Los gobernadores no quieren pagar el costo político del ajuste que está en marcha

Juan Manzur apuesta a la convocatoria de hoy en el CFI para delinear la estrategia del Partido Justicialista frente a las medidas que está tomando la Casa Rosada para recortar el gasto público. El resultado superavitario es un argumento de la Nación para avanzar con su paquete.

29 Ago 2018
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Un mar de especulaciones. En ese océano están la Nación y las provincias. El recorte del gasto público es una materia que nadie quiere rendir en 2019. La administración del presidente Mauricio Macri necesita avanzar con la restricción del gasto, con la idea de cumplir lo acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que prestó recursos para que el país encarrile su rumbo económico. En los últimos días se intensificaron los contactos con los gobernadores, propios y de la oposición, para intentar convencerlos de la necesidad de aportar un tercio de los casi $ 300.000 millones que se pretenden ahorrar para el año electoral que se avecina. Ese ajuste sería una buena señal para los mercados que esperan que la Argentina haga los deberes.

Esa meta choca con la postura asumida por algunos mandatarios de provincias gestionadas por el Partido Justicialista que, bajo ningún punto de vista, quieren asumir aquel costo político. Juan Manzur se inscribe en este lote de resistencia al recorte. El mandatario provincial se mantuvo ayer en silencio. Tenía previsto reunirse con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. No hubo señales al respecto. Sin embargo sí trascendió que habló con algunos de sus pares de otros distritos para acordar la cumbre prevista para este mediodía en el Consejo Federal de Inversiones (CFI). En el entorno de Manzur hay un convencimiento de que a esa reunión asistirá una docena de gobernadores y otros tantos vicegobernadores. Una cifra inferior a los dos dígitos dejaría al tucumano expuesto políticamente. También fueron invitados diputados y senadores de signo peronista, además de dirigentes de la CGT. En este marco, hay gobernadores que apoyan el diagnóstico que realizó el senador Miguel Pichetto para que la Nación no sólo tenga en cuenta la restricción del gasto, sino también la redistribución de ingresos, para compensar las posibles pérdidas de fondos. Lo llamó “Propuesta de las provincias para obtener mayores recursos presupuestarios”.

El debate entra en fase de decisiones. A la Nación le quedarán poco más de dos semanas para terminar de elaborar el proyecto de Presupuesto Nacional 2019 que deberá ser presentado en el Congreso hasta el 15 de septiembre. Entre los gobernadores (díscolos, negociadores y los de buen diálogo con la Casa Rosada) hay un convencimiento que trasvasa cualquier intención política: el ajuste se hace sí o sí.

“Es una negociación y cada uno -de los mandatarios provinciales- va a exponer su situación. La postura nuestra es clara: defender a Tucumán y cuidar los recursos”, había dicho el gobernador tucumanos antes de partir el lunes hacia Buenos Aires. En medio de toda esta situación, trascendió un documento del Ministerio de Hacienda de la Nación acerca del comportamiento fiscal de las provincias al primer semestre del año. El reporte indica que sólo dos distritos (San Luis y La Pampa) mantienen dificultades financieras, mientras que ubica a Tucumán entre las jurisdicciones que han cerrado ese período con un superávit financiero (incluyendo el pago de la deuda) de $ 1.325 millones.

El diagnóstico no hace más que exponer a los gobernadores ante la sociedad acerca de la posibilidad de que puedan absorber algunos recortes presupuestarios. Ese argumento sigue en pie.

Una paradoja

Según el economista de la Fundación Libertad y Progreso, Aldo Abram, hay una cultura del despilfarro que sigue latente en el sector público. “No hay forma de evitar un ajuste pero, hasta ahora, sólo lo ha hecho el sector privado productivo”, indicó en diálogo con LA GACETA. A su criterio, las provincias están recibiendo más recursos coparticipables por efecto de la retracción que frenó la ex presidenta Cristina Fernández. En ese contexto, hay más restricciones para que el Gobierno nacional avance con aquel ajuste. No obstante, reconoció que la Nación debería hacer también un esfuerzo para equilibrar las cuentas. “Resulta paradójico que mantenga una estructura con 21 ministerios y 3.000 reparticiones que no es posible de controlar. No se puede dar ese lujo”, insistió.

Los posicionamientos políticos también juegan en la discusión fiscal Nación-provincias. Según el analista Sergio Berensztein, el problema reviste una doble dimensión. “Por un lado está la cuestión vinculada con el cumplimiento estricto de las metas fiscales o ajustes que, sin la colaboración de las provincias, es imposible avanzar. Con eso calmaría al mercado”, consideró. Pero también remarcó que existe otra dimensión, la electoral. “Todos especulan con la dinámica que el ajuste puede darle al proceso eleccionario que se avecina”.

Berensztein subrayó que, frente a esto, las especulaciones son múltiples, con información asimétrica sobre cuál puede ser el resultado final de las negociaciones entre el presidente de la Nación y los gobernadores. “Todo eso nos impide una visión de conjunto para definir el escenario que se avecina”, finalizó.

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