Sentencias que alegran al poder

06 Ago 2018 Por Irene Benito

Siempre se puede caer más bajo así en la vida como en las instituciones. Lo prueba -¡ay!- el desempeño de los Tribunales Federales y provinciales de Tucumán en el esclarecimiento de las denuncias sobre manejos irregulares de fondos públicos abiertas en los últimos 13 años, es decir, desde la eliminación de la Fiscalía Anticorrupción local. Una investigación conjunta de LA GACETA y Chequeado reveló el 27 de mayo que sólo el 0,5% de las causas divulgadas en la prensa había logrado una condena firme, y que la única cosa juzgada existente alcanzaba a los policías del montón -los populares “perejiles”- que habían expuesto la trama de encubrimiento del caso “Lebbos”. Este escenario deprimente empeoró en las siete jornadas pasadas gracias a sentencias favorables a los poderosos cuestionados en las causas de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU); de los títulos públicos y de las valijas legislativas. La “alegría” vino con yapa: otra resolución de la Corte de Tucumán favorable al senador José Alperovich, que por extensión alivia a su ex ministro de Gobierno y Justicia, el actual jefe de los fiscales Edmundo Jiménez, corroboró que los fueros siguen siendo el mejor de los blindajes ante las incomodidades judiciales.

Si bien la Sala VI de la Cámara Penal de esta capital había anticipado la absolución del pintoresco ex director de Arquitectura y Urbanismo, Miguel Brito, antes de las vacaciones de invierno, el fallo completo notificado este martes alimenta la impotencia instalada en la persecución de la criminalidad de saco y corbata. El pronunciamiento no tiene desperdicio por sus ribetes rocambolescos: 420 fojas despliegan datos confusos; reproches cruzados entre las camaristas, y de algunas de estas con el fiscal Carlos Saltor y la senadora denunciante Silvia Elías de Pérez, y discusiones doctrinarias y filosóficas alejadas del objeto de la denuncia de corrupción interpuesta hace seis años. Todo se distorsionó porque, según las juezas Alicia Freidenberg y María Elisa Molina que formaron la mayoría, no hubo una investigación exhaustiva de los hechos, déficit que echaron en cara al Ministerio Público Fiscal a cargo de Jiménez desde 2014 dado que el Poder Ejecutivo no asumió la condición de querellante.

La sentencia absolutoria del caso “DAU” subraya la inexistencia de una peritación contable y de ingeniería sobre los números y las obras públicas objetados, y la omisión de investigar los potenciales enriquecimientos ilícitos. “Para ello el Ministerio Público Fiscal debió haber librado oficios a diversas entidades bancarias. Pero no acreditó cuáles eran la remuneración y los ingresos de Brito ni de su círculo íntimo. Tampoco solicitó informes a los registros de la Propiedad y del Automotor para determinar las compraventas de inmuebles y de autos concretadas antes del ingreso a la DAU y luego de la renuncia”, enumeró Molina. Y agregó: “el fiscal pudo requerir informes de gastos del imputado, de su familia, de los jefes departamentales de la DAU, del contador fiscal del Tribunal de Cuentas (Rodolfo Atilio Torasso) y de los titulares de las empresas sospechadas. No obstante, nada de esto ocurrió y el fiscal, o más bien, los fiscales (Arnoldo Suasnábar y Saltor) omitieron investigar dichos extremos”.

Si en la causa “DAU” la Justicia provincial “se comió” la ruta del dinero -aspecto decisivo en toda denuncia de corrupción-, en el expediente de los títulos públicos (“Borquez-Camandona”) el error fue no haber peritado la firma del ex juez federal Nº2, Felipe Terán, en unos oficios adulterados. El vacío probatorio salvador nunca falta en los procesos que involucran al establishment tucumano. El “detalle del detalle” de la observación relativa a la ausencia irremediable del análisis caligráfico es que la Cámara Federal de Casación Penal se tomó cuatro años para derribar las condenas impuestas al ex magistrado y a otros tres coimputados por hechos acaecidos entre 2004 y 2005. La prescripción luce inexorable: si ello se concreta, la trama que estremeció a la Justicia Federal sólo habrá servido para que Daniel Bejas y Fernando Luis Poviña lleguen a sus respectivos juzgados de primera instancia. En el medio se configuró una desigualdad ante la ley: a diferencia de Terán, el ex juez Jorge Parache no se sentó en la silla de los acusados pese a que las acusaciones fueron más graves.

La inactividad investigativa está devorándose también a las denuncias penales de los gastos sociales enigmáticos de la Legislatura. Parálisis, laberintos procesales y dilaciones jaquean a los expedientes, y acallan el estrépito que provocaron la exposición de las valijas. El 2 de agosto, Ricardo Sanjuán, especie de patriarca de la Justicia Federal, dictó una incompetencia en el único caso -el capítulo de la supuesta evasión tributaria- que había llegado al punto de la solicitud de los comprobantes de las erogaciones sospechosas. Ese avance, que permitiría despejar las dudas sobre el destino de $ 615,6 millones, se esfumó en un pispás. La tesis de Sanjuán es que las responsabilidades penales deben ser establecidas por la Justicia provincial y que la pesquisa corresponde a Claudio Bonari, el sucesor del ex fiscal Carlos Albaca. Se trata del mismo Ministerio Público Fiscal que analiza hace casi tres años las primeras denuncias de las valijas y que, según la Sala VI, malogró el expediente “DAU”.

Los tiempos tribunalicios nunca son arbitrarios. Sanjuán emitió su decisión días después de que trascendiera que el juez Facundo Maggio, sobrino político del ministro público Jiménez, había recibido un primer requerimiento de parte de Bonari, que trabajó en la Justicia Federal y frecuenta al patriarca. Todo sucedió con un “timing” digno del ballet del Bolshoi. Pero un príncipe del foro advirtió que esta versión tucumana de la “cronoterapia” judicial quedó descolocada por la detonación en Buenos Aires de los cuadernos de las coimas, y el despliegue de pruebas y poderosos detenidos. Las comparaciones acentúan los rasgos perturbadores de las instituciones locales y empañan el jolgorio de sus usufructuarios. Tras décadas de acostumbramiento a la impunidad, el contraste permite apreciar cuán alarmante es la caída.

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