Por Irene Benito
22 Diciembre 2018
La veeduría del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación en el Poder Judicial de Tucumán se quedó sin observadores. Los dos abogados designados en noviembre de 2017 para llevar adelante el programa, Ana Colombres Garmendia y Juan Roberto Robles, renunciaron a la tarea que les había encomendado el área a cargo del ministro Germán Garavano. Las dimisiones obedecieron a la falta de posibilidades de llevar adelante la observación de 33 expedientes civiles y penales, según los documentos a los que tuvo acceso LA GACETA. La continuidad de este programa es incierta. Los funcionarios nacionales consultados al respecto, desde Garavano hasta Alejandro Collia, autor de los nombramientos, ayer guardaron silencio.
Colombres Garmendia, delegada local de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, fue la primera en apartarse. La ex veedora confirmó el paso al costado, pero prefirió no ahondar en las razones. A modo de balance, destacó que la medida para fortalecer la transparencia en los Tribunales locales había podido ser ejecutada durante el juicio del caso “Lebbos”, uno de los procesos contenidos en el plan de observación. El desarrollo de la veeduría coincidió asimismo con el debate de la causa del ex funcionario alperovichista Miguel Ángel Brito, que también formaba parte del programa original de trabajo.
Mediante una nota que dirigió a Garavano a mediados de noviembre de este año, Robles añadió que sólo había podido acceder a cuatro expedientes de familia y a uno penal, la causa “Pérez”. De las cuentas de los dos ex observadores surge que quedaron fuera de su vista un conjunto de 26 procesos, que incluye a los más sensibles de la nómina elaborada por Collia, secretario ejecutivo del Consejo Federal de Derechos Humanos. Robles, ex legislador radical, expresó al ministro de Justicia que se había excusado en la causa “Teves” en atención a que era defensor de la imputada Roxana Teves y que había comunicado anteriormente a la Nación las dificultades para tomar contacto con los casos restantes. “Ante la imposibilidad de proseguir, vengo a dar por concluida mi tarea. A partir de diciembre, suspenderé la facturación de servicios”, informó el letrado.
La decisión de enviar veedores había generado resistencias e inquietudes. Carolina Vargas Aignasse, secretaria de Gobierno y Justicia de Juan Manzur, expresó que la Nación pretendía inmiscuirse en cuestiones provinciales y lesionaba la independencia judicial. Luego, la secretaria de Derechos Humanos, Érica Brunotto, repudió la presentación de Collia. La nota de introducción de los ex observadores llegó a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán justo cuando Daniel Posse se hacía cargo de la presidencia. Después de un debate interno, el jefe del alto tribunal comunicó a Collia que Colombres Garmendia y Robles debían dirigirse a los fiscales y jueces que manejaban los casos de su interés, reenvío que generó situaciones dispares. Posse notificó que el supuesto de denegación de acceso eventualmente podía habilitar la vía de superintendencia.
Si bien el Colegio de Abogados de la Capital avaló la observación como una forma de transparentar la actividad judicial en aquellos casos en los que había quejas y dudas, objetó las vinculaciones políticas de los abogados que debían ejecutarla. La mayoría de los jueces afiliados a la Asociación de Magistrados de Tucumán no avaló la veeduría. En enero, el Ministerio Público Fiscal a cargo de Edmundo Jiménez exigió precisiones a Claudio Avruj, secretario de Derechos Humanos de la Nación. Tanto Collia como Avruj y Garavano defendieron la observación. En marzo, el ministro había dicho: “gracias a esta iniciativa empezaron a destrabarse y a moverse cosas que estaban paradas. Es una forma de que avancen la transparencia y la rendición de cuentas”.
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