24 Septiembre 2018
“Los asesinos del pontífice”
Debo destacar la agudeza del comentario “Los asesinos del pontífice”, del periodista Federico Türpe (22/9), quien en su columna “Fuera de Contexto”, detalla pormenorizadamente la cantidad de puentes que se cayeron en Tucumán en estos años de la década dorada del kirchnerismo/alperovichismo. Es vergonzoso que estas construcciones no aguanten el uso constante o las adversidades climáticas recontra estudiadas y repetidas, comparadas con otras obras que tienen hasta 10.000 años. Será que nuestros ingenieros viales y pontoneros no son los suficientemente idóneos para proyectar y calcular estas obras o hay negociados de los funcionarios con las empresas para que quede el retorno en su mutuo beneficio, tal como se viene descubriendo con la causa “de los cuadernos”. Pero en nuestra provincia está vedado investigar sobre estas corruptelas que todo el pueblo conoce y habla, pero la Justicia parece estar inmersa en una burbuja de la que no puede salir, o no le conviene. El periodista Türpe no debe saber que el puente sobre el río Salí en la ruta 305 se encuentra clausurada media calzada en una de sus cabeceras desde hace más de seis meses, en una obra de seis o pocos años más de antigüedad. Cuando la conducción de gobierno derrama malos ejemplos, indudablemente los cuadros funcionales o técnicos se contagian de irresponsabilidad o de tentaciones que terminan en estas obras mal hechas que hay que volver a hacerlas por errores netamente humanos.
Julio Figueroa [email protected]
Aumentos tarifarios
Los reiterados y elevados incrementos tarifarios en servicios públicos esenciales (electricidad, gas, y ahora agua potable) generan, en gran parte de la población, críticas situaciones. Vivimos una etapa de emergencia económica y financiera, reconocida públicamente por el gobierno nacional, que impacta en todo el espectro social y productivo. En pequeñas y medianas empresas estos aumentos importan, en muchos casos, costos imposibles de sobrellevar: cierran y se agrava la desocupación. El gobierno nacional (caso de la luz y el gas, en sus etapas de generación y transporte) alega la necesaria recomposición de su valor, para disminuir los millonarios subsidios al consumo de estos servicios, pero mantienen injustamente el porcentaje de su componente tributario que, unido a los impuestos provinciales y las tasas municipales que gravan estos servicios, importan más de un 30% del monto de las facturas que pagan los usuarios. En el caso de la provisión de agua potable y cloacas, la SAT (Sociedad Aguas del Tucumán) anunció importantes subas de la tarifa sin precisar ni divulgar, como es su deber, el costo global de este servicio y de los planes para su ampliación. El usuario, en estas condiciones, se encuentra indefenso. En Tucumán, el Ersept, órgano de control de EDET y de la SAT, cada vez que autoriza aumentos de tarifas (faz de distribución del servicio) se beneficia, por ley de su creación, con más ingresos propios, actuando como “juez y parte interesada”, lo que es gravemente inconstitucional. Difundo la doctrina judicial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre tarifas de servicios públicos. En el caso “Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad c/Ministerio de Energía y Minería s/amparo colectivo” (18/08/2016), la Corte Federal expresó que, a nivel nacional, si bien el Poder Ejecutivo detenta la competencia tarifaria propia de los servicios públicos, “se impone en el Estado una especial prudencia a la hora de determinar las tarifas y su transparencia”. Resaltó que “todo reajuste tarifario debe incorporar, como condición de validez jurídica, el criterio de gradualidad, expresión concreta del principio de razonabilidad”. Sostuvo que “la recuperación del retraso tarifario debe ser gradual, favoreciendo la previsión de los usuarios dentro de la programación económica individual o familiar, elemento que debe ser ponderado”. Afirmó igualmente que “El Estado debe velar por la continuidad, universalidad y accesibilidad de los servicios públicos, ponderando la realidad concreta de los afectados por la decisión tarifaria, con especial atención a los sectores más vulnerables, evitando que una tarifa, por su elevada cuantía, pudiera calificarse de confiscatoria, en tanto detraiga de manera irrazonable una proporción excesiva de los ingresos del grupo familiar a considerar”.
Luis Iriarte
Educar para la paz
El editorial “La importancia de la educación para la paz” (22/9) puntualiza acertadamente sobre esa necesidad. Comparto los conceptos vertidos. Traigo a la memoria una definición de la Unesco: “La construcción de una cultura de paz y desarrollo sostenible es uno de los objetivos principales del mandato de la Unesco. La formación y la investigación para el desarrollo sostenible están entre sus prioridades, así como la educación para los derechos humanos, las competencias en materia de relaciones pacíficas, la buena gobernanza, la memoria del Holocausto, la prevención de conflictos y la consolidación de la paz”. Desde la ONG “Llamamiento de los Cien para seguir viviendo” presentamos en el Ministerio de Educación de la Provincia (2005) un proyecto de “Educación para la paz” que sugería una transversalidad de la temática en el currículo escolar. Sólo se limitó el Ministerio a resolver que se incorporara el Día de la paz en las celebraciones anuales. Será necesario profundizar y adoptar el mensaje de la Unesco..
JCarlos Duguech [email protected]
Casillas en las vías
En diversas oportunidades hice llegar mi inquietud, ya sea desde el punto de vista personal como de vecinos de la zona, que ven cómo, día a día, con los problemas que tiene nuestra ciudad, a la vera de las vías del Ferrocarril Belgrano -específicamente en el tramo que va desde avenida Sarmiento hasta Uruguay-, proliferan pequeñas casillas que son habitadas por gente que tiene necesidades insatisfechas, y que viven en una total indigencia que denigra a la condición humana. Habitan sin los elementos básicos que debe contar una vivienda, como ser, baño, red de agua potable, en algunos casos electricidad y otros elementos que debe tener aunque sea precaria. En ocasiones fue editorial de vuestro diario y de inquietud por parte de vecinos, que alarmados por tal situación hacían notar la problemática. Las notas giradas a Desarrollo Social de la Provincia, para que trate de reubicar a dichas personas, no tuvieron el eco esperado, y da bronca ver que personas que se aprovecharon de estas situaciones fueron estafadas y no pudieron tener su vivienda. Hago notar que la zona señalada se encuentra ubicada a cinco cuadras del Palacio Legislativo, del Teatro San Martín y de la Secretaría de Educación; a tres del Arzobispado, a seis cuadras el Colegio Nacional, a cuatro de la Brigada de Investigaciones y a tres del ex Policlínico Ferroviario, hoy Clínica Sarmiento.
José Luis Avignone
Secretario de Relaciones Institucionales Municipalidad de San Miguel de Tucumán
Lo más popular
