Una crisis con corbata

Pocas veces antes, Mauricio Macri se puso una corbata para asistir a una cumbre intraargentina. Fue el martes, durante la Conferencia Anual que organiza la Unión Industrial Argentina (UIA). La formalidad marcó el reconocimiento de un nuevo escenario, el de la crisis que -en su mensaje anterior- el propio presidente de la Nación se animó a mencionar después de cuatro meses de tormenta cambiaria, una crisis política interna y varios frentes de conflicto abiertos.

El propio jefe de Estado fue a pedirles a los industriales que contribuyan con el esfuerzo fiscal para bajar paulatinamente el déficit fiscal de la Argentina. Los agroexportadores aportarán no menos de $ 280.000 millones el año que viene. Mucha plata que no irá precisamente al ya eliminado Fondo Soja para ejecutar obras públicas en las municipalidades. Tanta plata con la que el Estado tucumano podría vivir tranquilamente cubriendo los gastos de cuatro años. Y sólo es la mitad del ajuste. La otra le corresponderá al sector público; esa, aunque está en marcha, sigue en plena discusión y contrarreloj: el 15 de este mes, la Casa Rosada debe lograr cierto consenso para avanzar con un austero Presupuesto para 2019.

Todos los gobernadores resisten tanto ajuste; pero más por las formas en la que la Casa Rosada comunicó las medidas que debían tomar las provincias. La eliminación, lisa y llana, del Fondo Federal Solidario fue interpretada como una estocada institucional al corazón del poder territorial de los mandatarios del interior. Las cumbres del CFI no son tan concurridas como se preveían. Hay mandatarios que no están dispuestos a mostrarse en público con aquellos que son considerados “duros” por el macrismo.

“(Juan Manuel) Urtubey no necesita ser invitado; ni él ni los otros. Esta es una convocatoria general y pública”, dijo uno de sus pares que participa del encuentro cuando se le consultó las razones de las ausencias del salteño. En el mismo sentido, varios apuntaron al cordobés Juan Schiaretti. “Hoy quiere estar afuera; en algún momento vendrá a las fuentes”, se explayó uno de los asistentes a la reunión en el CFI.

El traspaso de los subsidios para sostener el valor del transporte de pasajeros y la tarifa social de la electricidad golpeará a todos los distritos. Sólo esas dos medidas le costarían a Tucumán no menos de $ 2.000 millones al año. Sin ese aporte del Estado, el aumento será para todos y sin anestesia. De allí la inquietud de la Provincia porque los empresarios avisaron que, sin ese aporte, el boleto del colectivo no podría ser inferior a $ 35. Tampoco los clientes residenciales de la luz, que hoy gozan del beneficio de la tarifa social, tendrían ese amortiguador.

El tándem tucumano Juan Manzur-Osvaldo Jaldo también hizo sus cálculos sobre el costo de las retenciones aplicadas por la Nación. Según esas estimaciones preliminares, esa medida le puede costar a Tucumán unos U$S 120 millones. Al agroexportador le significará menos rentabilidad; al Estado, menos recaudación; a la sociedad en general, menos empleos.

Los ministros provinciales de Economía aguardan la respuesta del Ministerio del Interior. Es probable que mañana haya humo blanco. ¿Qué cedería la Nación? Compensaciones dinerarias para el año que viene. Eso abriría las puertas a la cumbre de Macri con los gobernadores, entre el lunes y el martes, y la posibilidad de avanzar con el Presupuesto 2019. Manzur ha dejado en claro que está dispuesto a colaborar con la Casa Rosada, pero no será a cualquier costo. Un ajuste de la magnitud proyectada para Tucumán, equivalente a un recorte de $ 4.000 millones al año en distintas partidas, trasladaría al distrito del actual equilibrio al déficit fiscal, sin escalas.

El dilema

La Argentina de esta semana es un 12% más cara que la que había antes del jueves pasado, cuando el dólar se disparó a $ 42. Ese día, tal vez, fue el más complicado para la economía del país durante la era Macri. “No hay precios”, dijeron empresarios de distintas actividades en una jornada de nerviosismo, en la que los ojos de todos los actores económicos estuvieron puestos en las pizarras de las casas de cambio. Con un dólar volando, las ventas se suspendieron temporalmente.

Sin embargo, los hombres de negocio advierten que deben hacer frente a una porción de la devaluación del peso para que sus ventas no sigan cayendo por el tobogán. No vender hoy puede resultar más caro por el costo del stock.

El golpe al bolsillo no es el mismo según los estratos sociales. Para una familia tipo, de clase media, la devaluación puede significarle una restricción de otros gastos. De hecho, los argentinos ya planean vacaciones forzosas de cabotaje. Claro está que esto también depende de que el precio del combustible no siga trepando con la velocidad que lo viene haciendo a lo largo del año. El valor de las naftas ya acumula una suba cercana al 46% en lo que va del año. Y se esperan más reajustes hasta fines de 2018.

El presupuesto familiar no resiste un dólar que roza los $ 40 y un Real de Brasil que trepó casi a los $ 10. Tampoco hay demasiado margen en las tarjetas de crédito. Las tasas de interés espantan a cualquiera.

Según las consultoras especializadas, el 25% de los ingresos de ese hogar van a la compra de alimentos. En las clases más golpeadas, la depreciación de la moneda nacional les cuesta la existencia. En esa franja más vulnerable el 50% de los ingresos son para el consumo de alimentos. De allí que, tanta devaluación pueda llevar a que la Argentina registre una pobreza del 35% de sus habitantes, según los cálculos del Observatorio de la Deuda Social que depende de la Universidad Católica Argentina. Ese es el alto costo social de la crisis en un país que seguirá moviéndose al ritmo de una inflación de dos dígitos en el próximo trienio.