La Caja Popular podrá hacer compras directas

La Caja Popular de Ahorros (CPA) obtuvo una herramienta legal que le permitirá realizar contratos directas, previo cotejo de precios y sin tope de montos, para la adquisición de bienes, servicios y obras. La medida, sancionada en la sesión del jueves de la Legislatura, contó con el rechazo de un sector de la oposición.

Los radicales Rubén Chebaia, secretario de la comisión de Hacienda, y José Canelada votaron en contra del proyecto de ley, que había sido elevado por el sindicalista bancario Eduardo Bourlé (bloque Trabajo y Dignidad). En el debate, Chebaia había solicitado al bloque oficialista la inclusión de un párrafo que ordenara la publicación de los concursos de precios previos a las compras sin licitación. La bancada afín a la Casa de Gobierno desestimó el pedido, tras argumentar que se necesitaba agilizar el sistema para atender cuestiones urgentes, como la delicada situación edilicia del histórico inmueble de calle San Martín 730.

El presidente de la comisión de Hacienda, Juan Antonio Ruiz Olivares (Tucumán Crece), explicó en el recinto que la CPA es un ente autárquico y se maneja “con fondos propios”. “Sin embargo, no por eso está exento de los controles preventivos y posteriores del Tribunal de Cuentas”, remarcó el dirigente monterizo.

Agregó que, junto a otros oficialistas, analizaron la situación y coincidieron en que “se viven tiempos difíciles”. “(Es un contexto) con alta inflación y con inestabilidad cambiaria, motivos por los cuales cuanto mayor celeridad demos a los procesos que autorizamos a realizar, podemos generar (más) ahorros en los montos finales invertidos”, dijo.

La normativa aprobada contiene dos artículos. El primero autoriza a la CPA a evitar las licitaciones públicas para “la realización de obras en inmuebles de propiedad de la institución, como así también a la adquisición de bienes y la contratación de servicios que resulten necesarios para un mejor funcionamiento y una mayor eficiencia en el cumplimiento de los fines de su creación”. El segundo establece que este permiso tendrá una vigencia de 18 meses a partir de la publicación de la ley, plazo que podrá ser prorrogado “sólo para las obras que se encuentren en ejecución al momento del vencimiento” de la normativa sancionada

Bourlé, secretario general de la Asociación Bancaria de Tucumán, fundamentó su iniciativa en que la CPA tiene la “la necesidad de simplificar las contrataciones de bienes y servicios”. Consignó algunas de las inversiones edilicias que proyecta la entidad crediticia, como remodelaciones en la sede central y sus sucursales; el mantenimiento de ascensores, vehículos para transporte de caudales y la inspección técnica del edificio de calle San Martín 730.

“Se hace necesario mencionar que se ha detectado que existe una manifiesta vulnerabilidad de los sistemas informáticos utilizados en la institución, los cuales son utilizados para la administración de los créditos de empleados públicos de la Provincia, y para la liquidación de las remuneraciones que perciben los trabajadores de la institución”, alertó Bourlé en el recinto, al leer los fundamentos del proyecto. Aclaró que es “indispensable la adquisición de un sistema de control con tecnología biométrica, control de auditoría y seguridad informática, así como implementar la tecnología indicada por la ley nacional de Seguridad Bancaria”.

Chebaia, a su turno, manifestó que estaba de acuerdo “en un 99,99%” con la iniciativa, salvo con la no inclusión de una disposición que obligue a publicar los concursos de precios en trámite. Como no se aceptó su planteo, el ex intendente y su colega Canelada votaron en contra.