Preseleccionadores de jueces dicen que ahorrarán, pero su presupuesto creció 21 veces en 10 años

El Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) cumple una década el año próximo. Durante ese plazo y hasta esta semana, el órgano confeccionó 131 ternas para cubrir vacantes judiciales en forma permanente y 11 listas para judicaturas transitorias. En el mismo tiempo, el presupuesto de los preseleccionadores de jueces -medido en una moneda estable- creció 21 veces: pasó de U$S 100.000 ($ 400.000) en 2009 a los U$S 2,2 millones ($ 87 millones) solicitados para 2019. Pero, al aprobar por unanimidad el cálculo de recursos para el ejercicio venidero, que implica casi $ 4 millones más que el solicitado para el período en curso, los consejeros enfatizaron que iban a ahorrar. “El país merece que hagamos un esfuerzo especial”, dijo el presidente Antonio Estofán.

El CAM comenzó a funcionar con $ 100.000 trimestrales (U$S 25.000). En pesos -es decir, sin eliminar las distorsiones inflacionarias- los recursos se multiplicaron 214 veces (ver “El presupuesto del Consejo desde...”). Este fenómeno ocurrió año a año, a medida de que el instituto iba asentándose: en ese término incorporó 51 agentes, plantilla que equivale a dos unidades judiciales completas -en la actualidad, cada estamento dispone de un par de asesores-. Pero también asumió funciones de capacitación de los aspirantes a magistrado, actividad que desarrolla la Escuela Judicial. A ello se suma la inversión extraordinaria en un “techo” propio, que en total insumiría alrededor de U$S 2,7 millones (el monto incluye desde el lote hasta el equipamiento). El ejercicio lúdico y puramente experimental consistente en sumar los presupuestos del período 2009-2019 ($ 278,3 millones), y en dividir la cifra obtenida sobre las 131 ternas elevadas al Gobierno arroja que cada preselección de jueces costó $ 2.100.000 a los contribuyentes.

Las medidas de austeridad proyectadas para 2019 alcanzarán a la planta de personal, que por segundo año consecutivo no crecerá -el staff no incluye a los consejeros, que desempeñan sus funciones ad honorem-. Estofán precisó en la sesión del miércoles que tampoco habrá ascensos ni recategorizaciones, pese a que Fernando Ganami, director interino de la Escuela Judicial del CAM, había trasladado un pedido de jerarquización de los nueve agentes que prestan servicios en ese departamento. La pretensión de comprar un auto volvió a tropezar: la Escuela, vía su Consejo Académico, había solicitado el vehículo para movilizar docentes hacia Concepción y Monteros -la idea ya había aparecido en ejercicios anteriores-. En el presente, dicha necesidad es resuelta con taxis, y autos alquilados y particulares (el órgano reconoce los gastos de combustible).

Menos viajes y publicidad

“Hemos tratado de ajustarnos lo más posible porque pensamos que así lo demandan las circunstancias. Si llegamos a tener alguna necesidad, haremos un reajuste. Pediremos $ 86 millones ($ 87 millones en términos precisos) contra los $ 82 millones presupuestados para este año”, explicó Estofán el miércoles a los consejeros Diego Vals, Martín Tello, Roque Cativa, Javier Pucharras, Marcelo Fajre, Julieta Tejerizo, Elena Grellet, Ivonne Heredia, Fernando Valdez y Raúl Albarracín (este último justificó la ausencia de Fernando Juri: dijo que no había podido asistir porque estaba a cargo de la Legislatura). En la misma sesión, el CAM elevó cuatro ternas más al Poder Ejecutivo y otra lista de jueces subrogantes o precarios (se informa por separado). “Es casi una economía de guerra porque el aumento no cubre la inflación”, observó el abogado Fajre. “Haremos el esfuerzo, Marcelito”, insistió el presidente.

El anteproyecto contenido en el Acuerdo 122/18 toma como referencia el gasto de personal sin actualizaciones. Es posible, entonces, que con los aumentos que otorga el Gobierno, los $ 87 millones peticionados para 2019 terminen cerca de los $ 90 millones. La cifra final de todas maneras no supondrá un salto significativo respecto de 2018 ni habrá recortes sustantivos (ver “Top ten…”). ¿Las partidas del CAM son inmunes, entonces, al aumento generalizado de los precios? No. Ocurre que ya hubo ajustes en los gastos de publicidad de los concursos de antecedentes y de oposición, y en viajes. A diferencia de lo que ocurría en el pasado, en la gestión que comenzó a fines de 2017 las misiones oficiales se reducen al periplo de un consejero -usualmente el presidente-. Además, bajaron en forma significativa las comisiones para capacitaciones y firmas de convenios. Como contrapartida, fueron elevados de forma sustancial los honorarios de los jurados. En abril de este año, los consejeros dispusieron que los evaluadores perciban hasta $ 60.000 por concurso, en función del volumen de aspirantes.

¿Adiós al alquiler?

