Por Irene Benito
15 Septiembre 2018
La nueva corriente de oralidad entrará a los Tribunales provinciales por la puerta menos pensada hace un año atrás: el fuero civil de la capital y de Concepción. La innovación comenzará a operar en 15 días, sin necesidad de un cambio legislativo (se recostará sobre el Código vigente desde 1991). El 13 de septiembre, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán dio el visto bueno al “manual de instrucciones” elaborado por una comisión interna en la que intervinieron expertos de la Nación con la participación de los jueces civiles y de documentos que tendrán que aplicarlo. Todo sucedió vertiginosamente: aunque el debate sobre la necesidad de modernizar la forma de dirimir los conflictos “no penales” comenzó en 2014, sólo transcurrieron 158 días entre la constitución del comité, la preparación de las salas y la fecha de largada de las anheladas audiencias.
Un trabajo sobrio, silencioso y cauto -en cuanto a las expectativas sembradas- permitirá que los ciudadanos “vean” a los jueces civiles y viceversa. Este encuentro “cara a cara”, hasta el presente exclusivo del juzgamiento de los expedientes penales, ocurrirá en la etapa de la prueba, que es la más ardua y compleja del modelo escrito. En esas circunstancias ríspidas, los magistrados citarán a los particulares y a sus abogados a dos audiencias: una para precisar las medidas que producirán para acreditar sus versiones y otra para recibir el fruto de la actividad desplegada (ver “Bases...”). La idea es que todos juntos en la misma sala puedan llegar, como mínimo, a acuerdos procesales que abrevien los términos y, como máximo, a conciliaciones y soluciones que finiquiten los pleitos.
El protocolo aprobado por la Corte y contenido en la Acordada 1.079/18 prescribe que la presencia del magistrado es indispensable en estas reuniones de demandantes y de demandados. Con esas palabras sencillas y lógicas concluye “toda una vida” de jueces recluidos en el despacho e inalcanzables, rodeados de papeles, y ajenos al litigio de “carne y hueso”. Ya no tendrán que imaginar más que hay personas detrás de los escritos, como pedía el presidente saliente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti: el salto luce inmenso para una institución cuestionada por su tendencia al ensimismamiento y sus dificultades para la rendición de cuentas.
“Los objetivos (del cambio) son reducir los plazos totales del proceso de conocimiento mediante el control efectivo de la duración del período de prueba, y aumentar la calidad de las decisiones jurisdiccionales por la inmediación del juez y la concentración de la prueba en audiencias orales, y la satisfacción de los usuarios del sistema de Justicia civil”, dijeron los vocales Daniel Posse (presidente), René Goane, Antonio Estofán y Claudia Sbdar al establecer que la oralidad debutará el próximo 1 de octubre (Antonio Gandur no firmó la acordada porque está de licencia). Adicionalmente, la experiencia que acumule el Poder Judicial podrá ser volcada en los anteproyectos de ley que están siendo elaborados para que, en el mediano plazo, la Legislatura provincial sancione un nuevo código procesal.
Sin perjuicio de los fines generales y mediatos, los jueces implicados en el programa establecieron metas para 2018 y 2019 en un taller desarrollado a comienzos de este mes. En ese ámbito, los magistrados se propusieron que un juicio civil dure 540 días en la primera instancia, un cuarto del tiempo que el trámite demandaba en junio de 2017 en los juzgados civiles de la capital, según datos oficiales (ver “Metas trazadas”). También acordaron que trabajarán para que el 30% de los casos sean conciliados. Y establecieron el número de primeras y segundas audiencias que, en promedio, cada despacho ha de celebrar para que el esquema funcione. El mecanismo aspira a batallar contra la lógica de la confrontación a ultranza. “Se requiere un diálogo franco con las partes y los abogados, en un ámbito de confianza propiciado por el juez”, indica el protocolo.
Ironía y confianza
El motor de la oralidad en la Justicia civil es la comisión dirigida por Sbdar que integraron los jueces José Dantur, Viviana Gasparotti, Jesús Abel Lafuente, Pedro Pérez y Carlos Rubén Molina; el funcionario Marcelo Zelarayán, y Juan Pablo Marcet y Héctor Chayer, dos especialistas del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos de la Nación. Este grupo “preparó el terreno” interno para una transformación que también está aconteciendo en otras jurisdicciones del país. En Tucumán, la ironía es que el fuero civil podrá hacer la prueba de oralidad que en 2012 le fue vedada a la Justicia penal y que aún no consigue activar, pese a disponer de una ley procesal que regula las audiencias desde 2016. En el foro confían en que el adelantamiento de los civilistas contribuirá a revertir la frustración de la órbita encargada de sancionar a quienes delinquen.
Lo más popular
