los chicos de barrios marginales son propiciados incluso desde los más altos niveles. Facundo fue mirado primero como niño marginal y delincuente y, después, como víctima del “gatillo fácil” o, cuando menos, de negligencia policial. La investigación judicial fue exasperantemente lenta hasta tal punto que el imputado del crimen del chico nunca fue detenido mientras que las mismas autoridades se empecinaban en proteger a los dos agentes acusados, uno de los cuales fue detenido después por robo. “Van a tener que pedir perdón a Facundo”, dijo su tía, Rita Ferreira.

La tragedia de Valentín, por otra parte, puso bajo la lupa la organización de la seguridad. Se reveló que mientras las calles de Yerba Buena estaban vacías de policías, había muchos agentes cumpliendo servicio adicional en los negocios. Esto derivó en una causa judicial sobre servicios de vigilancia irregulares mientras que la investigación del homicidio avanzó velozmente: con el acusado del crimen, “Tuerto” Valdez, detenido, la causa ya fue enviada a juicio oral. Influyó en este caso la presión de los allegados a Valentín, que hicieron marchas que impactaron en la comunidad.

¿Hasta dónde ese compromiso social puede generar cambios? Un mes y medio después de la tragedia de Valentín, fue asesinado en San Martín y Thames el motociclista Marcos Sáez, atacado por motochorros. “¿Sabés cuándo creo en la Justicia? Cuando la gente sale a la calle en la marcha”, dijo Noelia Sáez, hermana de la víctima. “Los crímenes en Tucumán son una pandemia, como la gripe aviar”, dijo Santiago Villegas, padre de Valentín.

Las deficiencias estructurales en la gestión policial y judicial, sometidas a la presión del poder, han sido puestas en debate a lo largo del juicio oral por el crimen de Paulina Lebbos (ocurrido en 2006), que concluirá en febrero. El resultado del proceso es una incógnita, pero sí queda claro que el caos, la ineficiencia y la negligencia de los operadores policiales y judiciales formaron parte de un sistema precario, permeable a la impunidad.

¿Qué cambió desde 2006? En estrategias, nada. Se duplicaron los policías -hoy son 8.600-, pero también se duplicaron los homicidios (este año podrían contarse más de 130). Se incorporaron el sistema 911, las cámaras de vigilancia, autos y motos y se llenaron las cárceles. Hasta las comisarías están hacinadas con ¡1.000 detenidos! Pero crecieron la violencia y el delito callejero.

La periferia de la capital y el Gran San Miguel   se han convertido en sitios de riesgo. “Hoy son todas zonas rojas”, dijo César González, del gremio de choferes de ómnibus, frecuentes víctimas de asaltantes de poca  monta y mucha violencia.   En esos lugares la crisis ya es estructural. En Villa Amalia, por ejemplo, los enrejados comercios sólo atienden a conocidos y ahí “es una costumbre oír que roban o matan a alguien. Lo tomás como normal y la vida sigue”, al decir de un vecino. También hay conciencia de que muchas veces la violencia y el delito provienen de “gente del barrio”, lo cual muestra una fractura con la concepción de los funcionarios policiales de que los delincuentes son impredecibles. Los vecinos, como Héctor Gasser, van armados hasta a la parada del ómnibus. “Esos criminales no tienen alma. No había visto una situación así ni en las películas”, dice. Policías ahí no se ve. Y la resignación vecinal tampoco genera marchas de protesta. Al igual que en Las Talitas y Banda del Río Salí, escenarios de la mitad de los homicidios de diciembre.

En este contexto,el Ministerio Fiscal ha cambiado la forma de trabajo de las fiscalías, y asegura que se focalizará en recopilar datos y analizarlos, pero, al mismo tiempo, la Corte Suprema ha abandonado la recolección estadística de homicidios que llevaba a cabo desde 2014. O sea que parece que queremos ir para adelante pero dando un paso atrás.

Las promesas del Gobierno de más armas, capacitación de policías municipales y protocolos chocan con una realidad de desorden: el ministro de Seguridad, Claudio Maley, dice que trata de organizar un sistema en el que, de los 8.600 policías, 5.700 estuvieron en diferentes licencias entre agosto y diciembre. Y en cuanto a los que están en servicio, no está claro dónde se encuentran y mucho menos qué hacen, como se reveló en la crisis de seguridad de Yerba Buena. ¿Cómo se construirá una estrategia de seguridad en esa olla desordenada? De eso no se habla y es el desafío para el próximo año.

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