El CAM concentrará su atención y sus recursos en la obra pública, según el anteproyecto que envió a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán para que ese cuerpo lo remita al Poder Ejecutivo y este, a su vez, a la Legislatura. Los consejeros añadieron $ 30 millones a la suma idéntica que habían pedido para este ejercicio. La licitación del proyecto de la sede de 1.492 metros cuadrados todavía no fue adjudicada: según Estofán, que sigue el tema en forma personal, los trabajos comenzarían a mediados de octubre y finalizarían en 2019. Si bien el pliego elaborado en junio de 2008 asignó a la obra un valor oficial de $ 47,8 millones, el presidente del Consejo dijo que había que reforzar las previsiones para sortear los “desfasajes” que había sufrido la moneda en los últimos meses. Si los números se mantienen, el órgano dispondrá de $ 60 millones para construir su casa en el terreno de 197,6 metros cuadrados de la calle Congreso 361 que en 2013 compró en forma directa por $ 1,2 millón (U$S 184.600 de la época).

El anteproyecto de presupuesto para 2019 incluye, además, $ 5,3 millones que serán usados para el amoblamiento del edificio de siete niveles, además de la planta baja, la terraza y el subsuelo. La sede tendrá un auditorio de doble altura; aulas; sala de sesiones; biblioteca; oficinas y archivos, según el pliego de bases y condiciones. Si bien el incremento de la superficie aumentará los gastos de mantenimiento, la ejecución de esta obra ambiciosa permitirá que, en el futuro, el órgano ahorre los fondos que destina al alquiler de la propiedad de la calle 9 de Julio 541 -desembolsará $ 1 millón en este concepto por nueve meses del año próximo-. Si los planes y plazos que trazó Estofán se cumplen, el presupuesto de 2020 será inferior al calculado para 2019, incluso con el impacto de la inflación venidera.

Nueva lista de interinos

El CAM remitió al Poder Ejecutivo la lista número 11 de candidatos a juez transitorio o subrogante. La nómina en cuestión permitirá al Gobierno llenar en forma provisoria el Juzgado del Trabajo N°2 de San Miguel de Tucumán. Los candidatos son Miguel Enrique Fernández Corona (86,5 puntos); María Gabriela Rodríguez Dusing (83) -fue designada ayer como jueza en Concepción-; Marcos Manuel Alzabé (78,25); Sandra Alicia González (74,75); Tatiana Alejandra Carrera (74); Ana María Mena de Bulacio (69,5); Lorena Inés Matías (68,25); Sara Inés del Valle Assad (66); Hilda Eliana Escobar (65,5) y Jorge Ezequiel Ledesma (62,5).

El listado incluye a los candidatos que, en distintos concursos de antecedentes y de oposición para cargos similares, llegaron a integrar el orden de mérito definitivo. Esto quiere decir que aprobaron la prueba de oposición con el puntaje mínimo legal (27 unidades), y que entre esa calificación y los antecedentes reunieron 54 unidades: se trata de postulantes que pasaron a la entrevista con los consejeros, pero que no fueron ternados o que entraron en el terceto, mas luego no resultaron elegidos por el Poder Ejecutivo. A diferencia de lo que sucede en la terna, donde sólo hay tres opciones, el gobernador Juan Manzur puede elegir a cualquiera de los aspirantes a juez interino, según la Ley 9.011. Esta norma fue sancionada en 2017 a instancias del oficialismo, que alegó que la escasez de magistrados obligaba a aplicar alternativas transitorias a las designaciones definitivas. Los jueces subrogantes o precarios duran dos años en sus cargos, con la posibilidad de extender el período por un año más: es decir, carecen de la estabilidad, una de las condiciones que garantiza la independencia, según la Constitución Nacional.

Planteo rechazado

El Consejo Asesor de la Magistratura dio al concursante Lucas Maggio la misma respuesta negativa que, ante un planteo idéntico, había brindado antes al ministro público fiscal Edmundo Jiménez. Los consejeros ratificaron que no corresponde incluir a todos los aspirantes a cargos para el fuero penal a las listas de subrogantes elaboradas para despachos específicos de ese ámbito, tal y como pretendía Maggio, que es funcionario de la Fiscalía de Instrucción N°8 de esta capital a cargo de Adriana Giannoni y hermano del juez de Instrucción en lo Penal N°2, Facundo Maggio. “Nuestro criterio es que los listados deben ser elaboradas con postulantes que hayan competido para despachos del mismo fuero, jurisdicción y competencia. Esto es lo que decidimos ante una presentación igual (a la de Maggio) que hizo el ministro fiscal”, expresó Estofán en la sesión del miércoles pasado: los consejeros presentes adhirieron a esa posición restrictiva. Si se aceptara la postura de Maggio, las nóminas para coberturas provisorias deberían comprender a todos los candidatos “penalistas”, sin importar el cargo concursado. El funcionario, que fue finalista de dos procesos para juzgados de Ejecución Penal (capital y Concepción), dijo que impugnaba los listados elaborados por el CAM para la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción; defensorías oficiales y de Menores; juzgados de Instrucción en lo Penal y Correccional, y la Cámara Penal de Concepción. Según Maggio, los consejeros debían incluir su nombre a las nóminas en cuestión porque la normativa no fijaba otros criterios de selección que el haber integrado los órdenes de mérito definitivos de concursos correspondientes al mismo fuero que las oficinas sujetas a coberturas interinas.