Un tribunal abre a pruebas un juicio por los gastos sociales

A más de tres años del escándalo por las valijas cargadas con dinero que iban desde un banco hasta la Tesorería de la Legislatura, los juicios administrativos que apuntan a obtener el acceso a la información relativa al uso de esos fondos públicos parecen encerrados en un laberinto procesal.

Así lo entienden los autores de una de las demandas en curso, cuyo expediente está caratulado “Villagra Delgado y otros contra Provincia de Tucumán y Legislatura”.

Esta causa, abierta en 2016, es tramitada por la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, y apunta a obtener, a través de un amparo, el acceso a la documentación respaldatoria de los “gastos sociales” de 2015. En ese año electoral, la Legislatura insumió cerca del 40% de su presupuesto general en supuestos subsidios (unos $ 600 millones).

Debido a los sucesivos planteos de recusación formulados por los abogados de la Provincia y de la Legislatura, el expediente había llegado a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT). El 31 de agosto pasado, la causa regresó al fuero administrativo con el rechazo del máximo tribunal a las pretensiones del Gobierno. Ante esto, el 5 de septiembre pasado, la Sala II resolvió “abrir a prueba” el caso.

El apoderado legal de los demandantes, el dirigente radical Raúl Moreno, cuestionó que, ante este panorama, los abogados oficiales decidieran plantear la incompetencia del fuero contencioso administrativo para entender en este proceso. “La única verdad es la realidad, y esta muestra el pánico que evidencia el demandado ante la posibilidad de que este amparo llegue a instancia del dictado de la sentencia que lo obligue a dar a conocer el uso de los gastos sociales”, redactó Moreno, al contestar el traslado por el reclamo oficial. Y agregó: “sólo esto explica la constante presentación de planteos ridículos y notoriamente sin sentido, al sólo fin de abrir una instancia recursiva que hasta ahora esta Cámara (en lo Contencioso) consintió sin advertir que el objeto no es ganar o perder un planteo, sino sólo demorar el proceso y dilatar un remedio constitucional que se caracteriza por su rapidez y su tutela inmediata”.

Ocurre que, mientras el tribunal se aboca a dilucidar la cuestión de la competencia, quedaron paralizados los plazos del período de apertura a prueba, resolución adoptada la semana pasada por la Sala II del fuero administrativo.

Si la Provincia y la Legislatura reciben otro revés en esta oportunidad, los demandantes podrían solicitar como prueba las copias de los recibos de los supuestos subsidios entregados en 2015.

Esos papeles, en los que debería constar quiénes fueron los destinatarios de las ayudas sociales en efectivo, se mantienen en resguardo en algún lugar del edificio del Poder Legislativo por orden del vicegobernador, Osvaldo Jaldo, y bajo la responsabilidad del secretario del cuerpo colegiado, Claudio Antonio Pérez.

Los gastos sociales

1- Desde fines de los 90, legisladores y las autoridades manejaron fondos para supuestos subsidios, denominados “gastos sociales”.

2- En el 2015 electoral, LA GACETA reveló con fotos y documentos el traslado de millones de pesos en valijas, desde un banco hasta la Legislatura.

3- En 2016, el legislador Ramírez admitió que cobraba $150.000 al mes en gastos sociales. Poco después, Jaldo dio de baja ese sistema.