Usurpaciones y falta de agua potable en El Cadillal

Aunque durante el año son esporádicas las noticias que de allí provienen, suelen ser más las malas que las buenas. La comuna de El Cadillal estuvo convulsionada socialmente por dos hechos diferentes, pero de larga data. Un grupo de vecinos del predio Villa del Lago, donde viven 120 familias, cortó la ruta de acceso al embalse Celestino Gelsi porque carecen de servicios esenciales. Por otro lado, en el marco de las usurpaciones, por orden judicial, destruyeron tres viviendas construidas en la zona de la reserva de Aguas Chiquitas.

Según denunciaron los manifestantes, ninguna familia tiene agua potable y hay una epidemia de diarrea infantil, como consecuencia de consumir líquido no apto; también tienen problemas con la provisión de energía eléctrica. Reclamaron además la regularización dominial de los terrenos en que viven y exigieron las escrituras. “Energía eléctrica y agua potable son los dos pedidos urgentes. El corte fue puntualmente porque carecemos de infraestructura”, señaló uno de los pobladores.

Una abogada dijo que el gobernador no había firmado aún la ley de regularización dominial sancionada por la Legislatura en 2015. “Con esta ley se solucionaría también la falta de servicios, porque para hacer una conexión tiene que pedirla el propietario”, sostuvo.

Por otro lado, ayer, con topadoras de Vialidad Provincial destruyeron tres casas construidas en terrenos usurpados. La medida había sido dispuesta por la Justicia a partir de una denuncia de la Fiscalía de Estado.

“El Cadillal tiene carácter de dominio público. No se pueden vender terrenos ni darles un uso particular. Estamos a la espera de nuevas medidas judiciales para recuperar otros inmuebles más”, sostuvo el fiscal de Estado.

En septiembre pasado, informamos que la Fiscalía de Estado había iniciado unas 200 demandas contra la venta ilegal de terrenos fiscales en El Cadillal y sospechaba que en la comuna de esa localidad podrían haber facilitado documentación para que se realizaran operaciones inmobiliarias irregulares con tierras que pertenecen a la Provincia.

El de las usurpaciones en El Cadillal es un asunto de vieja data. Según datos oficiales, en 2012, se habían producido alrededor de 400 apropiaciones ilegales. El despojo de las áreas fiscales se aceleró durante la última década, y en los entretelones judiciales se vieron envueltos conocidos políticos y sindicalistas. En 2002, el entonces fiscal de Estado les había pedido a delegados comunales que denunciaran ocupaciones y había solicitado al Ministerio de Gobierno que accionara legalmente contra la comisionada de El Cadillal, con el argumento de que durante su gestión se habían registrado irregularidades graves en la tenencia de lotes. Fue acusada además ante Fiscalía Anticorrupción de haber donado o vendido las tierras.

A lo largo de 16 años, las autoridades no han sido capaces erradicar estos abusos contra el Estado. ¿Cuáles serán los motivos? ¿Ineficaz control territorial de algunos municipios y comunas? ¿Poderosos intereses creados? ¿Complicidad de funcionarios? ¿Ineptitud?

Si el Estado no puede proteger del latrocinio su propio patrimonio, que pertenece a todos sus habitantes, ¿qué podría esperar el ciudadano de sus gobernantes y de la Justicia? Sería positivo si El Cadillal diera alguna vez más alegrías que desdichas.