“Necesitamos un plan que remedie los males pasados”

Distorsión de políticas y precios relativos.

12 Nov 2018
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IMPULSO. Vivificar la producción industrial, uno de los consejos de Figueroa. reuters

Por Manuel Figueroa

Economista y Consultor Internacional

Entre 2002 y 2015 transcurrieron 13 años en que tres presidentes mantuvieron políticas de extrema inequidad social que terminaron destruyendo el sistema de precios relativos y agravaron la degradación institucional y social del país. Todos mantuvieron la suspensión del pago de la deuda externa y administraron la salida de la convertibilidad de la década de los 90 utilizando la pesificación asimétrica como instrumento destinado a salvar al sistema financiero y a los grandes empresarios endeudados en dólares. Por aquellas decisiones se pesificaron los depósitos de los ahorristas y ajustaron las deudas en dólares de los deudores bajo una nueva relación de cambio que reconocía la equivalencia de $ 1,40 por dólar (en pocas semanas el valor del dólar en el mercado fluctuaba entre $ 3 y $ 4 por dólar). Adicionalmente, los sectores medios y pobres de la sociedad dependientes del factor trabajo perdieron ingresos reales por efecto de la política bancaria, por la inflación y por la recesión. Paralelamente, la política oficial prohibía a las empresas liquidar los impuestos aplicando el ajuste por inflación, bajaba el salario real y aplicaba retenciones sobre los flujos de exportación.

Mientras tanto, bajo escenarios favorables de comercio exterior y de capacidad ociosa industrial, una inteligente política fiscal y la adopción de un cambio alto, permitió a los presidentes Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner controlar la inflación, expandir las exportaciones, acelerar el crecimiento económico y asegurar superávit fiscal y comercial.

Como política compensatoria los Gobiernos congelaron los precios de la energía y de los servicios; amplificaron los subsidios sociales y el universo de beneficiarios del sistema de jubilaciones y pensiones. Los costos de aquellas políticas lo pagó la sociedad con una destrucción del Sistema de Estadísticas, del sistema de precios relativos en la economía, una acumulación de deuda externa, más desempleo, pobreza y exclusión. Las distorsiones referidas se ocultaron bajo las alfombras de la economía y solo afloraron con fuerza incontenida durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. El fracaso de su administración fue la inexorable consecuencia de haber instituido, a comienzos del 2002, la inequidad social y los abusos de poder como método para salir del régimen de convertibilidad.

Sobre aquel caótico escenario, el gobierno de Mauricio Macri no pudo elaborar, durante el período 2016-2018, un marco teórico apropiado para entender la historicidad de la involución argentina. Tampoco pudo todavía administrar políticas apropiadas para corregir sus deformaciones y atenuar sus crecientes niveles de inequidad social. Durante el actual gobierno, todos los indicadores de la macroeconomía argentina registran peores resultados que aquellos que caracterizaron la administración de Cristina Kirchner.

La tragedia argentina se consuma en la medida en que sus gobernantes se niegan a reconocer que los persistentes reclamos de la sociedad tienen su origen en un proceso real, aunque inmaterial e inasible. El legado de la historia siempre presionará desde lo inmanente tensionando al inconsciente colectivo hasta que los gobernantes del siglo XXI asuman la responsabilidad de administrar políticas específicas destinadas a remediar los males del pasado y orienten la acción del Estado hacia objetivos de progreso, bienestar y equidad para todos los argentinos. ¿Cuáles son los principales males del pasado que requieren superarse para iniciar la reconstrucción del país?

• Una reforma del marco institucional para vivificar, mediante un nuevo sistema político, la fuerza de la república, de la democracia y del federalismo a fin de erradicar los abusos de poder mediante el surgimiento de una nueva cultura de poder.

• Adoptar políticas de incentivos para diversificar la producción industrial, potenciar a la pequeña y mediana industria y multiplicar la generación de servicios modernos con altas tecnologías para mercados internos y externos.

• Reformar los instrumentos de las políticas de Precios, Monetaria, Bancaria, Cambiaria y Financiera para administrar con sabiduría los impactos del ciclo económico, priorizando la inversión interna para la diversificación productiva en todas las regiones del país.

• Incorporar en los altos cargos del gobierno a las personas más idóneas residentes en el país -independientemente de su filiación partidaria- a fin de asegurar la buena conducción de las Políticas Públicas.

• Implementar un Programa Nacional de Empleo destinado a poner en marcha, en cada una de las regiones del país, los “Mercados Sociales de Trabajos Productivos”.

• Redistribuir anualmente el 1 % del Ingreso Nacional en beneficio directo del Factor Trabajo durante un período de 12 años para recrear condiciones de equidad en todo el país. Los recursos tendrán origen en una nueva Tributación Solidaria a ser aplicada sobre los sectores más ricos de la sociedad.

• Reducir entre un tercio y un cuarto las dimensiones del Sector Público Nacional, Provincial y Municipal para bajar consecuentemente la carga impositiva sobre el Sector Privado de la Economía;

• Reformar y modernizar la legislación dominante en la Política Social-Sindical.

• Modernizar los sistemas de Salud y de Educación en todo el país restituyendo al Gobierno Nacional la plena responsabilidad por fijar sus directrices y asegurar su financiamiento. Sus principales innovaciones incluirán: la restitución de las Obras Sociales Sindicales al Estado mediante apropiada indemnización; Curriculum Académico y Estatuto Docente de alcance Nacional.

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