Una auditoría expone el manejo de los “adicionales”

Una auditoría expone el manejo de los “adicionales”

“La División de Servicios Adicionales (de la Policía) no se ajusta a las normas legales vigentes”, advierte el informe del Tribunal de Cuentas.

EN EL SUBSIDIO DE SALUD. Policías que prestan servicios adicionales son afectados también a reparticiones públicas. la gaceta / foto de franco vera (archivo) EN EL SUBSIDIO DE SALUD. Policías que prestan servicios adicionales son afectados también a reparticiones públicas. la gaceta / foto de franco vera (archivo)

Mientras el gobernador, Juan Manzur, espera que la Legislatura apruebe su proyecto para regular los servicios adicionales de la Policía de la Provincia, el Tribunal de Cuentas (TC) concluyó una auditoría sobre esa división de la fuerza.

A través del acuerdo 5.858, firmado ayer por el presidente del TC Miguel Terraf y el vocal Marcelo Vidal (Sergio Díaz Ricci se encontraba de licencia), fue aprobado el informe -realizado por los Contadores Fiscales afectados a la Policía- sobre el manejo administrativo de los recursos generados por el régimen de custodia estatal pago, ingresados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017.

En las conclusiones, los auditores instaron a las autoridades policiales a regularizar diversos aspectos. “Se deja establecido que los registros contables expuestos son todos informales”, alertaron los contadores fiscales. Y marcaron dos aparentes anomalías: que esa área “no cuenta con los registros formales de los recursos, y los egresos están identificados de manera precaria”; y que “la División de Servicio Adicional no se ajusta a las normas legales vigentes”.

El miércoles, el gobernador Manzur y su ministro de Seguridad, Claudio Maley, elevaron un proyecto de ley para regular los “servicios adicionales discontinuos” de la Policía para entidades públicas y privadas. Gracias a este sistema, en 2017 ingresaron $ 240 millones a las arcas de la fuerza, según los registros bancarios citados en el informe del TC sobre la Cuenta de Inversión de ese ejercicio. Al margen de que parte de esos fondos son destinados al personal afectado a la custodia estatal paga, el Tribunal de Cuentas instó e insistió a la Policía de Tucumán a que incluya esos fondos en el Presupuesto de la Provincia. A eso apunta en parte el proyecto del PE.

En este contexto, el ente de control llevó a cabo una auditoría en la División de Servicios Adicionales de la Policía. “La información registrada es poco verificable respecto a la veracidad de los objetivos indicados”, indicaron los contadores fiscales. Señalaron que esa área “no emite estados presupuestarios, financieros, contables, ni es controlada por ningún otro departamento o división de la repartición”. Y añadieron que el encargado de esa área “rinde cuentas al subjefe o jefe de Policía”.

En otro punto, los contadores fiscales consignaron los informes recibidos por parte de la repartición. “En el desarrollo de sus actividades administrativas y contables descriptas por el Jefe de la División y del análisis de la documentación inherente, se puede decir que son precarias en su origen (planillas de objetivos prestados) y la emisión de recibos ‘C’ que son remitidos a las empresas que se les prestó el servicio. Luego describe la extracción de la cuenta para su posterior pago de los servicios y otros gastos”, señala el acuerdo 5.858. Y agrega: “de la descripción del punto anterior se infiere que la División no tiene en cuenta un presupuesto para la ejecución de los objetivos que se plantean”. En ese sentido, detallaron que el área bajo análisis “toma decisiones teniendo en cuenta los saldos bancarios de la cuenta pertinente”.

Convalidación

Como primera medida, el Tribunal de Cuentas aprobó el informe de la auditoría de fondos del Servicio Adicional de la Policía en 2017, por lo que convalidó las conclusiones de los profesionales encargados del documento. Además, pusieron en conocimiento del contenido al ministro de Seguridad y al jefe de Policía, José Díaz. También requirieron “al organismo la adopción de las medidas conducentes a regularizar lo manifestado” en las conclusiones. Sobre el final, Terraf y Vidal dieron intervención a la Contaduría Fiscal General del TC con el objetivo de que se verifique “el cumplimiento de las medidas” señaladas a la fuerza provincial.

