La idea de ampliar el CAM es vista como una estafa

En el Colegio de Abogados de la Capital sospechan que la incorporación de los jefes de los ministerios públicos al Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) incrementará la partidización y la influencia del Gobierno en el organismo encargado de preseleccionar a los jueces. Mediante un comunicado emitido el 24 de diciembre por decisión unánime del nuevo Consejo Directivo, el presidente Marcelo Billone y el secretario Guillermo Arévalo defendieron la integración actual del Consejo, y rechazaron la iniciativa del legislador oficialista Marcelo Caponio para sumar a los ministros públicos Edmundo Jiménez (fiscal) y Washington Navarro Dávila (defensa). “La sociedad tucumana está a punto de ser estafada en sus expectativas de contar con una selección de magistrados que otorgue garantías de transparencia, imparcialidad y probidad en su actuación”, advirtieron.

Los letrados recordaron que, más allá de que encabezan instituciones judiciales, Jiménez y Navarro Dávila fueron elegidos “en forma discrecional” por el Poder Ejecutivo con el voto “complaciente” de la gran mayoría de los legisladores. “Resulta así evidente que si se pone tanto empeño en conformar el órgano en cuestión con dos funcionarios más que tienen la característica común de haber sido propuestos por el Gobierno sin casi ningún tipo de control (sin entrar en el análisis de sus personas) es porque se quiere que el CAM funcione con gente cercana al poder, por ello influenciable y que, de alguna manera, pagará favores o atenciones, y carecerá de la mínima garantía de independencia”, añadieron Billone y Arévalo.

En el presente integran el Consejo un vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán que lo preside; dos legisladores de la mayoría y uno de la minoría, y dos jueces y dos abogados de la capital y del sur con sus respectivos suplentes. Esa mesa de conducción está prevista en la Ley 8.197 de 2009 que creó el CAM tras el juicio que el Colegio de Abogados ganó al Estado provincial. Billone y Arévalo expresaron que, en el ámbito de ese proceso judicial, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo afirmó que el CAM debía reducir y limitar la participación del Poder Ejecutivo en la selección de jueces. Los directivos observaron que la presencia de legisladores ya implicaba un desequilibrio favorable al poder político y dijeron: “llamativamente los jueces indicaron que la innovación del CAM no es cambiar para que nada cambie. El nombre del CAM no puede servir para aparentar un cambio que no existe; para adecentar un desvío que no se explicita, o para disimular que el poder constituyente no priva al Poder Ejecutivo del dominio o predominio en la selección de los jueces”.

La propuesta de ley de Caponio para sumar a los ministros públicos al Consejo trascendió días antes de la última sesión legislativa. Finalmente, el oficialismo decidió postergar el tratamiento del proyecto. El miércoles de la semana pasada, el presidente subrogante de la Legislatura, Fernando Juri, informó a los consejeros que la ampliación del organismo había sido aplazada, no descartada. Billone y Arévalo consideraron que, si prospera, dicha propuesta transformará al CAM en la institución decorativa que anhelan el Poder Ejecutivo y sus “adláteres” de la Legislatura. Y acotaron: “quieren desvirtuar el organismo con modificaciones a su integración y a su reglamento interno que aumentan la discrecionalidad, y le quitan cada vez más la objetividad y profesionalismo con los que debe funcionar”.