Por Gustavo Rodríguez
26 Octubre 2018
ARCHIVO LA GACETA
El fallo de la Cámara de Apelaciones para que se liberen a los imputados de casos polémicos y aberrantes hechos generó revuelo en Tribunales. Esta situación provocó una sorpresiva reacción y malestar entre las víctimas y sus familiares, que anunciaron que están dispuestos a realizar nuevos planteos judiciales y hasta a solicitar juicio político a los responsables de esta situación.
Ayer, a última hora, se confirmó que la Cámara de Apelaciones había declarado nulas el dictado de las prisiones preventivas que se le habían dictados a imputados por delitos como abuso sexual, robo agravado y homicidios.
Entre los beneficiados por este hecho también aparecen Luis Barrionuevo y Miguel Jiménez Augier, que habían quedado detenidos por el caso del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).
Por esta resolución, el ministro fiscal Edmundo Jiménez, a través de una resolución dictada ayer, ordenó a los fiscales de instrucción que elaboren nuevos pedidos de dictados de prisiones preventivas para evitar que los acusados se terminen fugando después de que recuperen la libertad, ya que antes de que salgan de los calabozos donde están encerrados, deben cumplir con una serie de requisitos legales.
“Urge la necesidad de utilizar todos los mecanismos procesales para, por un lado, evitar el riesgo que estos significa a las víctimas y testigos que quedaron a la merced de los delincuentes liberados; y por otro, que se concrete el riesgo de fuga de los imputados”, ordenó el jefe de los fiscales.
Hasta el momento, no trascendieron los detalles de los fallos que estableció la nulidad de las prisiones preventivas que se dictaron hace varios meses, aunque podría estar vinculado a un tecnicismo vinculado a la implementación del nuevo Código Procesal Penal.
Los representantes legales de las víctimas ya están en Tribunales haciendo las gestiones pertinentes para poder plantear otras medidas que impida que los acusados recuperen la libertad. Advirtieron además que están analizando presentar pedidos de juicio político para la o las personas que ordenaron este fallo.
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