Dos jueces de Paz serán juzgados por la venta de DNI

Las irregularidades detectadas en la Justicia de Paz de Tucumán quedarán expuestas otra vez en un juicio oral, el segundo celebrado durante este año contra miembros de esa institución. En esta ocasión, el jubilado José Benito Aráoz (Orán, Leales) y Antonio Héctor Heredia (Alderetes), quien conserva su cargo público, rendirán cuentas por las supuestas falsificación y venta de documentos nacionales de identidad (DNI) expedidos en favor de extranjeros. Por estas anomalías, que datan de 2004, Heredia afronta también el sumario interno que ordenó Daniel Posse, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Ello quiere decir que el enjuiciamiento penal coincidirá con la investigación administrativa que podría derivar en la expulsión del juez de Paz del Poder Judicial.

Las audiencias en la sala del TOF comenzarán el 6 de diciembre y se extenderán durante tres jornadas más (7, 20 y 21 de ese mes), según el decreto que firmó ayer la camarista Alicia Noli, que no estará en el estrado puesto que el 1 de noviembre se acogerá a la jubilación con el beneficio del 82% móvil. En el mismo proceso será juzgado también el abogado Roberto Javier Ortega, quien se desempeñaba como asesor letrado del Registro del Estado Civil y la Capacidad de las Personas. El requerimiento de elevación a juicio que firmó el fiscal federal Carlos Brito en 2009 además imputaba la posible comisión de delitos a los ciudadanos peruanos Renee Celedonia Tapara Flores y Wilmer Aguirre Espinoza, y a la agente estatal María Luisa Díaz.

Respecto de Heredia, el fiscal consideró probado que en su carácter de juez de Paz y de encargado del Registro Civil de Alderetes habría falsificado 65 actas de nacimientos, y otorgado falsos certificados y DNI. La acusación es todavía más grave en cuanto a Aráoz, a quien Brito atribuyó la adulteración de instrumentos destinados a acreditar la identidad de las personas en “aproximadamente” 173 casos. El requerimiento de elevación a juicio indica que estos presuntos hechos ilícitos favorecieron, sobre todo, a ciudadanos procedentes de países de la región que habían ingresado ilegalmente al territorio argentino. Y que los jueces de Paz imputados se valieron de su poder para otorgar instrumentos públicos con contenido apócrifo a cambio de sumas de dinero que partían de los $ 400 (U$S 133 según la cotización de la época).

El abogado Ortega, que durante la investigación renunció al Registro Civil para integrarse a la Legislatura como asesor, fue sindicado como el “colaborador indispensable” puesto que consintió la anotación tardía de los nacimientos cuestionados. Brito descartó que la sobrecarga de trabajo alegada por el letrado pudiese eximirlo de responsabilidad penal.

A salvo de la prescripción

El Tribunal Oral que, además de Noli (que ha de ser reemplazada), integran los vocales Gabriel Casas y Carlos Enrique Jiménez Montilla celebrará el juicio 14 años después del inicio de la pesquisa en la Justicia Federal. El origen de la causa se remonta a una denuncia “anónima” que alertó a la delegación local de la Policía Federal sobre la intención de un grupo de extranjeros de obtener el pasaporte y la cédula mediante la presentación de DNI adulterados. Esta pista permitió a la Fiscalía llegar a Aráoz y, posterioramente, a Heredia. Durante la investigación hubo allanamientos, secuestros, detenciones y hasta la repatriación de inmigrantes ilegales.

El proceso no prescribió por la condición de funcionarios públicos de los jueces de Paz, estatus que Heredia todavía mantiene (el desempeño en el Estado bloquea la extinción de la acción penal por el transcurso del tiempo). En el ínterin, Aráoz pasó al sector pasivo. El 6 de agosto de 2018, Posse, presidente de la Corte, consideró que de las actuaciones de la Justicia Federal surgían hechos que debían ser investigados a fin de deslindar o determinar las probables responsabilidades administrativas de Heredia.

La Justicia de Paz enfrenta una situación delicada no sólo porque un tercio de sus despachos están vacantes y la sequía de nombramientos lleva ya cinco años. En agosto, la Cámara Penal de la capital condenó a Pedro Antonio Núñez, ex juez de Paz de Los Gómez (Leales), por falsificar un acta de entrega de tierras en favor del imputado preso Ángel Ale. Tres meses antes, la Legislatura destituyó a Núñez y a José Solano Lazarte (Alto de Anfama) por haber otorgado poderes de disposición en forma irregular.