Las cirugías judiciales buscan anestesista

El Gobierno anterior estropeó el aparato de destitución de jueces. La avería data de la reforma constitucional de 2006, pero, a diferencia de otros despropósitos añadidos a la Carta Magna, la Justicia aceptó aquel diseño institucional defectuoso. Ello explica por qué ningún magistrado fue destituido en los últimos 12 años, con la excepción de dos miembros de la Justicia de Paz echados en mayo. Sólo los hilos más débiles del sistema pudieron ser sometidos a un procedimiento de expulsión bloqueado hasta con la mera denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como hizo Eduardo Romero Lascano, vocal del tribunal que absolvió a los acusados de la causa “Verón” en 2012. Los camaristas Marcela Ruiz, Salvador Ruiz y Carlos Ibáñez validaron semejante salvoconducto: luego, el Poder Ejecutivo lo consintió. Ese precedente proyecta a “Trucumán” como una jurisdicción donde los jueces son eternos. No hay cómo limpiar los Tribunales: incluso ex fiscales tan impugnados como Guillermo Herrera y Carlos Albaca se fueron con la jubilación del 82% en la mano. Por eso en esta geografía más que en ninguna otra es crucial controlar el ingreso al Poder Judicial.

Los últimos dos años revelan hasta dónde llega el desvelo por la designación de jueces. El gobernador Juan Manzur no sólo estiró cuanto pudo la definición de los nombramientos en propiedad -únicos dotados de la estabilidad que garantiza la independencia-, como si no importaran, sino que se dio el lujo de inutilizar dos ternas para evitar que el candidato “archivetado” Carlos López llegara a ser fiscal de Monteros. Los tercetos “malogrados” vegetan en el Ejecutivo desde mediados de 2017: son una instantánea perfecta de cuánto vale la institucionalidad en el ex Jardín de la República.

La dilación de las coberturas, sumado al hecho de que el plantel judicial, aunque estuviese completo, seguiría siendo pequeño en relación con la población y la litigiosidad, sirvió a los poderes políticos la excusa perfecta para inventar atajos al esquema del concurso de antecedentes y de oposición sustanciado en el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM). Un zorro tribunalicio diría que la excusa no surgió sino que fue pergeñada. Lo concreto es que entre 2017 y este año aparecieron tres métodos alternativos de ingreso a la Justicia de calidad dudosa: el interino escogido por el gobernador a partir de listados confeccionados en el CAM; el “fiscal auxiliar” elegido a dedo por el ministro público fiscal Edmundo Jiménez y el juez “jubilado” convocado por la Corte de Tucumán. Todos ellos tienen en común la precariedad y la relajación de las fiscalizaciones, además de una responsabilidad devaluada.

Así como el concurso -en principio- fortalece al juez y debilita a quienes pretenden manipularlo, los mecanismos que apelan a la discrecionalidad robustecen a quienes los accionan y menoscaban a quien debe impartir justicia. Estas dudas sobre la imparcialidad se extienden al procedimiento de selección: por algo Manzur sólo eligió un interino, Víctor Raúl Carlos -el segundo, Walter Ojeda Ávila, se cayó por sus propias simulaciones-; la Corte finalmente no usó la herramienta del pasivo y los auxiliares de Jiménez recibieron al menos dos golpes judiciales. El juez Fabián Fradejas declaró inconstitucional esa figura acusadora mientras que su par Enrique Pedicone la excluyó de una audiencia. El alto tribunal tendrá que pronunciarse sobre el fiscal auxiliar, cuya vulnerabilidad es ostensible. Estos cuestionamientos incrementan la necesidad de penetrar en el Consejo Asesor de la Magistratura, organismo que mantiene la composición equilibrada con la que comenzó a funcionar. Esa cirugía judicial mayor demanda un anestesista eximio: por algo el oficialismo la frenó la semana pasada.

Siete días atrás la mayoría legislativa tuvo en sus manos el proyecto para ampliar el CAM mediante la incorporación de los ministros públicos fiscal (Jiménez) y de la Defensa (Washington Navarro Dávila). La modificación implicaba romper dos veces el orden imperante porque introducía consejeros permanentes elegidos por el Poder Ejecutivo en el órgano que integran representantes votados por sus estamentos sujetos a la regla de la periodicidad de los mandatos. La consecuencia directa de ese shock iba a ser la licuación del poder de los legisladores oficialistas, que administran dos de los ocho votos disponibles. Ese riesgo llamó a la reflexión a quienes estaban dispuestos a romper la arquitectura del Consejo, estructura que, por otro lado, se asienta sobre sentencias firmes. Directivos del Colegio de Abogados de la Capital, además, habían anticipado que vivían la operación como una amenaza a la independencia judicial.

Frente a un conflicto que lucía inexorable, el justicialismo optó por pisar la propuesta del legislador Marcelo Caponio. Este miércoles, al explicar el “stop” a los consejeros, Fernando Juri, presidente subrogante de la Legislatura, enfatizó que el proyecto de ampliación del CAM había sido postergado, no descartado, junto a la iniciativa para que Jiménez y Navarro Dávila puedan poner y sacar a los respectivos fiscales y defensores regionales. Si prosperaba, esa segunda idea implicaba retroceder a febrero de 2017, cuando, por el rechazo que generó la perspectiva de representantes del Ministerio Público elegidos sin concurso, el Poder Legislativo -otra vez a instancias del factótum Caponio- accedió a que esos funcionarios también pasaran por el filtro objetivo del CAM. Llamativamente, en todo este tiempo no hubo concursos para esos puestos: en el caso del fiscal regional, lo que está en juego es ni más ni menos que la facultad para investigar las denuncias de corrupción a partir de la entrada en vigencia del frustrado Código Procesal Penal de 2016. Un príncipe del foro vaticina que las intervenciones quirúrgicas pospuestas resurgirán con las anestesias debidas porque los gobernantes no están dispuestos a que les impongan controles judiciales que, para colmo, luego no podrán quitar. Pero hoy vale la pena ensayar otro final: ¡feliz Navidad!