Punitivismo desesperado

La frase del legislador Marcelo Caponio -“quiero que los delincuentes estén presos o muertos”- dio que hablar mientras la Legislatura sesionaba para tratar el paquete de medidas del Gobierno. Unos criticaban que un parlamentario “provida” sea también “promuerte” y otros cuestionaban que no haya habido una decisión firme frente a la inseguridad. Hay amplios sectores de la sociedad que, atados a la desesperación que produce la violenta Tucumán de hoy, piden a gritos mano dura. Hace años que se ha dejado de discutir entre garantismo y leyes duras y ahora la tendencia al punitivismo reina.

En ese contexto se inscribe el paquete de medidas de seguridad, que incluye la compra de supuestamente modernas y poderosas armas israelíes, autorización para un comportamiento policial más duro (el llamado “protocolo”, o marco racional de uso de la fuerza), promesas de capacitación, armas disuasivas no letales (pistolas eléctricas) y autorización para el funcionamiento de los vigías municipales como policías. Todas ideas punitivistas con la desesperada apuesta de convencer a la gente de que se va a combatir y disuadir al delincuente. Idea positiva. ¿Quién puede asegurar si será efectiva? El Gobierno cree que sí. La sociedad tiene la realidad enfrente, con la muerte del motociclista Marcos Sáez, entre otros 120 homicidios en este año salvaje, y necesita pruebas que por ahora no van a llegar. Lo que la Legislatura ha sancionado son asuntos cuya materialización comenzará, con suerte, en mayo. Hasta entonces pueden pasar muchas cosas.

Buscando hipótesis de conflicto

La primera pregunta es cuál es la hipótesis de conflicto que hace creer que armas sofisticadas son la respuesta al delito callejero y a la violencia. El ministro dice que “la meta es lograr la integración de un sistema armamentístico uniforme y compatible para toda la policía, partiendo desde la instrucción del agente hasta alcanzar a los grupos especiales que tiene la fuerza”. Ese “sistema armamentístico” tiene algo necesario: 4.000 chalecos, algo que necesitan los agentes. Incluso las pistolas Jericho 9 mm podrían responder a esa premisa, si no fueran cuestionadas porque son mucho más caras que las que se consiguen en el país. Las otras cosas no se sabe: fusiles de asalto, escopetas y 20 lanzagranadas. ¿Hacen falta policías superarmados para hacer frente a las bandas de motoarrebatadores? Hay que ver si se repartirán primero las armas y después se pondrá un sistema de comunicación inteligente, con computadoras, impresoras e internet en las seccionales hoy desvencijadas, lo cual no forma parte de los anuncios. Tampoco si se distribuirá de otra manera a los policías dedicados al cuidado y traslado cotidiano de los 1.000 detenidos que se hacinan en las comisarías. Poco importa si los agentes tienen una pistola Colt, una Browning o una Jericho, si llegan tarde o no llegan, como ocurrió el miércoles en San Martín y Thames, donde fue asesinado el motociclista. No es una zona marginal pero con esta tragedia, ocurrida en un horario de tránsito normal (las 21.30) salió a la luz que los vecinos reclaman desde hace meses medidas contra los motochorros, que atacan “todos los días, todo el día”. El periodista de LA GACETA encontró casas y negocios llenos de rejas.

Contradicciones

Esa es la realidad que pone en jaque al sistema de seguridad tal como está y que relativiza la futura eficacia de los anuncios, sobre todo a partir de las contradicciones entre los mismos protagonistas del Gobierno. Por ejemplo, el vicegobernador Osvaldo Jaldo dice que el “protocolo Maley” no tiene “nada que ver” con el “protocolo Bullrich” (cuestionado porque todo indica que pretende habilitar el gatillo fácil), pero el subsecretario de Coordinación Juan Saracho dijo que es el mismo. El vicegobernador también explicó que ”queremos una Policía en la calle, en cada una de las ciudades, cuidando a cada uno de los tucumanos”, pero todavía los agentes están atados a los cuestionados servicios adicionales, que acaban de ser ratificados por ley, y a la burocracia administrativa.

Otro asunto anunciado, la capacitación policial, está en veremos. Hasta ahora los agentes no están obligados a capacitarse y carecen de prácticas de tiro: va a ser necesario un amplio cambio cultural que habrá que ver si se puede lograr, con una realidad lacerante ante la cual los gobernantes se sienten obligados a respuestas de apuro, punitivas, frente a bandas que aún no han podido calificar.

Por ejemplo, el ministro de Seguridad ha sido renuente a calificar como “clanes” a las familias marginales dedicadas al delito en barrios periféricos, como los Toro y los Carrión en Villa 9 de Julio. Los definió como grupos familiares conflictivos. Son de escasa sofisticación, aunque a uno de ellos ya se les descubrió una pistola ametralladora y se los vinculó con un enorme arsenal clandestino descubierto en la avenida Independencia. ¿A ellos se refería el gobernador, Juan Manzur, cuando decía que “a veces los delincuentes tienen mejores armas que la Policía”? Por eso anunció que la fuerza de seguridad “va a estar equipada como las mejores del mundo, con equipamiento de ultimísima tecnología para el cuidado de las familias tucumanas”. Entonces, ¿son clanes sofisticados o son grupos menores? ¿Y cómo se califica a los motochorros?

Calma sin solución

El Gobierno -y la sociedad- necesitan con urgencia bajar el índice delictivo y dar seguridad a una sociedad descalabrada, en una crisis social tremenda, a la que las respuestas punitivas (que plantean algo así como que “a los choros hay que meterles bala”) como la de Caponio le calman la angustia pero no se la resuelven. No está probado que eso sea la salida.

El gran fracaso de la Comisión de Emergencia en Seguridad formada a partir de 2015 entre el Ejecutivo, la Legislatura y la Justicia ha sido no poder coordinar estrategias. Ni siquiera se pudo hacer el diagnóstico de lo que está pasando y los distintos grupos de esa comisión se fueron desgajando.

Aún más, el mismo Ejecutivo no ha podido armar un grupo de emergencia en su propio seno -que integre a todas las secciones gubernamentales- para estudiar lo que pasa. Estamos en un momento de crisis social. Adolescentes y jóvenes que han desertado del sistema de existencia normal, formal, de acceso a la salud, a la educación y a la vivienda, están en riesgo de marginalidad. Hay mucha exclusión, caldo de cultivo de la violencia. ¿Cómo se estudia eso? ¿Como un problema policial? ¿Qué se hace con esos infractores al sistema? Esto excede a la fuerza de seguridad.

Además, se necesita saber cómo controlar a la Policía, analizar cómo se capacitará a los vigías municipales, cómo se trabajará con las polémicas armas eléctricas, cómo se realizará la prevención y la visibilidad policial. Fuera del microcentro no se ve a los agentes y en la periferia reina la ley de la selva: hasta hubo un decapitado en Las Talitas.

El punitivismo es una visión no racional del problema del delito y la violencia. Hacia eso ha ido tendiendo la sociedad, sin que se hayan analizado resultados de lo que se ha hecho. Y con frecuencia, 24 horas después de cada novedad la realidad brutal ha hecho añicos toda expectativa. Hoy tenemos normas nuevas. Habrá que ver qué pasa mañana.