Terminal de Ómnibus: el Gobierno consiguió un aval en medio de un largo pleito

El juez Maggio consideró que no está prescripto el delito que la Fiscalía de Estado le endilga al abogado y ex funcionario orteguista Toledo.

19 Dic 2018
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La actividad en la terminal de ómnibus se verá reducida. ARCHIVO

La Provincia logró, casi sobre el filo del cierre del año judicial, una buena noticia "procesal". El juez de Instrucción en lo Penal N°2 de la Capital, Facundo Maggio, desestimó el archivo de una denuncia iniciada por la Fiscalía de Estado en contra del abogado y ex funcionario orteguista José Roberto Toledo

Se trata de un entramado judicial que involucra a la concesión de la Terminal de Ómnibus. El derrotero de este litigio, iniciado en 2006, se encuentra en sus tramos finales: la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) dio vuelta un fallo desfavorable para Terminal del Tucumán SA en lo contencioso administrativo, y finalmente otra sala de ese mismo fuero condenó al Estado a pagarle una indemnización. La Fiscalía de Estado, sin embargo, impugnó la sentencia e interpuso un recurso de casación para evitar que la Provincia sea condenada a pagar unos $ 88 millones en concepto de daños y perjuicios por los “toques de andén” no efectuados como consecuencia del incumplimiento de las empresas de ómnibus de su obligación de ingresar en los servicios programados. 

No obstante, el tribunal compuesto por René Mario Goane, Horacio Castellanos y Alberto Acosta rechazó por improcedente el recurso de casación interpuesto por la Provincia y, de esa manera, ratificó la sentencia condenatoria contra el Estado. En consecuencia, la Fiscalía de Estado planteó un recurso extraordinario federal para que el asunto sea revisado en la Nación. No obstante, ese planteo no tiene efecto suspensivo.

En el medio del pleito, la Fiscalía -que conduce Daniel Leiva- denunció penalmente al abogado Toledo, por la presunta comisión de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública. El argumento es que el letrado fue funcionario del gobernador Ramón Ortega, gestión durante la que se firmó el convenio y a la vez es desde esa época apoderado de la concesionaria. Toledo, a modo de réplica, denunció que el Gobierno había iniciado una campaña de desprestigio en su contra por “impotencia jurídica” y para “callar las voces disidentes”.

En ese marco, la fiscala Adriana Reinoso Cuello emitió un dictamen por la prescripción de la causa, pero el juez Maggio la desestimó y ordenó que continúe la investigación. "Concretamente, la causa tiene su raíz a partir de la denuncia de ciertos hechos donde se denuncia una maniobra provisionalmente subsumible (por el denunciante) en el tipo de 'estafa procesal'. El representante del Gobierno manifiesta, entre otras cuestiones, que el imputado habría ocultado procesalmente la existencia de acuerdos de pago suscriptos entre la firma Terminal de Tucumán SA durante abril de 2010, destinado, según el propio denunciante, a lograr una sentencia injusta en la causa de referencia que condene al Estado provincial", reseñó el magistrado en su resolución, firmada ayer. 

Y cuestionó la decisión de Reinoso Cuello: "La fiscal, al momento de dictaminar respecto de la posible prescripción de la causa, omite cualquier tipo de consideración a los hechos y el derecho invocado por el denunciante en la causa, limitando su revisión a la calidad de funcionario del imputado, lo que evidencia la ausencia de la fundamentación exigida por las normas procesales".

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