Posse pide veedores y fiscales en la calle para las elecciones

Posse pide veedores y fiscales en la calle para las elecciones

El presidente de la Corte y de la Junta evaluó el año institucional que se va y el que viene.

Posse pide veedores y fiscales en la calle para las elecciones

Diciembre es inevitable y siempre dramático en el Poder Judicial. Pero Daniel Posse, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, se lo toma con soda. Mientras se esfuerza por encajar un viaje oficial a Chile en su agenda asfixiada de compromisos, contesta “sin protestar” un cuestionario largo de LA GACETA, que salta de un tema a otro y también aborda los cambios proyectados al proceso de preselección de jueces (se informa por separado). Y como en 2019 los tucumanos volverán a las urnas, Posse ya sabe que cobrará volumen su gestión en la Junta Electoral Provincial. En ese rol, anticipa que su fin es garantizar la máxima transparencia. “Para lograr la confianza total, mejor que vengan veedores nacionales e internacionales”, propone. En cuanto a este 2018 de implementación fallida del Código Procesal Penal sancionado hace dos años, Posse subraya que la aplicación podría empezar sólo en Concepción y no en febrero, como dispuso la Legislatura.

-¿Qué pasará con la remodelación de la Justicia penal?

-Hay una comisión de implementación que tiene que manifestar si estamos o no en condiciones de aplicar el nuevo sistema en función de un informe técnico. Mi opinión personal es que podemos empezar en el centro judicial de Concepción en un plazo relativamente corto, pero no en febrero. Lo veo más complejo y difícil en el resto del territorio. Esto depende de la cobertura del Tribunal de Impugnación y de las defensorías oficiales que faltan; de si se termina el concurso de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) y de si concluimos la refacción del ala sur del edificio de Concepción, que creo que requerirá más días que los 75 previstos. De todos modos, la idea es trabajar a full, aunque hay factores ajenos a nosotros que nos limitan. La voluntad política de la Corte es implementar el nuevo Código lo antes posible. Estamos decididos a que esto comience a funcionar, y ya vemos que la oralidad ha empezado a ser implementada parcialmente en ámbitos civiles y penales.

-La comisión de implementación lleva más de dos meses sin reunirse...

-Había una reunión fijada para el jueves, pero entiendo que por dificultades de agenda la pasaron para mediados de diciembre. En esa reunión habrá un informe técnico y un análisis de la situación que será determinante para solicitar la prórroga, que a su vez debe ser aprobada por la Legislatura.

-Sin perjuicio de ello está claro que aunque el plantel de magistrados estuviese completo, el servicio seguiría lejos del ideal...

-Así es. Nosotros pedimos más jueces y muchas veces lo conseguimos. De hecho creo que la semana que viene incorporaremos nuevos juzgados civiles y comerciales. En algún momento saldrán los juzgados contravencionales... Y también fueron creadas unidades laborales y en lo contencioso administrativo.

-Una versión indica que el presupuesto de 2019 incluye un relator más para cada vocal de Corte -tienen cinco cada uno, salvo René Goane, que dispone de seis-.

-Está pedido en función de que algunos de mis pares tienen complicaciones. Hay un cúmulo de trabajo muy grande. Yo no sé por qué número de sentencia vamos ya, pero en 2017 sacamos 2.300. Hay que ver qué impacto tendrá el funcionamiento de la doble instancia en lo laboral y los cambios proyectados en los otros fueros. Pero sí, la idea (en cuanto a los relatores) es equiparar la situación de los vocales.

-¿Qué evaluación hace del caso de Walter Ojeda Ávila, el abogado que se quedó afuera de la magistratura por incluir abundantes anomalías en su currículum?

-Desde la perspectiva personal, le tengo aprecio. El caso... me parece lamentable.

-¿Cómo impacta esta polémica en la Justicia? En el foro dicen que es común “inflar” los CV.

-La Constitución es clara. Aquí no se exige la medalla de oro ni carecer de aplazos, sino el título habilitante, y determinadas condiciones de edad y de idoneidad.

-¿Sería bueno publicar los currículos de los jueces, que no están obligados a capacitarse?

