Manzur envió un proyecto a la Legislatura para regular los servicios adicionales de la Policía

La Casa de Gobierno dio un primer paso en la búsqueda por regular los servicios adicionales que presta la Policía de la Provincia, un régimen de vigilancia estatal pago que le genera millones de pesos por mes a esa fuerza.

Ayer llegó a la Legislatura un proyecto de ley firmado por el gobernador, Juan Manzur, y por su ministro de Seguridad, Claudio Adolfo Maley. La iniciativa establece que la custodia deberá ser llevada a cabo por personal “en servicio efectivo y en horas de descanso”. Así, los suboficiales y oficiales en cumplimiento de sus funciones ordinarias no podrán ser afectados ni dedicarse a esas tareas. Además, la participación de los trabajadores será “voluntaria”, a través de un “registro especial” que deberá llevar adelante la Policía de la Provincia. Allí deberán constar, de manera obligatoria, los datos relativos a la “inscripción, distribución y supervisión” de cada empleado.

“El servicio adicional deberá estar registrado, y su incumplimiento por parte del personal policial será considerado falta gravísima y dará lugar a la sanción correspondiente”, expresa la propuesta del Poder Ejecutivo.

El vicepresidente 1° de la Legislatura, el oficialista Juan Antonio Ruiz Olivares, confirmó ayer que la intención es tratar este y otros 18 asuntos en la sesión prevista para el jueves próximo, que será la última de 2018. “Llegó el proyecto del PE y también hay propuestas de legisladores. Todos los proyectos serán estudiados y se emitirá un dictamen para dar una respuesta a lo que exige la sociedad”, indicó Ruiz Olivares, quien encabezó la reunión de comisión de Labor Parlamentaria (el vicegobernador Osvaldo Jaldo estaba a cargo del Ejecutivo y el presidente subrogante, Fernando Juri, con licencia médica).

Desde 1970

El servicio adicional está previsto en la Ley Orgánica de la Policía, que data de 1970. En 2000 se sancionó la ley 7.064, en la que se establecieron algunos parámetros generales sobre este régimen de vigilancia. La iniciativa planteada por la Casa de Gobierno establece la derogación de esta última norma, aunque asegura la continuidad de este sistema tanto en ámbitos privados como en instituciones públicas.

El proyecto cuenta con siete artículos -el octavo sólo dispone su comunicación-. Incluyendo la exposición de motivos, ocupa dos carillas. Buena parte de los detalles referidos a la implementación de la norma quedarán en manos del propio Poder Ejecutivo. “La reglamentación establecerá las modalidades de prestación (del servicio), el régimen del personal y equipos a asignar, la retribución de carácter no remunerativo de los agentes afectados al servicio, como demás condiciones necesarias que tiendan a la debida adecuación de la actividad policial”, indica el artículo 4°. Agrega que se deberá asegurar “la preeminencia del servicio de seguridad pública sobre el servicio adicional, teniendo en cuenta el descanso adecuado del personal que presta el servicio”.

El artículo 3° determina el reparto de los recursos generados por esta custodia. “Lo recaudado en concepto de servicio adicional será distribuido de la siguiente manera: a) el 85% para el pago al personal policial que lo preste; b) el 15% para atender gastos administrativos y operativos de la Policía de Tucumán, así como para adquirir equipamiento policial y a brindar asistencia social al personal policial según lo determine la reglamentación”. Agrega que “en el caso de afectarse bienes y equipos para la prestación del servicio adicional, el 100% de lo recaudado será destinado a la finalidad indicada en el inciso b)”.

¿Cuánto ingresa a la Policía por este concepto? El misterio es tal que el Tribunal de Cuentas insistió este año formalmente con un pedido a la fuerza para que ponga en “blanco” los recursos en el Presupuesto Provincial. La cuenta bancaria utilizada para estos depósitos, según el ente de control, sumó $ 240 millones en 2017. Aún no hay datos oficiales sobre 2018, pero el monto viene creciendo en los últimos ejercicios. Con miras a 2019, entidades públicas y privadas comenzaron a asegurarse esa vigilancia. Por ejemplo, la Dirección General de Rentas destinará $ 2,78 millones anuales a la custodia de su sede central, según el acuerdo 5.734 del Tribunal de Cuentas. Es decir, $7.640 diarios, si el servicio se presta los 365 días. En la actualidad, el costo por hora ronda los $ 120 para suboficiales.

En estos años, legisladores oficialistas y opositores presentaron proyectos sobre los adicionales. En algunos de ellos, como los elevados por Nancy Bulacio (Tucumán Crece), Fernando Valdez (UCR) y Alberto Colombres Garmendia (PRO-Cambiemos), se apunta a la derogación de este régimen -en los dos últimos se incluye una compensación salarial para los agentes-. Hay otras alternativas, como las firmadas por Stella Maris Córdoba (Proyecto Popular) y Eudoro Aráoz (UCR-Cambiemos), que buscan regular y limitar el servicio. Pero todo indica que se impondrá el texto del Ejecutivo.