Queda en suspenso el juicio oral contra dos jueces de Paz

Catorce años cumplió la causa penal iniciada en la Justicia Federal a propósito de la supuesta comisión de delitos en la Justicia de Paz de Tucumán. Y cuando faltaban nueve días para el comienzo del juicio oral, un movimiento imprevisto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dio pie a la postergación del debate. El presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF), Gabriel Casas, informó que el máximo estrado del país había solicitado el expediente en el ámbito de un recurso de queja y que, por ello, correspondía suspender el enjuiciamiento programado para el 22 de este mes (originalmente iba a empezar el 6 de diciembre). El desenlace de ese planteo, que sostiene que transcurrió el plazo razonable para discutir las responsabilidades penales, podría derribar el proceso atinente a hechos de 2004.

El caso atribuye la posible falsificación de DNI a favor de ciudadanos extranjeros a dos jueces de Paz, el jubilado José Benito Aráoz (Orán, Leales) y Antonio Héctor Heredia (Alderetes). Cinco días antes de que Casas suspendiese el juzgamiento, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán solicitó la destitución de Heredia en atención a las supuestas conductas ilícitas que le habían imputado en los Tribunales Federales (se informa por separado). Sucede que el funcionario siguió prestando servicios en la Justicia de Paz durante todo este tiempo pese a las irregularidades detectadas en su proceder por parte del fiscal federal Carlos Brito.

Tambalea la permanencia de Heredia en su cargo público como la continuidad del proceso que originó la apertura del sumario administrativo. Fuentes judiciales indicaron que la decisión de la Corte de la Nación de solicitar las actuaciones podría implicar la intención de analizarlas a fondo y, eventualmente, de acoger el argumento de los imputados de que ya pasó el plazo razonable para celebrar el juicio, pese a que la causa no prescribió porque uno de los acusados mantuvo su condición de funcionario público, circunstancia que impide la extinción de la acción penal por el transcurso del tiempo. Recientemente, la Cámara Federal de Casación Penal declaró la violación de la garantía del plazo razonable en beneficio del ex presidente y senador Carlos Menem en el expediente del contrabando de armas a Ecuador y Croacia, que lleva 23 años en trámite. El Ministerio Público Fiscal requirió que la Corte de la Nación revise aquel pronunciamiento.

El instituto que favoreció a Menem también fue aplicado en Tucumán por el propio TOF -integrado con otros magistrados- que iba a enjuiciar a los jueces de Paz. En 2012, los camaristas Carlos Enrique Jiménez Montilla y Luis Eduardo López (subrogante) declararon que había transcurrido el plazo razonable para juzgar al fallecido Juan Alberto Kaleñuk, ex gendarme, ex jefe de la Policía provincial y entonces secretario privado del ex gobernador José Alperovich. Kaleñuk debía responder en una causa abierta en 1999 por la desaparición de mercadería secuestrada -1.723 bultos- por la Gendarmería Nacional durante su gestión como número uno del Destacamento Tucumán. El TOF compuesto por Alicia Noli (se jubiló este mes), Casas y Jiménez Montilla rechazó que hubiese expirado el plazo razonable para juzgar a los jueces de Paz. Los imputados insistieron y llegaron a plantear la queja ante la Corte de la Nación.

Por un anónimo

El juicio contra Aráoz y Heredia iba a ser el segundo celebrado este año respecto de la Justicia de Paz de Tucumán: antes, el Poder Judicial provincial había condenado a Pedro Núñez (Los Gómez, Leales) por la falsificación de un acta de entrega de tierras en favor del imputado preso Ángel Ale. El TOF también se disponía a juzgar al abogado Roberto Javier Ortega, quien se desempeñaba como asesor letrado del Registro del Estado Civil y la Capacidad de las Personas. El requerimiento de elevación a juicio que firmó el fiscal Brito en 2009 además imputaba la posible comisión de delitos a los ciudadanos peruanos Renee Celedonia Tapara Flores y Wilmer Aguirre Espinoza, y a la agente estatal María Luisa Díaz.

El origen de la causa se remonta a una denuncia “anónima” que alertó a la delegación local de la Policía Federal sobre la intención de un grupo de extranjeros de obtener el pasaporte y la cédula mediante la presentación de DNI adulterados. Esta pista permitió a la Fiscalía llegar a Aráoz y, posteriormente, a Heredia. Durante la investigación hubo allanamientos, secuestros, detenciones y hasta la repatriación de inmigrantes ilegales.

Respecto de Heredia, el fiscal consideró probado que en su carácter de juez de Paz y de encargado del Registro Civil de Alderetes habría falsificado 65 actas de nacimientos, y otorgado falsos certificados y DNI. La acusación es todavía más grave en cuanto a Aráoz, a quien Brito atribuyó la adulteración de instrumentos destinados a acreditar la identidad de las personas en “aproximadamente” 173 casos. El requerimiento de elevación a juicio indica que los jueces de Paz imputados se habrían valido de su poder para otorgar instrumentos públicos con contenido apócrifo a cambio de sumas de dinero que partían de los $ 400 o U$S 133, según la cotización de aquella época.