La política se cuela en el debate por la inseguridad

Los tiempos electorales se adelantaron. La seguridad se coló de lleno en una campaña que amenaza ser virulenta. Los opositores saben que es el talón de Aquiles de esta gestión. Los oficialistas prepararon una batería de medidas para demostrar que se ocupan de la cuestión. Pero hasta ahora todo es chisporroteo y nada más. Los integrantes de la sociedad quieren otra cosa: pretenden que se protejan sus bienes y sus vidas.

La compra de pistolas a Israel recalentó la pelea. Los legisladores opositores sospechan que hubo un sobreprecio de hasta $100 millones. El ministro Claudio Maley muestra carpetas llenas de informes técnicos e intenta demostrar que la elección que se hizo fue la correcta y la más transparente. Todo parece indicar que el caso será llevado a la Justicia para que investigue si se cometió algún delito en la operación.

Nadie puede discutir que la fuerza policial necesita los mejores equipos para luchar contra el delito. Pero en el debate quedó afuera la conveniencia de realizar esa compra en estos momentos. Con ese dinero se podría haber comprado móviles o reparado los que están fuera de uso desde hace meses. También se podría haber utilizado ese dinero para la construcción de un centro de detención para tratar de solucionar la crisis carcelaria. Ambas medidas podrían haber ayudado a fortalecer las tareas de prevención, que es lo que está fallando. A días de haberse lanzado el operativo Felices Fiestas, en el que se registra el mayor movimiento de hombres, se produjeron cuatro homicidios en ocasión de robo y un escruche en plena city bancaria.

El Poder Ejecutivo, con la operación de las armas, utilizó una de las herramientas que le aporta la Ley de Emergencia de Seguridad: la compra directa de bienes. Pero la polémica por la compra de equipamiento a Israel a través de la empresa Grupo Patagónico SRL se transformó en un manto de sospecha que será muy difícil de quitar para las próximas adquisiciones que piense realizar.

Hay otras situaciones que también alimentan dudas y generan malestar. El ministro Maley presentó el jueves en la Legislatura el informe cuatrimestral sobre su gestión para que sea analizado por los integrantes de la Comisión de Seguimiento de la Ley de Emergencia. Sin embargo, envió una sola copia y no fue distribuida a los legisladores para que la revisen y así  puedan interrogarlo sobre algunas cuestiones cuando se presente el jueves ante ellos.

Los parlamentarios pusieron el grito en el cielo. Son los mismos que anunciaron que, después de analizarlo, harían una devolución al  ministro Maley del informe que presentó en agosto y que corresponde al segundo cuatrimestre. Pero nada de eso sucedió. Los integrantes de la Comisión no cumplieron con su obligación de hacer observaciones o plantear sugerencias para que los responsables del área de Seguridad las tengan en cuenta y corrijan el rumbo.

De ahora en más todo será chisporroteo político y los tucumanos continuarán esperando respuestas de sus dirigentes. Pero eso no sucederá mientras se siga haciendo política con la seguridad y no políticas de seguridad.