En Tucumán rige el secretismo desde hace 45 años

El candado que protege las declaraciones juradas de los funcionarios provinciales cumplió 45 años el 27 de julio de 1973. Ninguno de los proyectos de ley ni de las promesas ni de los pedidos formulados en ese plazo consiguieron eliminar el secretismo, y colocar a Tucumán en el mismo nivel de transparencia y de ética pública existente en la Nación, y en otras jurisdicciones provinciales. Inmutable a los reclamos, la Ley 3.981 sigue en pie impidiendo que los ojos de la ciudadanía se posen sobre los patrimonios de las autoridades locales, a diferencia de lo que sí sucede, por ejemplo, respecto de los tucumanos que se desempeñan como diputados y senadores (se informa por aparte).

Las declaraciones juradas de los funcionarios provinciales no sólo son secretas: su divulgación puede ser penalizada, también por disposición de la Ley 3.981. Esa norma colisiona con la Convención Interamericana contra la Corrupción (1996) que Argentina ratificó y que dio lugar a que el Congreso de la Nación sancionara la Ley 25.188, de Ética en el Ejercicio de la Función Pública (1999). La Oficina Anticorrupción a cargo de Laura Alonso es la autoridad de aplicación de aquella legislación.

En 2015, la provincia que entonces gobernaba José Alperovich integraba junto a Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, San Luis, Entre Ríos, Santa Fe, Misiones, Formosa, Catamarca y Jujuy el conjunto de jurisdicciones que impedían el acceso a las declaraciones juradas de los gobernantes. En los últimos años, varios distritos comenzaron a ajustarse a los estándares internacionales: en Buenos Aires, la gobernadora María Eugenia Vidal creó un organismo anticorrupción (la Oficina de Fortalecimiento Institucional) y emitió decretos sobre transparencia. En 2016, Jujuy también puso en funcionamiento una oficina de ética pública. En 2017, Mendoza saldó su deuda con la sanción de una legislación más amplia que la nacional, puesto que comprende también a los sindicatos.

Decenas de proyectos quedaron en el camino en Tucumán pese a que, en 2010, Alperovich opinó: “todo lo que sirva para transparentar el Estado es bueno”.“Vamos a ver si se puede avanzar en este tema y con mucho gusto lo acompañaremos”, prometió en 2013 el ex presidente subrogante de la Legislatura y actual ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado. En junio de 2016, el entonces secretario general de la Gobernación, Pablo Yedlin, dijo que había pasado mucho tiempo desde 1973. “Estamos en una época distinta y sin duda hay cambios que deben ser reflejados”, expresó. La inexistencia de una norma que regule el acceso a las declaraciones juradas de los funcionarios públicos coincide con la carencia de una ley de acceso a la información pública, vacío que persiste pese al compromiso que el Gobierno de Manzur asumió en 2016.