Las objeciones administrativas del ente de control sobre estos recursos vienen por lo menos desde 2016, y se acentuaron en los últimos meses. Por eso, la Casa de Gobierno pidió a la Legislatura una nueva ley para regular los servicios adicionales y la derogación de la norma vigente, sancionada en 2000. La intención de la conducción del oficialismo es llevar al recinto la propuesta de Manzur en la última sesión de 2018, convocada para el jueves próximo. De todas formas, en los distintos bloques surgieron proyectos para modificar el régimen de vigilancia paga e incluso para derogarlo. Por eso, la auditoría del Tribunal de Cuentas le agregará elementos al debate que dará el Poder Legislativo.

Claudio Viña (NF Cambiemos).- “El sistema de servicios adicionales de la Policía está colapsado. Se realiza de manera tan poco clara que ni el Tribunal de Cuentas puede desentrañar su movimiento de fondos. Hay varios aspectos a definir. Primero, la necesidad de la comunidad de contar con ese servicio; segundo, la capacidad del Estado de brindarlo; y tercero, la modalidad, precio y manejo de recursos. La comunidad necesita contar con los ‘adicionales’, pero obviamente los tienen quienes los puede pagar, y eso deja indefenso a quienes no disponen de esos recursos”, planteó el vicepresidente de la comisión de Seguridad.

Alberto Colombres Garmendia (PRO).- El macrista anticipó su voto en rechazo al proyecto de Manzur. “Presenté una propuesta reciente para terminar con el régimen de 24 horas (de trabajo) por 48 horas (de descanso). La única forma de empezar a revertir la inseguridad es darles a los empleados de la Policía el régimen de cualquier otro trabajador: cada día (laboral) una jornada de ocho horas. Además, es ilógico que la Policía gaste fondos en capacitar y equipar a sus efectivos para que luego terminen, con esos recursos, prestando servicios de manera privada. Por eso, proponemos la eliminación de este régimen”, afirmó.

Christian Rodríguez (Peronismo del Bicentenario).- “El proyecto (de Manzur) no pone claridad ni genera los institutos necesarios para un control adecuado y eficaz de los servicios adicionales. Además, la iniciativa avanza sobre lo que sería el ingreso a percibir por el agente que presta efectivamente el servicio, y lo ‘grava’ desde un 5% del total al 15%. El proyecto también define en abstracto ‘posible falta gravísima’ por incumpliendo de la norma, sin crear la figura. Es un pobre intento, no resuelve nada”, resumió el peronista alineado a Cambiemos.

Eudoro Aráoz (UCR).- “El proyecto (de la Casa de Gobierno) no está destinado a resolver el problema de la ‘caja negra’ que implica el manejo de los servicios adicionales. No aclara la ley quién percibirá el dinero que se cobre en efectivo, ni cómo será la forma de pago a quienes cumplan servicios adicionales; no se crea tampoco una oficina con esa finalidad. Es grave que la ley diga que es la Policía de Tucumán la que presta el servicio. En primer lugar, colisiona con la ley 7.715, que regula los servicios de vigilancia. Segundo: el Estado aparece efectuando una actividad comercial, sin pagar impuestos ni aportes previsionales y llevando a cabo una competencia desleal con las empresas de vigilancia. Es un pésimo proyecto, que no contempla tampoco al personal retirado para realizar esa tarea”, señaló el radical.

El proyecto oficial

El PE busca crear un registro de “adicionales”

Los servicios adicionales de la Policía están previstos en la ley orgánica de la fuerza (1970). El gobernador Juan Manzur elevó un proyecto a la Legislatura para regular ese sistema, por el cual privados y entes públicos pueden contratar un suboficial a cambio de $ 120 por hora. 

La iniciativa establece que el servicio “deberá estar registrado”, y su incumplimiento se considerará “falta gravísima”. El personal afectado “deberá encontrarse revistando en servicio efectivo y en horas de descanso”. Además, la participación de los agentes será “voluntaria”, y se deberá asegurar “la preeminencia del servicio de seguridad pública sobre el servicio adicional, teniendo en cuenta el descanso adecuado del personal que lo presta”.

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