Protesta del sector de la discapacidad por el ajuste

01 Sep 2018

En situaciones adversas que surgen como consecuencia de la inflación y la crisis económica, los mayores perjudicados suelen ser los sectores más desprotegidos de la sociedad: los pobres, los excluidos, los jubilados (especialmente aquellos que perciben el haber mínimo y padecen enfermedades), los discapacitados.

El jueves, alrededor de 50 organizaciones manifestaron en la plaza Independencia para oponerse a los recortes gubernamentales en la discapacidad. Solicitaron que la Nación no prosiga con los recortes al sector, las instituciones que atienden a los pacientes, que sigan llegando los insumos imprescindibles para atender distintas discapacidades y que no se atrasen los sueldos de los profesionales.

En la movilización participaron médicos, madres con sus chicos minusválidos, muchos de ellos en sillas de rueda, por ejemplo, un joven de 31 años que padece una parálisis cerebral innata. Su madre le explicó a nuestro diario que reciben tarde la ayuda para comprar los pañales para su hijo y cuando llega, la farmacia donde pueden retirarla se queda sin stock. Otra mamá, cuyo niño de 10 años, sufre convulsiones afirmó que esta situación afecta directamente la alimentación del chico: “nos dan solo dos latas de leche, cuando él consume 300 mililitros de leche cada tres horas. Desde el mes pasado le empezaron a quitar la cantidad de este alimento tan básico e importante. Otro problema es que sólo dan medicamentos genéricos, y hay muchos chicos que no los toleran”.

La integrante de un centro educativo terapéutico dijo que están reclamando los honorarios de profesionales y transportistas. “El no recibir la remuneración afecta todo: cómo los padres llevan a sus hijos a terapia, cómo pueden recibir una terapia adecuada, entre otras cosas. Hay un atraso de la Superintendencia de Discapacidad, que es la que libera los pagos de las obras sociales” y se lamentó por la falta de sensibilidad de las autoridades nacionales.

La Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina comunicó que no aceptará más pacientes del programa Incluir Salud (ex Profe), en consecuencia unos 1.500 pacientes sin recursos podrían quedarse sin su tratamiento en todo el país. “El Estado debe a los nefrólogos más de $250 millones. La deuda supera el año y desde la Agencia Nacional de Discapacidad no hay respuesta. Los centros de diálisis también se hacen cargo del traslado de los pacientes. Si no hay una repuesta positiva, en breve también se podrían interrumpir las sesiones a los pacientes en tratamiento”, informó la entidad.

Esta situación que lleva incertidumbre a los discapacitados y a sus familiares y que ha comenzado a causarles desde hace tiempo prejuicios debe ser atendida a la brevedad. No se puede condenar a ningún ciudadano a que carezca de acceso a la salud, a una atención digna, en particular, a este sector de la sociedad, así como al entorno. La tardanza de la llegada de los insumos o su escasez afectan el tratamiento -muchos se extienden de por vida- de estos pacientes, que carecen de recursos para adquirirlos. Nos parece grave la insensibilidad del Estado; no puede aceptarse justificación alguna que lleve a desatender la salud de estos ciudadanos; ellos no pueden formar parte de ninguna variable de ajuste. ¿Qué esperan los legisladores nacionales por Tucumán para solidarizarse activamente con este sector, levantado su voz en el Congreso? Dicen que no es la discapacidad lo que hace difícil la vida, sino los pensamientos y acciones de los demás... la peor discapacidad es no darse cuenta de que todos somos iguales.

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