-Así es: no están obligados a hacerlo. No quiero hablar de mis pares: algunos de ellos ya han transitado muchos años de su vida aquí y en otros casos las condiciones académicas están más que acreditadas. Y en mi caso personal, hago un esfuerzo por estar actualizado permanentemente. Yo no puedo asistir a cursos y a congresos por la función que tengo, que es casi full time. Lo único que puedo hacer es tratar de ir a mi cátedra y empujarla para que funcione bien. Pero hay muchos jueces que tienen méritos inmensos y una gran solvencia jurídica. También hay otros que no se actualizan. Creo que todos deberían hacerlo para ajustarse a los requerimientos actuales. La Corte, en ese sentido, trabaja con el Centro de Especialización, aunque tal vez sea necesario pensar en programas específicos. Pero estamos viendo el esfuerzo de los jueces penales y civiles. Estos últimos, con la conducción de (la vocal) Claudia (Sbdar), demostraron una gran capacidad para desarrollar el proyecto de las audiencias. Todos los poderes judiciales están siendo escrutados y nosotros debemos responder a la sociedad. Si sirve, podemos poner los currículos sobre la mesa: es importante que la ciudadanía se involucre en el control de la Justicia.

-Este año la Corte se comprometió a publicar la estadística. Fue un paso importante, pero no consta que la publicidad haya existido...

-No estoy convencido de que haya habido un avance. Si bien decidimos que iba a haber publicidad de los números y eso está muy bien, no veo el valor práctico. Por eso estamos por convocar un concurso para la Dirección de Estadísticas. La información hoy llega tarde y, por ello, no sirve para administrar situaciones. Yo quisiera tener estadísticas cotidianas, así como llevamos el control de la plata. Es importante que sepamos cuál es la productividad y la conflictividad.

-También ingresó al alto tribunal sin concurso y por pedido suyo la abogada Silvia Meneghello, que había trabajado en el Poder Ejecutivo con su hermano, el ex funcionario Jorge Posse Ponessa.

-Sí, Silvia es secretaria mía. Como presidente tenía la facultad para designar ese cargo, cuya duración está ligada al mandato.

-El Gobierno modificó la Junta Electoral supuestamente para despolitizarla. ¿Ello implicará el establecimiento de concursos para el personal?

-No soy de la idea de modificar nada en medio del proceso electoral. El Gobierno planteó la necesidad de que las elecciones estén en las manos de las tres patas de la administración de Justicia: los ministerios públicos Fiscal y de la Defensa, y la Corte Suprema. A futuro, la Junta debe tender a convertirse en un fuero o tribunal electoral. En cuanto al personal, hay gente que ya está y creo que el presupuesto nuevo trae dos cargos más. Los concursos tienen cierta relatividad, digamos. Sirven para un montón de cosas, pero hay cargos que forman parte de las facultades discrecionales de los poderes. Nosotros nos hemos limitado muchísimo y hemos logrado una gestión más eficiente gracias a ello, pero hay zonas donde todavía hacen falta las facultades discrecionales, como para el personal de confianza.

-¿Llamará veedores para las elecciones de 2019?

-Creo que el pueblo tucumano necesita la mejor elección posible. Tiene que ser un proceso absolutamente transparente y probablemente no la demos los tres integrantes de la Junta. Por distintos motivos pueden cuestionar nuestras figuras. Entonces, debemos tener el acompañamiento de la sociedad civil y, para lograr la confianza total, también de veedores, mejor si son nacionales y extranjeros, más una fuerte presencia de las fuerzas de seguridad antes de los comicios para detectar los mecanismos prebendarios y de compra de votos que usan todos los políticos. Y el día de la elección, el conjunto de los fiscales tiene que estar en la calle.

-La Corte en la que usted intervino exhortó en 2015, en el juicio “Acuerdo para el Bicentenario” a atender el fenómeno del clientelismo. ¿Cree que ello ha sucedido?

-Si hay denuncias concretas, debemos activar los mecanismos del sistema penal para que los hechos ilícitos sean sancionados.

-¿Está de acuerdo conque las decisiones de la Junta sean revisadas por la Corte, sin pasar por la Cámara en lo Contencioso Administrativo?

-La Corte la tuvo originariamente, pero en un caso de los años 90 salió por la tangente creo que para garantizar la doble instancia. Me parece indistinto porque siempre es la Corte la que tiene la última palabra.

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