Entre la terapia intensiva y el cementerio

Sobresaturados de inseguridad. Los vecinos de la periferia se arman como en el salvaje oeste, o vallan las calles o bien se unen en grupos y les prometen palizas inolvidables a los arrebatadores. También los policías están sobresaturados: impulsados por la norma del ministro fiscal, Edmundo Jiménez, para agravar la prisión preventiva a motochorros, tienen más apresados que nunca. Los detenidos están desbordando cárceles y comisarías, pero la inseguridad no cede. Las recetas tradicionales están fallando y no hay plan B. ¿Esto significa cambios en lo inmediato? No parece: el país se enfrenta a otros abismos como la caída en la pobreza o en la insolvencia económica, así que el recrudecimiento de los niveles de violencia no les mueve el amperímetro a funcionarios y legisladores. Estamos desde hace casi tres años en emergencia en seguridad y ya no se puede declarar una emergencia sobre esa emergencia.

Otras condiciones

No necesariamente el hartazgo deriva del aumento de hechos, sino del agravamiento de las situaciones, que llevan a pensar que se está descendiendo en las escalas de la inseguridad. Veamos algunos ejemplos. No es que la zona de San José de Yerba Buena haya sido un paraíso hace pocos meses, sino que el comerciante Rodolfo Monetti decidió armarse después de dos asaltos. Sus vecinos admiran su audacia pero corroboran que el barrio ya venía mal. “Hay que estar loco para hacer algo así. Pero esa locura la genera la inseguridad que soportamos todos los que vivimos en la zona”, dice María Fernanda de Pacheco. Otro ejemplo: Miguel Villagra, propietario de la línea 19 de colectivos, ya no pide policías, botones antipánico o cámaras de seguridad para circular por zonas como Juan B. Justo al 2.300, sino que haya centros de rehabilitación para tratar a los chicos adictos que delinquen en los colectivos. “Nada les importa”, dice. A propósito de un incidente en que vecinos subieron al ómnibus y apuñalaron a un joven adicto acusado de robar un celular, el apoderado de la empresa, Maximiliano Villagra, dijo que esos casos “se repiten con mucha regularidad”. Tercer ejemplo: el presidente de la Corte Suprema, Daniel Posse, dice que el nivel de homicidios no es tan distinto de años anteriores (que es alto, unos 115 por año) e incluso cree que hay menos homicidios en ocasión de robo. “Sí crecen los asesinatos por conflictos vecinales, que se producen los fines de semana”. Y considera que se agravó la violencia de género. Cuarto ejemplo: el mismo presidente Posse, tras la visita a la Jefatura de Policía junto con el ministro de Seguridad, Claudio Maley, dice que el Gobierno va respondiendo “con mucha lentitud” a la crisis carcelaria. Hace dos años, dos fiscales habían pedido un hábeas corpus correctivo por las condiciones de detención en las comisarías, en las que había 700 detenidos. Ahora hay 1.000 apresados. ¿De qué sirvieron los hábeas corpus? “Eso genera que los policías deban cumplir con la misión de carcelero y mengua la posibilidad de atender otras cosas”, dice, además de que las malas condiciones sanitarias de las seccionales afectan no sólo a los detenidos sino también a los agentes.

Negocios en la crisis

Por su parte, los hombres de la fuerza están ocupados en estos días en el debate interno por un proyecto de servicio adicional que circula por las redes policiales que aumentaría el valor del servicio pero les quitaría un porcentaje a los agentes que se alquilan para servicios privados de custodia, que son una mayoría de los empleados policiales. Esta deformación del trabajo de los agentes viene siendo desde hace años una poderosa fuente de ingresos legales e ilegales, en negro, de la que la Policía no rinde explicaciones ante el Tribunal de Cuentas. Lo más grave de este asunto -que el ministro Maley no piensa sacar, sino modificar, según explicó hace tres meses en la Legislatura- es que el servicio adicional vive su apogeo sustentado en los niveles de inseguridad. A más miedo de los empresarios y comerciantes, más contratos de policías. Saquemos una conclusión de este problema: en una sociedad pacificada, los agentes tendrían que resignarse a no tener estos trabajos extra y ganarían menos. ¿En qué ha cambiado este asunto en los últimos años? En que ahora están discutiendo el porcentaje que le toca a cada uno. No se trata acá de brindar más seguridad a la sociedad sino de ganar individualmente con la crisis.

En este contexto, las respuestas siguen siendo las mismas de siempre. El ministro Maley desalienta al comerciante Monetti a que deje sus armas. Lo mismo le dice el presidente de la Corte, que advierte que si se permite que la gente se arme, vamos a estar en graves problemas. Pero la respuesta de los policías es cubrir los lugares de estallidos y escándalos y luego ir a donde explotan nuevas crisis de seguridad, sin saber cómo pacificar la sociedad. El ministro, atenaceado por la falta de dinero para implementar cualquiera de los programas que ha anunciado hace tres meses en la Legislatura, dice que la plata que llegue de la venta de acciones del Estado al Banco de Tucumán “se destinarán a la adquisición de elementos de seguridad, de protección”. O sea, armas, chalecos, vehículos. Para estudiar lo que pasa, ni un peso. Es que en esta sociedad no parece importar entender lo que pasa: es increíble que el titular del Registro Provincial de Armas, Juan Pavón, diga que no se sabe cuántas armas circulan por Tucumán y al mismo tiempo que “no se percibe” que la sociedad esté más armada. ¿Sus conocimientos se basan en percepciones? ¿Para qué está el registro? ¿Sólo para recaudar plata por permisos? ¿Y el estudio estadístico para entender causas de la violencia? Acaso se espera que algún día la Corte empiece a hacer el trabajo comparativo de las cifras de homicidios que recopila desde 2013 y mantiene en secreto.

Todos, punitivos

La verdad es que la gran contradicción de que se detenga a cada vez más gente y al mismo tiempo aumente la inseguridad no ha sido resuelta ni respondida. No ha tenido otra respuesta que la punitiva, a la que adhieren los tres poderes; por eso le dieron al ministro fiscal la ley antimotochorros, a pesar de que los fiscales invitados por el mismo Jiménez le están diciendo, en las jornadas de ministerios fiscales, que eso no funciona. Lo que está en debate acá es la política de seguridad, que se sigue llevando a cabo de la misma manera desde tiempos inmemoriales. Un modelo policial tradicional, a la criolla, hecho de sabiduría policial de una guardia burocrática y repetitiva. Siempre dando vueltas alrededor de sus prácticas y minimizando su rol esencial: el de resolver problemas en la sociedad. De hecho, intenta solucionarlos siempre de la misma manera, aunque la realidad haya cambiado. Por eso la contradicción esencial se mantiene. Nadie lo advierte y la Justicia cree que asume el rol de guía de la prevención en seguridad, cuando es el último escalón en la crisis. Crudamente describe el presidente Posse que la Justicia “está entre la terapia intensiva y el cementerio, cuando el hecho ya ha ocurrido”.