Dualidades

09 Ago 2018

El avión no despega. Temporalmente. Hasta nuevo aviso. Los viajes del gobernador Juan Manzur hacia otras latitudes son más espaciados. Algunos gobernadores han optado por el perfil bajo; otros prefieren el silencio. Y también están los que defienden la parada. Una cumbre de la volátil liga de mandatarios de provincias que responden al Partido Justicialista (PJ) es hoy casi imposible. Sólo se mueven los ministros de Economía en encuentros informales. En esas reuniones sale a la luz una polémica cifra: los $ 140.000 millones que la Nación puede llegar a recortar a las 23 provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del año que viene. Ajustes, sin eufemismos.

Claudio Loser, ex director para el Hemisferio Occidental del FMI, ha dejado ayer en claro que la “primera víctima” del acuerdo que ese organismo arribó con la Argentina “será la obra pública”. Y por allí pasa gran parte de las restricciones que, al menos desde hace un año y medio, se observa en jurisdicciones del interior del país. En un año electoral, como será 2019, que no haya nada que inaugurar implicará inacción. Los gobernadores lo saben. El Presupuesto de cada uno de sus distritos apenas les alcanza para cubrir los salarios de los empleados públicos y el endeudamiento los condiciona a tomar créditos. Además, ¿qué mandatario se arriesgará a salir al mercado a buscar financiamiento con tasas elevadas?

Pronunciamientos como los de Manzur respecto a una poda presupuestaria sólo sirven para marcar la cancha. Nada más. El gobernador tucumano, como el resto de sus pares, no darán un paso más. Una crítica descarnada al modelo económico vigente significaría empujar al presidente Mauricio Macri a una crisis más política. Dualidades.

“Ningún gobernador puede aceptar que Nación les recorte más recursos para un año complicado. Eso sería suicida”, exclamó hace unos días un dirigente de peso dentro del PJ. Los cálculos que hizo la Provincia respecto de un probable recorte implican el equivalente a la inversión de un plan de obras públicas; unos $ 3.970 millones, según las cifras preliminares.

Los teléfonos siguen sonando. Los gobernadores hablan entre ellos y, en esas charlas, hay una frase que va corporizándose: “la Nación no nos da nada; nos quieren quitar fondos”. El escándalo por los “cuadernos” de la corrupción también obliga a varios a salir, momentáneamente, de la escena política. La revisión general de la obra pública en tiempos del kirchnerismo es un ejercicio cotidiano de la actual administración de Gobierno. Varias vertientes del refractado peronismo nacional han encontrado en esa polémica judicial el argumento central para alejarse, definitivamente, del kirchnerismo. Sin embargo, Cristina Fernández no está fuera de la carrera electoral. Los próximos comicios se debatirán entre esos escándalos de corrupción y el rumbo económico. La dualidad de cada ciudadano argentino.

La inflación no cesa. Cada semana, el gobernador tucumano pide informes a su gabinete acerca del impacto de la suba sostenida de precios en los servicios que brinda el Estado. Manzur repite que el incremento del precio de la nafta ha impactado tanto como al ciudadano común, en torno de un 30% en lo que va del año. También sostiene que los medicamentos que adquiere el Gobierno para atender la demanda en los hospitales y en centros asistenciales públicos ha subido un 41% en promedio. Y los descartables no se quedaron atrás: un 37%. En la actualidad, la Provincia está en condiciones de tapar algunos agujeros financieros que se abren por la reducción de partidas o bien la demora en el envío de remesas federales que financian programas asistenciales. A fines de este mes o en los primeros días de septiembre, el Ministerio de Economía enviará el pedido de ampliación presupuestaria para incorporar ingresos extra de entre $ 3.500 millones y $ 5.000 millones que Tucumán obtuvo en la primera mitad del año por efecto de los mayores ingresos por coparticipación federal y por el cobro de impuestos provinciales.

Sin embargo, 2019 no tendrá la misma dinámica. El freno económico, la anualización de los aumentos salariales y el mismo ajuste de partidas discrecionales federales marcarán el ritmo de un año con restricciones financieras forzosas y con un gasto público que rondará los $ 70.000 millones.

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