Arrepentíos

›› PANORAMA TUCUMANO

La agenda informativa no dio respiro durante la semana: aportes truchos, cuadernos sobre coimas, empresarios detenidos y arrepentidos hasta las lágrimas, Boudou condenado, ex funcionarios presos de aquí y de allá y el debate por el aborto en el medio que mostró la grieta entre un sector social que no está dispuesto a aceptarlo y de otro que no puede imponerlo. Mucha corruptela saliendo a la luz, de la que mucho se hablaba y se escribía pero que poco se comprobaba por falta de pruebas y por las pocas ganas de la Justicia en investigar cuando correspondía. Frente a los casos de corrupción que se verifican en la administración del Estado, ¿no sería necesario pensar en modificar la extensión de los mandatos constitucionales, tanto nacionales como provinciales, para acotar o erradicar el delito? Obvio que no sería suficiente, pero si cometer una infracción -por decirlo suavemente- depende de la ocasión, se entiende que a mayor tiempo ocupando una oficina pública o un cargo político, más posibilidades de que el espíritu se doblegue ante la tentación por lo indebido. Vino ocurriendo. Proporcionalidades directas.

Por lo que viene sucediendo en el país y en la provincia, irónicamente hasta se puede sostener que resultaría más efectiva una reforma constitucional que esperar que haya un masivo baño de honestidad en aquella dirigencia que se perpetúa en sus puestos sólo para satisfacer sus propósitos e intenciones deleznables. Más en serio y conveniente sería la aplicación con rigurosidad de la legislación vigente para castigar a los corruptos o para impedir actos reñidos con la ley. Porque pese lo que establece el artículo 36 de la Carta Magna de 1994 (“atenta contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos”), igual hubo quienes que sacaron provecho de su paso por la función pública y se llenaron los bolsillos, o bien inflaron bolsos con dólares de las arcas estatales. E hicieron viajes con choferes con inclinaciones de escribas de diarios íntimos o bien los arrojaron tras los muros de los conventos. La debilidad es más fuerte.

Aquella pregunta inicial, tal vez más inapropiada que ocurrente, sirve de disparador para abordar un tema que no sólo gana espacios en los medios -pese a la gravedad de la crisis económica- sino también en la atención ciudadana, como lo es la incidencia de la corrupción en la vida en comunidad. Según una encuesta de julio que se maneja en despachos oficiales, detrás de la inflación, la desocupación, la inseguridad y los bajos salarios, aparece la corrupción como uno de los problemas que más preocupan y afectan la vida cotidiana. La tragedia de Once dejó en claro que la corrupción en el poder mata. O bien que el desvío de recursos específicos pueden provocar muertes por desnutrición, como ocurrió en la provincia a comienzos de siglo. También que origina nuevos ricos y privilegios. Todo de la mano de la impunidad, como consecuencia de una Justicia que actúa con independencia cuando quiere -con funcionarios vitalicios que cuando se retiran salen a decir que los presionaron del cogote- y de organismos de control que se subordinan a los mandatarios de turno. El combo resulta trágico para la sociedad.

La clase dirigente, por lo menos aquella que ocupó cargos públicos para desviarse de su misión de servir a la sociedad, ni se arrepiente, se defiende con argumentos ideológicos. Dañan a la política. Nadie asume culpas. Todos inocentes y perseguidos. Arrepentíos para que sean borrados vuestros pecados; dice un pasaje bíblico. Ni siquiera la Ley de Ética Pública nacional -materia en la que Tucumán todavía está en deuda, sólo hay proyectos de opositores en la Legislatura- encarrila a los que ejercen una función por mandato popular. Los incisos “B” y “D” del artículo 2 de la norma son contundentes al respecto: determinan desempeñarse con honestidad, probidad, rectitud, buena fe y austeridad republicana y velar en todos sus actos por los intereses del Estado, orientados a la satisfacción del bienestar general, privilegiando el interés público por sobre el particular. Por no acatar estas disposiciones algunos ex funcionarios nacionales ya están presos. Menos aún se acató el inciso “H” de la norma, que insta a observar que en los procedimientos de contrataciones públicas intervengan los principios de publicidad, igualdad, concurrencia y razonabilidad. Es evidente que todo lo que fija la legislación fue transgredido y en forma reiterada, y más cuanto más se permaneció en el poder, porque el tiempo aceitó un mecanismo delictivo instrumentado sobre los resquicios que ofrece el sistema. Y de la desvergüenza de los ventajeros, claro. Algunos empezaron a caer.

¿Será por esto los otrora afanes reformistas de algunas mentes para garantizar la reelección, y por tiempo indefinido si fuera posible? Si cuanto más se permanece en la gestión más se perfeccionan las formas de corrupción se podría decir que hay una conexión, sino veamos lo que sucede en el Instituto de la Vivienda, donde ex directivos habrían aprovechado sus puestos para abrir ventanillas paralelas y hacer negocios con la entrega de las viviendas. En Tucumán, desde los noventa se mencionó con recurrencia la necesidad de modificar la Constitución para imponer la reelección, ya que el texto en vigencia por ese entonces (1990) acotaba sólo a uno los mandatos. Fueron alternativas políticas analizadas durante las gestiones de Ramón Ortega (1991-1995) y de Antonio Bussi (1995-1999), pero no pasaron de la elucubración teórica.

