El gasto público tucumano seguirá el ritmo de la inflación y con mayor peso del salario estatal

El Presupuesto de Tucumán para el año que viene estará signado por cuatro cuestiones que sobresalen en la iniciativa que el Poder Ejecutivo giró ayer a la Legislatura.

• Un incremento en el gasto público del 42,7%, en consonancia con la inflación que, de acuerdo con los cálculos de las consultoras privadas, se registrará este año en el país. Así, las erogaciones proyectadas por la gestión del gobernador Juan Manzur para enfrentar el año electoral, el último de su mandato de cuatro años, será de $ 96.363 millones.

• La segunda cuestión pasa por el nivel de agentes públicos. De acuerdo con la iniciativa oficial, se ha fijado en 87.172 los cargos de la planta de personal permanente de la Administración Pública Provincial. ¿Qué es lo llamativo? Tomando en cuenta lo pautado para el ejercicio de este año, el crecimiento del plantel será tan sólo de 31 cargos, una tendencia que rompe el nivel de aumento de la dotación de agentes públicos en los últimos años. Sin embargo, el proyecto deja abierta la posibilidad de que haya más incorporaciones. Según pudo establecer LA GACETA, se faculta al Ejecutivo a crear los cargos que sean necesarios en virtud de los decretos de titularización de empleados. En este aspecto, en las comunas rurales, según fuentes gremiales, se deben titularizar entre 4.000 y 10.000 personas que vienen desempeñando funciones. Eso estaría plasmado en 40 expedientes que se tramitan en la Casa de Gobierno.

• La tercera situación, también relacionada con los empleados, se vincula con el peso de los salarios en el gasto total. El proyecto del Poder Ejecutivo lo calcula en $ 55.466 millones para el año que viene, un crecimiento interanual del 45,1%. “Para determinar el gasto en Personal se anualizaron los incrementos salariales otorgados este año y se consideró el crecimiento vegetativo”, indican desde el Ministerio de Economía. El gasto en remuneraciones del sector público rozará el 58% del total de fondos que la Provincia proyecta erogar el año que viene.

• El cuarto punto a tomar en cuenta es la paulatina caída de las erogaciones de capital. Para 2019, el Gobierno proyecta un descenso del 16,1%, con una partida anual estimada en tan solo $ 6.047 millones. La inversión seguirá siendo, en consecuencia, una materia pendiente en 2019.

No hay que perder de vista las transferencias automáticas que la Casa de Gobierno realizará a municipios y a comunas rurales. El aumento, en este caso, será del 59,5% interanual, con una partida de otros gastos corrientes estimada en $ 34.250 millones. La asistencia financiera a las jurisdicciones del interior resultará clave en un año electoral. De hecho, marcará la continuidad de los acuerdos entre el Ejecutivo, las intendencias y las comunas.

Frente a este escenario, y más allá de los incrementos en las erogaciones, el Gobierno considera que el año que viene puede terminar con un leve superávit de $ 46,3 millones. “Se trata de un presupuesto equilibrado, que prioriza el pago de salarios, con el fin de mantener la paz social y sostener el empleo en la provincia”, indicó ayer el vicegobernador en ejercicio del Ejecutivo Osvaldo Jaldo.

El titular de la Cámara puntualizó que el ejercicio se basa en el esfuerzo tributario que realizan los tucumanos, más que en el aporte extra de fondos federales. “Sólo tenemos garantizado los recursos que por ley de coparticipación nos corresponden”, acotó.

La Provincia remitió a la Legislatura el proyecto, en tiempo y en forma, de acuerdo con lo establecido por la Constitución de Tucumán (hasta el 31 de octubre de cada año). Para su elaboración se tomaron en cuenta las pautas macroeconómicas que el Gobierno nacional fijó para 2019. Esto es una variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 34,8%, una caída del Producto Bruto Interno (PBI) real del 0,5% y un tipo de cambio de $ 40,10 por dólar.

En materia de ingresos, la Provincia prevé recibir $ 63,950 millones de recursos nacionales, mientras que por ingresos provinciales se ha estimado unos $ 26.374 millones. Además, se estima un aporte del Estado nacional de $ 3.275 millones.

Lo que no se ha definido aún es qué hará el Ejecutivo en materia de subsidios para el transporte público de pasajeros. Desde que el Gobierno nacional ha definido el traspaso de esa obligación, el dilema que se le presentó a Manzur es financiar con aportes locales extra el sostenimiento del precio del boleto (un compromiso mensual de unos $ 140 millones) o, directamente, permitir el reajuste. Asimismo, tampoco se ha definido qué se hará con las compensaciones financieras por la firma del nuevo Consenso Fiscal.