El lado B de la Justicia adicta

La devoción de los jueces por los oficialismos suele traducirse en una protección incondicional. Ello supone un blindaje judicial para quien ejerce el poder político, mientras lo ejerza, claro: esta es la letra pequeña del contrato de impunidad que resultaba evidente antes de que lo describiera Norberto Oyarbide, el antijuez de Comodoro Py, y que a partir de su indagatoria de este viernes 10 de agosto adquirió el rango de certeza. Pero el escudo no puede ser eterno para nadie, ni siquiera para los pseudoemperadores provinciales. La corrupción entrampa a sus hacedores: aterrorizados por la posibilidad de ir a la cárcel, los gobernantes suelen perder la cabeza al aferrarse -como sea- al cargo público que les garantiza la libertad. Por eso los comicios degeneraron en competencias de clientelismo más parecidos a combates de vida o muerte que a fiestas sanas de la democracia.

La Justicia adicta no sólo brinda tutelajes: también ofrece armas para la destrucción y la domesticación del enemigo (léase disidentes, periodistas, empresarios, etcétera). Es el siniestro lado B de la partidización de los Tribunales. El poderoso no sólo no rendirá cuentas ante el Poder Judicial por sus manejos irregulares de fondos públicos; sus enriquecimientos ilícitos y sus fechorías, sino que, además, podrá valerse del accionar tribunalicio para amenazar a quienes no se avengan a complacerlo. Esta segunda cara de la degradación institucional es consecuencia directa de la primera. ¿Por qué no usar el sistema dependiente y servil ya no para impedir el avance de investigaciones justas sino también para alentar las injustas? Ni más ni menos que un “commodity”.

Al igual que el A, el lado B se asienta sobre la convicción de que el miedo a la prisión es el más disuasorio de todos los miedos: sería semejante a la pena de muerte en las jurisdicciones que carecen de ella. La recua de contratistas arrepentidos de los cuadernos de las coimas lo corrobora. Por eso, por su letalidad potencial, el aparato represivo del Estado ha de ser creíble, traslúcido, prestigioso, coherente, serio y profesional. En pocas palabras, exhibir un obrar ajustado a la Constitución Nacional. De lo contrario, ningún ciudadano puede estar seguro. Si la mafia ataca desde el seno de las instituciones encargadas de juzgar a los mafiosos, entonces cualquiera puede ser su víctima. Así como la indemnidad de la criminalidad de saco y corbata tendió a consolidarse en las instituciones judiciales argentinas, también se extendió el empleo abusivo de estas -por parte de sus “dueños”- para obtener ventajas indebidas.

El lado A y el lado B de la Justicia adicta crecen y se ramifican al amparo de la venalidad de la magistratura. Está a la vista -pero hay que querer ver, como sugiere una princesa del foro- que la convalidación judicial de la corrupción kirchnerista sucedió en simultáneo con la proliferación de escraches y “carpetazos”. Con la ayuda de servicios de inteligencia putrefactos, se armaron causas penales para desacreditar a los denunciados en simultáneo con el cierre de las que involucraban al poder. La prensa libre fue denostada al tiempo que propagandistas y empresas de publicidad disfrazados de periodistas y de medios de comunicación -como los que montó Sergio Szpolski- se encargaban de agrandar los pantanos fabricados por espías, jueces y fiscales. Todo para sembrar la sospecha, destrozar reputaciones y fomentar la paranoia. Y para sostener la intimidación y el terror: con matices, el lado B de la Justicia adicta restauró los mecanismos estalinistas de coacción psicológica que había explotado la Dictadura.

Un caso testigo de denuncias falsas ensució a Elisa “Lilita” Carrió, abanderada de la lucha anticorrupción. En mayo del año pasado quedó demostrado que la versión de que la diputada no podía justificar la composición de su patrimonio había sido firmada por el albañil Saúl Enrique Paz a cambio de $ 1.500. Comodoro Py se cansó de lidiar con este tipo de operaciones burdas, que aprovechan las numerosas flaquezas y opacidades del régimen procesal penal. E inevitablemente el modus operandi se expandió hacia otros rubros y jurisdicciones. El capítulo tucumano de esta patología estatal consta en la denuncia que en 2015 hizo el Colegio de Abogados de la Capital, que sugirió que la presión estaría dirigida no a obtener beneficios políticos sino económicos. Las sospechas obligaron al fiscal Guillermo Herrera a adelantar la jubilación, pero nunca fueron esclarecidas. Y prosiguen las peripecias del caso “Teves”, el expediente penal más sensible de los mencionados por el Colegio ya que involucra al propio jefe de los fiscales, el ministro público Edmundo Jiménez, y a sus hijos.

Lejos de amainar, la práctica judicial espuria continuó en Tucumán luego de la presentación de la entidad intermedia, como demostrarían el caso de la “Línea 11”, llamativamente dormido desde el año pasado, y una investigación por enriquecimiento ilícito abierta contra el opositor Oscar López, denunciante del valijeo legislativo. Ambos procesos ingresaron a la Fiscalía de Washington Navarro Dávila, quien parece interpretar a la perfección la partitura de Jiménez: ¿coincidencia o premeditación? La posibilidad de que los Tribunales estén siendo utilizados para satisfacer objetivos particulares de los poderosos quedó planteada esta semana en el bastión norteño de Cambiemos: Jujuy. La disputa entre montescos y capuletos que tiene en vilo a esa provincia estremece porque se suponía que el gobernador radical Gerardo Morales había llegado al poder para desmantelar la estructura de aprietes que gestaron sus antecesores y Milagro Sala. Jujeños encumbrados y pedestres aseguran que el temor persiste, y que los jueces adictos sólo habrían cambiado de propietario. De fondo siempre aparece el mismo paisaje de la división de poderes desdibujada, un territorio oscuro sin el cual no podría existir el lado B de la Justicia adicta.