En cambio, en la administración de Julio Miranda (1999-2003) hubo un intento reformista fallido. En 2002 se denunció que se habían distribuido $ 2 millones entre legisladores para la aprobación de una nueva Carta Magna. El caso llegó a la Fiscalía Anticorrupción, se abrió un expediente, pero finalmente nada prosperó, ni la supuesta iniciativa política por cambiar el texto ni la investigación judicial para determinar si hubo o no un delito. Había ganas, no se pudo. El caso fue muy bien descripto por Alvaro Aurane en su columna de los viernes. La gestión posterior, la de José Alperovich (2003-2015), logró lo que no pudieron acometer con éxito las anteriores: alteró la Carta Magna en 2006, estableció la reelección y pudo administrar la provincia durante 12 años continuos. Así, mientras unos gestionaban, otros hacían de las suyas, tal vez porque mantenerse largo tiempo en puestos clave les facilitaba las inconductas. La alternativa parte de recordar una nota publicada por LA GACETA en mayo último: “La corrupción impune en Tucumán. Hubo 219 denuncias y una sola condena firme en 13 años”, señalaba, refiriéndose a causas que implicaban a funcionarios y que salieron en el diario entre 2005 y 2017. El trabajo, realizado por la periodista Irene Benito y por Chequeado.com, apuntaba que la impunidad de la corrupción se respaldaba en datos: sólo el 0,5% de las denuncias contra supuestos corruptos con trascendencia pública presentadas en la Justicia provincial y federal registraron una condena firme en los 13 años que siguieron a la supresión de la Fiscalía Anticorrupción.

En la Nación, coincidentemente, el kirchnerismo también gobernó 12 años, producto del mandato de Néstor Kirchner y de los dos de su esposa, Cristina Fernández, tiempo en el que se multiplicaron las denuncias contra funcionarios. En una nota de Perfil.com de septiembre de 2014 se mencionaba la existencia de 745 denuncias por corrupción contra funcionarios del gabinete cristinista. En octubre de 2016, en una publicación de La Nación, se señalaba que la Justicia Federal investigaba 487 causas por delitos contra el Estado y que 60 de ellas involucraban a 25 ex funcionarios “K”. El último, y más resonante caso, fue envío a prisión del ex vicepresidente Amado Boudou, significativo por la posición que ocupó en la gestión cristinista. Y eso que estuvo sólo cuatro años, se podría decir para rematar. Según se comentó, la idea inicial del santacruceño era alternar en la presidencia con su esposa, pretensión que quedó trunca con su fallecimiento.

Fueron tres mandatos en ambas gestiones, en las que se multiplicaron las denuncias por casos de corrupción, los de nivel nacional están a la vista. Pero, como todos se quieren salvar, ahora resulta que los empresarios no desembolsaron recursos a funcionarios por los favores recibidos para obtener obras, sino que fueron presionados para aportar para las campañas electorales. Pobrecitos, pero lo callaron entonces. No coimearon para conseguir licitaciones, no sobornaron, no, sino que fueron extorsionados por los malos funcionarios, ellos sólo se incorporaron “a regañadientes” al circuito. Por más que pretendan lavarse las manos, hay manchas que las palabras no borran, como las de ser socios de un mecanismo perfeccionado gracias a la continuidad de funcionarios en los cargos clave. Fueron socios que no se animaron a denunciarlo porque formaron parte de él. Débiles de espíritu, arrepentíos.

De Vido y José López -que el viernes se declaró víctima y abrió puertas para que algunos tucumanos se notifiquen y comiencen a preocuparse-, permanecieron en sus puestos los 12 años del kirchnerismo. La democracia tiene muchas debilidades, y en su contra conspiran los que se eternizan en los despachos de la gestión del Estado porque hallan los puntos flacos, y los explotan. Ni la ley de Ética Pública nacional, como se ve, les puso freno. En ese marco, plantear el recorte de los mandatos puede sonar a una chicana o una solución fácil para contrarrestar los efectos de los corruptos; por lo que cabe realmente es mejorar la normativa y hacerlas cumplir con métodos de control más eficaces. Que haya más honestidad también sería bueno, claro. La Justicia debe hacer mejor su trabajo y también los organismos de control, que siguen estando en deuda, porque al estar tan cerca del poder político les es más fácil distraerse y mirar para otro lado. El Gobierno nacional dio un paso adelante al blanquear el sistema de adjudicación de obras, al abrir la oficina de acceso a la Información Pública y al encarar una modificación de la ley de Ética Pública. Es más que algo; para atrás no debería volverse.

En Tucumán, en cambio, en todos esos aspectos se está en deuda; no hay normativa de acceso a la información sobre acciones en el Estado y la de Ética Pública ni se debate. Incluso no se avanza en la elaboración de una ley de financiamiento de los partidos políticos provinciales, que bien vendría en estos tiempos de reforma electoral. En la provincia, por ejemplo, no se sabe quiénes y cómo aportan para las campañas provinciales, no hay un registro detallado con nombres y apellidos, por lo que si algún empresario -como los arrepentidos a nivel nacional- sale a hablar de posibles aportes a la actividad proselitista de las organizaciones políticas cambio de obras, no se encontrarán sus huellas. Deuda si las hay. En fin, si las investigaciones judiciales son malas, dudosas o lentas para perseguir a los corruptos, sólo queda rezar y pedir que aparezcan más arrepentidos -o cuadernos-, y con cierta ingenuidad exhortar por más arrepentimientos por la salud de la democracia.