Por Irene Benito
14 Diciembre 2018
DIRECTOR DESDE FINES DE 2014. Fernando Ganami en la Escuela Judicial del Consejo Asesor de la Magistratura. la gaceta / foto de analia jaramillo
Es el primer director de la Escuela Judicial del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM). Acaba de recibir el aval unánime para continuar hasta 2020 al frente del organismo que brinda capacitación costeada con fondos públicos a aspirantes a juez, pese a una medida cautelar de 2016 que le otorgó la condición de interino durante dos años o hasta que sea sentenciado el pleito que generó su designación (se informa por separado). Fernando Ganami asegura que esa judicialización no menoscaba la tarea que desarrollada desde 2014 y que tiene como correlato la existencia de 473 alumnos: la primera cohorte egresará este mes.
“Entraron 270 profesionales en 2015, y saldrán entre 195 y 200. Es un muy buen número”, evalúa Ganami con entusiasmo. Y con la misma chispa defiende el proyecto de la Escuela, que el año próximo desembolsará $ 2,1 millones en 1.600 horas de clases, como una política pública esencial para el fortalecimiento de la Justicia. En su oficina en la planta baja del edificio del CAM, Ganami sorprende con una definición que va a contrapelo de la percepción social sobre el servicio judicial. “Los jueces de Tucumán tienen un alto nivel de formación”, postula.
-¿Cómo resume sus cuatro años de gestión?
-La Escuela ha crecido: tengo la sensación de que hemos logrado hacer visible nuestra propuesta. Hay un intento por constituirnos en una referencia regional de destrezas para la magistratura. No quiero que suene presuntuoso, pero sí me parece que hemos generado una oferta creativa e innovadora. Quizá su impacto por el momento sea menor o mediano, pero sabemos que está generando cambios en los actores jurídicas.
-¿Qué le contesta a los contribuyentes que se preguntan por qué tienen que pagar esto?
-Mi respuesta es que hay que pensar a la Escuela Judicial como una política pública de capacitación del funcionario que en el Estado de Derecho es el último intérprete de la ley. Es un engranaje para el fortalecimiento del Poder Judicial y la razón por la que me levanto todos los días.
-¿Cuántos de los 473 alumnos son jueces?
-Nueve ingresaron a la magistratura mientras cursaban en la Escuela. Al menos hubo 80 jueces, fiscales y defensores oficiales que pidieron entrar, pero no accedieron porque no salieron sorteados. Desde que nació la Escuela, el CAM mandó 47 ternas. Por ende, hubo 141 ternados, de los cuales 32 corresponden a alumnos. Este 25% viene subiendo. En una de las últimas propuestas elevadas al Poder Ejecutivo, los tres postulantes pertenecen a la Escuela.
-El presidente del CAM, Antonio Estofán, planteó en su momento la necesidad de sustituir el sorteo por un examen de ingreso…
-Nosotros hemos empezado a trabajar en esa alternativa, como un test de nivelación, pero, para comenzar, habría que modificar la ley que establece el ingreso por sorteo, que desde Grecia es el modo más transparente de acceso.
-El presidente de la Corte, Daniel Posse, admitió la necesidad de poner el foco en la capacitación de los jueces en funciones, que hoy depende del libre albedrío...
-La ley dice que nosotros debemos capacitar a aspirantes a la magistratura. Sin perjuicio de ello, hemos diseñado herramientas y cursos dirigidos a jueces. Entiendo la preocupación y queremos elaborar un programa de acompañamiento para la magistratura, que sea establecido por una ley o una acordada de la Corte.
-La pregunta es cómo hacer para que los jueces se capaciten en forma obligatoria.
-Esa discusión está vigente en todo el país. La otra cuestión es cómo hacer para que ese esfuerzo de perfeccionamiento impacte en la gestión. Yo siento que los magistrados de Tucumán tienen un alto nivel de formación gracias a sus esfuerzos individuales.
-La segunda prórroga de su mandato volvió a poner sobre la mesa el hecho de que no tiene sentencia el juicio que cuestiona su primera designación de 2014. ¿Cómo se siente al respecto?
-Soy respetuoso de un proceso judicial que no inicié yo y que tiene que terminar. No siento ningún menoscabo al respecto.
-¿No hubiese sido mejor, desde el punto de vista institucional y del prestigio, volver a concursar?
-Eso no depende de mí. El CAM tiene la potestad de prorrogar el mandato y yo me siento avalado. El reglamento se quedó bastante corto con el plazo que fijó para la dirección: ninguna política pública educativa puede tener resultados en dos años.
-En la gestión anterior del CAM hubo cuestionamientos a los viajes de autoridades para firmar convenios con la Escuela. Usted instó estas giras y participó de ellas. ¿Qué dice a sus críticos?
-Buscamos dar visibilidad a la institución. Las políticas públicas ya no se miden en términos de Estado-Nación: hoy la discusión real debe darse en corredores bioceánicos. Con esos viajes y visitas institucionales, quisimos que la Escuela Judicial de Tucumán sea una referencia en este corredor bioceánico. La Escuela logró romper el único circuito de capacitación Tucumán-Buenos Aires. Tenemos 39 equipos docentes con presencia de académicos locales, de otras regiones y países. Eso se logró gracias a los viajes, algunos de los cuales solventamos con nuestros propios bolsillos. La inserción es un sueño compartido: Daniel Posse, que preside el Consejo Académico del CAM, tiene esta mirada.
-Cuando usted inició su período propuso una selección de docentes por parámetros objetivos. ¿Por qué eso no sucedió y prevaleció la contratación directa?
-No impartimos una carrera de grado, por ende un sistema de concursos como el que tiene la Facultad de Derecho (y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán) no es lo mejor para el diseño de la Escuela. En su momento hicimos una convocatoria pública de ofertas y así arrancamos. Nuestro docente no es el tradicional: nosotros les exigimos otros métodos y entrenamientos. Quizá el sistema de incorporación no sea tan abierto, pero sí es artesanal y está muy justificado en función de lo que buscamos.
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